El Tribunal de Justicia de la UE pide un mecanismo para evitar el abuso de la temporalidad entre los interinos

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rimvydas Norkus, ha indicado este jueves que la conversión en fijos de los trabajadores interinos en abuso de temporalidad es una medida “válida y proporcionada”. En sus conclusiones, remitidas al Tribunal Supremo español, advierte además de que la alternativa —un incremento generalizado de las indemnizaciones— provocaría “un colapso económico y judicial”.

El pronunciamiento avala los argumentos que desde hace años defiende el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), que ha reclamado al Gobierno de España la aprobación inmediata de un decreto ley que garantice el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad en todas las Administraciones Públicas, incluidos los ya cesados. También pide al Ejecutivo aragonés que actúe “en la misma línea” dentro de sus competencias.

“El contundente dictamen del Abogado General demuestra que la fijeza es el único camino y la mejor solución para los afectados, las arcas públicas y los ciudadanos”, sostiene el sindicato.

“Una reparación efectiva y proporcionada”

Las conclusiones de Norkus responden a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo después de que el TJUE condenara a España por no tomar medidas efectivas frente al abuso de la contratación temporal en el sector público. El Alto Tribunal español preguntó si era obligatorio convertir en fijos a los interinos en esta situación —como ocurre en el sector privado— o si bastaría con elevar las indemnizaciones por despido, actualmente de 20 días por año trabajado.

El Abogado General considera que la legislación comunitaria no impone necesariamente la fijeza, pero subraya que esta opción es jurídicamente válida y proporcionada. Añade que el ordenamiento español no contempla una alternativa que cumpla simultáneamente con los dos objetivos exigidos por la UE: sancionar a la Administración incumplidora y compensar de forma justa al trabajador.

Según el dictamen, ni siquiera la indemnización máxima vigente en España —de 30 días por año de servicio con un tope de 24 mensualidades— garantiza una reparación efectiva y proporcionada, por lo que insta a establecer un nuevo sistema con compensaciones mucho más elevadas.

17.000 empleados en abuso en la DGA

STEPA recalca la especial relevancia del pronunciamiento en Aragón, donde estima que unos 17.000 empleados públicos se encuentran en situación de abuso de temporalidad, casi un 30% de la plantilla de la DGA. La tasa de temporalidad en la Administración autonómica se sitúa en el 46%, muy por encima de la media nacional.

El sindicato defiende que reconocer la fijeza como “personal fijo a extinguir” es una figura “plenamente constitucional y ya aplicada en casos como el del Instituto Aragonés del Agua”. A su juicio, esta medida permitiría cumplir con las exigencias europeas de reducción de la temporalidad, aprovechar la experiencia del personal afectado y “revertir el deterioro de los servicios públicos”.

Si, por el contrario, el Tribunal Supremo opta por la vía de las indemnizaciones, STEPA advierte de que el impacto económico sería mucho mayor: “Se produciría un quebranto del erario público porque al aumento de las cuantías se sumaría una avalancha de demandas”.

El sindicato recuerda además que la Comisión Europea “espera este pronunciamiento para acelerar los procedimientos de infracción contra España”, lo que, según su análisis, sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez “en una situación de presión máxima” ante Bruselas.