Una asociación restituye en Calatayud la esperanza a las familias de víctimas del franquismo tras la “humillación” pasada

Las familias de las víctimas asesinadas y enterradas en el barranco de la Bartolina, durante la represión franquista en Calatayud, ya saben desde hace casi treinta años que nunca podrán recuperar los restos de sus allegados: en 1999, el entonces alcalde, el popular Fernando Martín, utilizó la tierra sobre la que yacían cientos de fusilados… para sellar un vertedero próximo. “Es la humillación más grave que se puede hacer a las familias”, lamenta Julia Olivas, presidenta de la Asociación de Memoria Democrática de Calatayud y Comarca (AMEDECC).

Esta es una de las razones por las que nace esta asociación, cuya presentación se llevó a cabo este jueves en la cabecera bilbilitana. “Surge de la necesidad y el deseo de varias familias de víctimas represaliadas por el franquismo durante la Guerra Civil de encontrar los restos de sus seres queridos”, asegura la presidenta, aunque matiza que no es ese el único objetivo: “Queremos que conozcan que estamos y, si hay personas en la comarca a las que podemos ayudar, apoyarles”.

Se calcula que fueron asesinadas alrededor de 600 personas en todo el territorio comarcal, un dato que se ha obtenido a la investigación que llevó a cabo el historiador Ignacio Moreno basándose en los archivos de Calatayud y en testimonios orales. “Fue la primera vez que vi escrito el nombre de mi abuelo”, reconoce Julia Olivas, haciendo alusión a la publicación de este autor, ‘La ciudad silenciada’. Tampoco lo había visto nunca su madre, o su abuela. “Imagina la emoción que es ver el nombre de un familiar tuyo que sabes que lo fusilaron y que está desaparecido”, cuenta.

Moreno fue también quien dio a conocer la realidad del barranco de la Bartolina. “Sabíamos que había un lugar maldito en Calatayud en el que, cuando llovía, el agua arrastraba la tierra y salían a relucir huesos y balas, y los chiquillos de la ciudad iban allí a ver qué encontraban”, recuerda Olivas.

Aunque el proyecto más inmediato es continuar con la búsqueda de cuatro víctimas que empezó la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (Arico) en el barranco de Cortasogas, AMEDECC también se ha constituido para dar apoyo, asesoramiento y acompañamiento en los trámites, para promover actos de dignificación o incluso para dar charlas en los institutos. “Vamos a cubrir el hueco que dejó Arico cuando falleció su presidente, Miguel Ángel Capapé, al que nunca podremos agradecerle todo lo que hizo por toda la comarca”, destaca Olivas.

Al emotivo acto de presentación de AMEDECC asistieron personalidades como la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, o la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Zoraida Hijosa. Fue ella quien anunció que la semana que viene activarían el contrato para poder llevar a cabo nuevas campañas en el barranco de Cortasogas. Estas palabras emocionaron a Lourdes López, nieta de uno de los fusilados ahí y que estaba presente en el acto en Calatayud.

También se aludió este jueves a otros proyectos futuros, como los restos de algunos bilbilitanos y bilbilitanas que fueron trasladados al Valle de Cuelgamuros y que, tras una sentencia firme en 2016 de la familia de dos de ellos, los hermanos Lapeña, pudieron ser exhumados. Faltaba analizar el ADN de todos los cuerpos que allí aparecieron, y en este caso la directora general puntualizó que ya estaba adjudicada la licitación para poder llevarlo a cabo. Es cuestión de tiempo que comiencen, por fin, estos trabajos de identificación.

Barranco de Cortasogas

Eradio López Tappero, Germán Baquedano Barra, Serafín Gracia Gimeno y Eugenio Castillo Ibarra fueron asesinados y enterrados a mediados de agosto de 1936 en el barranco de Cortasogas, situado al comienzo de la carretera que va desde Calatayud hasta Miedes. En esta zona se ha podido contrastar que asesinaron al menos a estas cuatro personas, y se estima que podría haber restos de cuatro más.

Eradio López Táppero trabajaba en la Azucarera y se le consideraba ‘el médico de los pobres’ porque atendía a las personas enfermas aunque no pudieran pagarle la consulta; si era necesario, les financiaba los medicamentos. Germán Baquedano Barra, abogado, era secretario del Partido Socialista en Calatayud y enseñaba a leer y a escribir en su casa a la gente que no sabía.

Por su parte, Serafín Gracia Gimeno era sacerdote en Aldehuela de Grío, una pedanía de Santa Cruz de Grío. Gracia Gimeno ya había sido sancionado por el Obispado porque en sus homilías se percibía su tendencia progresista al apoyar a los desfavorecidos y los trabajadores y por mostrarse en contra de los caciques. Además, presumía de ser amigo de Manuel Azaña, con quien afirmaba que se carteaba tras haber entablado conversación en un viaje en tren.

A los tres los apresaron, los llevaron al Cuartel de Artillería, los humillaron y los asesinaron en el Barranco de Cortasogas el 11 de agosto de 1936. Cuatro días después, Eugenio Castillo Ibarra, militante de UGT, recibió el aviso de que iban a ir a buscarlo y se escapó a los montes de Orera, localidad donde un vivía un familiar suyo. Lo delataron y fue apresado y asesinado también en este barranco. Su hermana Sofía afirma que Eugenio está allí porque una de las personas que lo enterró era familiar de ambos.

Con toda esta información, el Grupo Municipal Socialista elevó al pleno una moción para que el Ayuntamiento de Calatayud solicitara a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una subvención para buscarlos, a lo que el Consistorio se negó. “Fue de lo más humillante y desastroso”, insiste Julia Olivas, recordando a los familiares de las víctimas presentes en ese pleno. El siguiente paso fue solicitarlo al Gobierno de Aragón a través de la Ley de Memoria Democrática promovida por el Ejecutivo de Javier Lambán, ahora derogada por el Gobierno del PP y Vox. En este caso sí tuvieron éxito y se realizaron dos campañas, una en 2022 y otra en 2023, que finalmente resultaron infructuosas.

Torralba de Ribota

La que sí tuvo final ‘feliz’ fue la campaña de Torralba de Ribota. Una persona mayor fue testigo con 15 años de edad de un fusilamiento, y decidió que no quería morirse sin decir dónde se encontraban los cuerpos. Contactó con Arico y llevó a la asociación y a los familiares de uno de ellos hasta un punto concreto de los montes de Torralba. Tras las excavaciones, aparecieron los restos de dos personas: uno era Jaime Tabuenca, concejal socialista del Ayuntamiento de Calatayud, y el otro, un amigo suyo sindicalista, Daniel Quintana.

Aunque de Quintana no consiguieron contactar con ningún familiar, sí pudieron hacerlo en el caso de Tabuenca. El Consistorio bilbilitano, entonces gobernado por el socialista Víctor Ruiz, llevó a cabo un acto honorífico al recibir las dos cajas con los restos. Además, en el caso de quien fuera concejal socialista en el 36, se le recibió con todos los honores. Al acto acudieron solo la mitad de los concejales: todos los socialistas, uno del PP –tenía nueve–, uno del PAR –de cuatro– y dos de CHA, rememora Julia Olivas.

A Jaime Tabuenca se le recibió con la banda, como si fuera un acto oficial de alto protocolo, y a su hija, Esther Tabuenca, se le hizo entrega de la bandera de Calatayud. Asimismo, el alcalde le entregó la insignia protocolaria. “Fue un acto emocionantísimo”, insiste Olivas.

Los familiares de las víctimas del Barranco de la Bartolina ya no podrán enterrar a sus allegados, pero aún queda mucho trabajo por hacer. “Hay en otros barrancos, en cunetas, y todavía existen testigos que nos dicen dónde hay restos”, reitera Olivas, con lo que pone el énfasis en la importancia de promover, aun a día de hoy, 90 años después del inicio de la Guerra Civil, asociaciones como la que se ha presentado este jueves en Calatayud