Un grupo de 45 funcionarios del Gobierno de Aragón, que aprobaron un proceso selectivo tras la obligación de la Unión Europea de estabilizar a los interinos de larga duración, ha presentado un recurso ante la Justicia de Aragón para impugnar los destinos adjudicados en el marco del concurso de méritos. El listado definitivo de plazas se publicó en 2024 y asignó solo seis de ellas en Zaragoza capital. El resto corresponden a municipios de las tres provincias y a las capitales de Huesca y Teruel, lo que, según los afectados, dificulta la conciliación familiar y supone un desplazamiento complicado para quienes superan los 50 años y no pueden cambiar de ciudad fácilmente.
En total, los afectados aseguran que la mayoría de las plazas que les han sido asignadas son “las que nadie quiere”, ya que los funcionarios de carrera las rechazaron en procesos anteriores: “De esos 45, somos gente mayor: yo tengo 64 años y hay varias personas de 50-54 años para arriba. Muchos de nosotros tenemos cargas familiares, padres a nuestro cuidado. No tenemos edad para compartir piso o cambiar de ciudad ahora”, explica una de las afectadas.
Relata a este medio que lleva “dos o tres años con esto pendiente, se han reído de nosotros. Algunas sí se irán porque son más jóvenes, pero los mayores, como yo, tenemos un año o dos hasta poder movernos. He solicitado emplazamiento de prácticas; me han dado el departamento de Fomento en Huesca. En principio no voy: perderé la plaza”.
El colectivo ha presentado el recurso ante la Justicia de Aragón, que ya ha recibido la denuncia, en busca de una solución que permita redistribuir las plazas de manera más equitativa y facilitar la permanencia en la capital aragonesa. Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, se asegura que las plazas adjudicadas corresponden a las que quedaron vacantes y que los funcionarios pueden participar en concursos futuros o solicitar cambios de destino cuando surjan oportunidades.
Los afectados critican la falta de normativa que contemple la transposición de la normativa europea y alertan de que recurrir ante los tribunales europeos sería un proceso largo y costoso. Señalan también la “pasividad” de los sindicatos en la negociación del reparto de plazas y subrayan que la adjudicación actual beneficia principalmente a interinos más jóvenes, mientras que quienes tienen más de 60 años se ven obligados a aceptar destinos alejados de Zaragoza.
Entre los afectados hay quienes llevan décadas trabajando en la Administración autonómica y advierten de que, a pesar de seguir participando en procesos selectivos y aprobando exámenes, la reorganización de plazas podría obligarles a desplazarse a Huesca o Teruel: “Yo sigo estando en listas de interinos porque sigo presentándome a exámenes y apruebo. Probablemente el año que viene estaré en Zaragoza como interina. No es que no quiera trabajar, pero no me quiero ir a mi edad a Huesca todos los días; premian al interino nuevo pero no a los antiguos”.
Queja ante la Justicia de Aragón
En su queja, presentada formalmente ante el Justicia de Aragón, los 45 empleados públicos recuerdan que el proceso de estabilización fue convocado mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Aragón el 28 de diciembre de 2022 y el 7 de junio de 2024, en las que se establecía que los procesos debían estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024. “A la fecha actual aún no han concluido dichos procedimientos, lo que demuestra un retraso notorio por parte de la Administración”, advierten.
Los firmantes subrayan que accedieron a las plazas “cumpliendo los requisitos legales y a través de un baremo acordado por la Administración y los sindicatos mayoritarios”, y consideran que ahora “se les está causando el mayor de los perjuicios otorgándoles los destinos más alejados y menos deseados”.
Tal y como reflejan en su queja, el listado remitido el 15 de septiembre de 2025 para elegir destino definitivo incluía únicamente seis plazas en Zaragoza capital, mientras que “la inmensa mayoría se localizan en municipios de la provincia y en Huesca y Teruel”. Aseguran que esta situación afecta especialmente a unas 30 personas del grupo, que “residen en Zaragoza, superan los 55 años, llevan entre 20 y 30 años trabajando como personal interino en la capital y tienen a su cargo familiares dependientes, hijos o nietos”.
El colectivo considera además que se está produciendo una “clara desigualdad” respecto a otros grupos. En su escrito señalan que “las personas del turno de discapacidad, que son solo siete, han recibido más de 400 plazas en Zaragoza capital con adscripción provisional”, y que en los grupos A1 y A2 “también se han ofrecido destinos provisionales en la capital”, lo que demuestra, afirman, “que es posible aplicar ese mismo criterio de proximidad geográfica” y que “la situación de los C1 no responde a limitaciones logísticas, sino a decisiones de asignación que no han tenido en cuenta sus circunstancias”.
El colectivo denuncia también que, mientras se les obliga a aceptar destinos fuera de Zaragoza, la propia Administración ha publicado nuevas convocatorias de puestos temporales en la capital. En su queja citan concretamente el llamamiento 240925, publicado el 24 de septiembre de 2025, en el que “se ofertaban 34 puestos de administrativos en Zaragoza capital”, frente a las seis plazas ofrecidas en su proceso. “Todo ello evidencia el desprecio total por parte de la Dirección General de la Función Pública hacia las 45 personas que hemos superado legalmente el proceso de estabilización”, concluyen.
Desde el Gobierno de Aragón, sin embargo, se asegura que las plazas adjudicadas corresponden a las vacantes reales existentes y que los nuevos funcionarios podrán participar en futuros concursos o solicitar cambios de destino cuando existan oportunidades disponibles.