“Me han ofrecido tres puestos distintos y al final no me he podido quedar con ninguno. Cada llamada cambiaba todo”. Con esta frase resume Javier —nombre ficticio ya que prefiere preservar su identidad— su experiencia reciente como personal interino de la Administración de Justicia en Aragón. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) atribuye este “caos” en las llamadas a la decisión del Gobierno de Aragón de “externalizar el nombramiento de interinos para agilizar el proceso”, lo que, según el sindicato, está provocanto “numerosas irregularidades”. Desde el Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón sostienen que la empresa contratada solo se encarga de las llamadas telefónicas y “no realiza nombramientos”.
El interino explica que el primer contacto llegó un martes, cuando le ofrecieron un puesto de tramitación en Zaragoza. Poco después, le comunicaron que se encontraba muy alejado en las listas y que, como alternativa, se le proponía un destino en Huesca. Tras pedir un tiempo para decidir, aceptó la oferta y recibió la documentación necesaria para formalizar el nombramiento. Sin embargo, antes de llegar a devolverla cumplimentada, volvió a recibir una llamada en la que le ofrecían un puesto distinto, de gestión, y de nuevo en Zaragoza. “Dije que sí, claro”, relata. A lo largo de esa misma jornada, cerca de las dos de la tarde, recibió una tercera llamada en la que le comunicaban que habían detectado un error, ya que figuraba con dos puestos asignados, en relación con el destino de Huesca. Según explica, desde la empresa le aseguraron entonces que no había problema, que no se preocupara y que finalmente se quedaría con el puesto de Zaragoza, quedando pendiente el envío de la documentación definitiva al día siguiente.
La documentación, sin embargo, no llegó. Tras constatar que no recibía respuesta, Javier decidió escribir un correo electrónico explicando su situación y solicitando los documentos correspondientes al puesto de Zaragoza. La respuesta fue una llamada desde un número de teléfono móvil. “Me dijeron que no entendían nada”, señala. Tras volver a explicar su caso, le indicaron que consultarían con otros compañeros. Al día siguiente, recibió una nueva comunicación: le informaron de que había habido un error y de que esos puestos ya estaban ocupados y no disponibles. Como alternativa, le ofrecieron un nuevo puesto de tramitación en Zaragoza. Aunque reconoce que era una plaza “un poco peor”, decidió aceptarla. “Ya estaba con la mosca detrás de la oreja, todo me sonaba raro”, admite.
Durante las horas y días posteriores intentó sin éxito que le remitieran la documentación correspondiente. “Toda la mañana llamando y nada. Al día siguiente, lo mismo”, explica. El fin de semana transcurrió sin novedades y, ya el martes siguiente, volvió a insistir por correo electrónico, alertando de que había otras personas pendientes de su decisión y de que no podía quedarse “colgado”. La respuesta llegó a última hora del día, con una nueva llamada en la que le comunicaron que lo sentían, pero que había habido otro error.
Su principal preocupación, señala, fue quedar fuera de las bolsas de empleo. “Les dije que entendía que el error no era mío, pero que me preocupaba mucho que me borraran de las listas”, relata. Según explica, le aseguraron que no debía preocuparse y que le “activaban”. Sin embargo, llegó a comprobar que había sido eliminado de las listas tanto de gestión como de tramitación, una situación que posteriormente fue revertida. “Al principio estaba contentísimo. En la segunda llamada ya todo me sonaba raro. Y el fin de semana ya daba por hecho que estaba sin trabajo, aunque nunca sabes”, resume.
El interino subraya que, hasta el mes de diciembre, tiene un trabajo como gestor en una capital cercana a Zaragoza y que, “por suerte” no renunció a ese puesto al aceptar alguno de los destinos ofertados esos días: “Me podría haber quedado con una mudanza hecha y sin trabajo”, advierte. También denuncia las dificultades para contactar con los responsables del proceso, con un buzón de voz saturado que no permitía dejar mensajes. “Ahora he dejado la puerta abierta, les he dicho que no me tachen de las listas”, concluye.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha hecho eco de esta situación y ha denunciado públicamente el “caos” en el nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en Aragón desde hace varias semanas. El sindicato sostiene que el Gobierno de Aragón decidió “externalizar la gestión de los llamamientos de forma unilateral” y sin informar previamente a las organizaciones sindicales.
Según CSIF, la empresa contratada —de la que asegura desconocer incluso su nombre— está incurriendo en “numerosas irregularidades” que perjudican tanto a los trabajadores como al servicio que se presta a la ciudadanía. Entre los errores detectados, el sindicato cita “llamamientos para puestos que ya están ocupados, ofertas simultáneas a varios aspirantes para una misma plaza y nombramientos en plazas que han estado cubiertas por personal interino durante más de tres años, algo que la ley de estabilización prohíbe y que obligaría a ofertarlas en concurso de traslado o en un proceso selectivo”.
CSIF también denuncia la “opacidad” de los listados de aspirantes y la “falta de información” sobre si se están respetando los criterios de prelación en los nombramientos. A ello se suma la solicitud de documentación personal a los aspirantes por parte de la empresa, lo que, según el sindicato, genera dudas sobre el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos. “Es fundamental que los nombramientos de interinos sean correctos, ágiles y conforme a la ley para poder prestar un servicio de calidad”, subraya Irene de la Riva, responsable de Justicia de CSIF Aragón.
La Administración de Justicia en Aragón cuenta con una plantilla de unas 1.250 plazas, de las que aproximadamente más del 20% están ocupadas por personal interino, ya sea cubriendo plazas vacantes o sustituyendo a personal titular. Según el sindicato, hay juzgados en los que la totalidad de la plantilla es interina, tanto en capitales de provincia como en el medio rural, “lo que incrementa el impacto de cualquier disfunción en los procesos de llamamiento”.
Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, rechazan que la empresa privada esté realizando los nombramientos. Fuentes del Ejecutivo autonómico señalan que “son procesos complejos en los que se trabaja con los perfiles que se han presentado, siguiendo el procedimiento legal establecido”. Según explican, la empresa a la que alude CSIF “se limita a la comunicación telefónica” y no realiza nombramientos, una tarea que corresponde en exclusiva a la Dirección General de Administración de Justicia. Estas mismas fuentes aseguran que es la propia Administración autonómica la que “verifica y garantiza la idoneidad del proceso y corrige, en su caso, cualquier error que se pudiera producir”.