El Gobierno de Zaragoza redobla su lucha contra las personas sin hogar: multa de hasta 3.000 euros por dormir en parques

El Gobierno del PP en Zaragoza ha aprobado, en gran medida con el respaldo de Vox, la nueva Ordenanza Cívica, que regula los comportamientos en la vía pública y que entre otras cuestiones supone continuar con la política de combatir a las personas sin hogar: la normativa introduce sanciones de hasta 3.000 euros para quienes duerman en los parques de la capital aragonesa. También se multarán los botellones con tres o más personas, incitar a los animales a atacar a las personas, las despedidas de soltero con elementos de carácter sexual o ir por la vía pública en ropa interior. Además, estará prohibido entrar con burka en dependencias municipales, tal y como reclamaba la extrema derecha.

El nuevo texto sustituye a la Ordenanza sobre Protección del Espacio Urbano de 2008, que por entonces era tachada a la izquierda del PSOE –fue aprobada por el socialista Juan Alberto Belloch– como “la ordenanza incívica” y que fue derogada hace doce años. Las novedades respecto a esa normativa son numerosas.

En concreto, considera sanción muy grave –castigado con entre 1.500 y 3.000 euros– el “uso del césped y zonas verdes”, para dormir, “de forma individual o grupal”, independientemente de que lo generen así “insalubridad, suciedad o depósito o vertido de residuos”.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza figura entre las entidades que participaron en la elaboración de la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030, en el que se recoge expresamente que estas personas sin hogar no deben ser “criminalizadas”.

“Lo que no queremos es que se produzcan asentamientos en la vía pública, la calle no es para dormir y hay espacios para que las personas que no tienen un hogar puedan tener un lugar donde dormir”, ha dicho este jueves la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha llamado a “evitar que vuelva a repetirse lo que pasó, por ejemplo, en el Parque Bruil hace unos meses”. “Hay que tener un instrumento legal que permita a la Policía Local actuar con garantías para poder invitar a esas personas a que vayan al albergue municipal o a otros espacios habilitados”, ha trasladado.

Pero las medidas contra los colectivos más desfavorecidos no se queda aquí. El texto también prohíbe lo que denomina “mendicidad coercitiva”, que incluye pedir dinero obstaculizando “de manera intencionada el tráfico libre de los ciudadanos por los espacios públicos”. Además, veta la práctica de la limpieza de parabrisas o la venta de pañuelos en los semáforos “a cambio de una cantidad de dinero o donativo” y lo mismo sucede con el 'top manta', también sancionado con hasta 3.000 euros.

Mascotas

Respecto a las mascotas, la ordenanza recoge la obligación de llevar una bolsa para los excrementos y también un recipiente con líquido desinfectante para diluir la orina. Se castigará asimismo llevar a los animales sin bozal o correa cuando proceda o depositar azufre, venenos o trampas para animales en espacios públicos. Mientras, incitar a un animal a la agresividad contra personas u otros animales se sancionará con la máxima multa, hasta 3.000 euros.

La actividad musical sin autorización o fuera de horario, causando molestias graves, estará multado con entre 750 y 1.500 euros. Será leve la multa por usar altavoces o megáfonos sin autorización, y lo mismo por cantar, gritar o vociferar si causa molestias.

Las sanciones por el botellón se limitan a reuniones de tres o más personas (grave, entre 750 y 1.500 euros), mientras que los eventos lúdicos no autorizados con grandes concentraciones y música son multa muy grave, que incluye de manera solidaria a los organizadores y difusores en redes sociales.

Hacer necesidades en la vía pública o caminar en ropa interior o desnudo se pena con entre 50 y 750 euros –leve–, y las despedidas de soltero o soltera con indumentaria sexual o con alborotos y ruidos molestos, con hasta 1.500 euros.

El texto castiga los grafitis y pintadas, con doble régimen sancionados –muy grave o grave– según el material usado deteriore o no la superficie, y lo mismo los actos vandálicos en infraestructuras como puentes o alumbrado.

El abandono de residuos peligrosos a nivel sanitario o medioambiental se pena con hasta 3.000 euros, y la mitad cuando no hay riesgo grave.

Reacciones políticas

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha lamentado en primer lugar que la ordenanza no haya sido “objeto de acuerdos, diálogo y consenso”, ni con los grupos políticos “ni con las asociaciones de vecinos”. A continuación, ha criticado que el texto “tenga que ver más con la ideología que con la necesidad de regular la convivencia cívica en la ciudad”. “¿De verdad se cree Natalia Chueca que esas personas que duermen en la calle van a poder pagar una sanción de 3.000 euros? ¿No entiende Chueca que si tuvieran ese dinero estarían viviendo en una casa?”, ha criticado Ranera, para quien este es “otro ejemplo más de la Zaragoza irreal en la que vive” la alcaldesa, “cuya ideología, lamentablemente, se acerca cada vez más a la de su socio de gobierno”, a Vox.

Mientras, Zaragoza en Común ha valorado que la ordenanza es “un paso más en una agenda ideológica basada en renunciar a mejorar los barrios, a la mediación comunitaria y a la convivencia, para sustituirlas por medidas meramente punitivas compradas directamente del manual de la ultraderecha”, con el ejemplo del “debate del burka”. “Es totalmente absurdo, y un ejemplo claro de odio al pobre, plantear sanciones a personas que ni siquiera tienen un lugar donde dormir. No quieren solucionar ningún problema: solo recaudar a costa de quienes menos tienen”, ha lamentado su portavoz, Elena Tomás.

Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha valorado “positivamente” la iniciativa municipal: “Zaragoza necesita herramientas claras para proteger la convivencia, el respeto al espacio público y los derechos de los vecinos frente a conductas incívicas que degradan nuestros barrios”. Ha recordado que la propuesta parte de una moción de Vox de mayo de 2025 en la que se planteaba ya “reunir en un único texto la regulación de las principales conductas que afectan a la convivencia” en la ciudad. Torres ha puesto el énfasis en la prohibición de entrar con burka en dependencias municipales, algo que “solicitó Vox el pasado mes de febrero ante el incremento de vestimentas y prendas sin arraigo en España”.