La Policía Nacional investiga más de 20 cuentas 'curis' vinculadas a centros educativos de Zaragoza
La Policía Nacional ha centralizado en el Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza las comprobaciones e investigaciones sobre cuentas 'curis' vinculadas a centros educativos de la ciudad. En la actualidad, el GRUME analiza más de una veintena de perfiles, en el marco de las directrices de actuación acordadas con el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Estas cuentas suelen utilizar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio y publicar contenidos sobre la vida escolar.
Parte de ellos puede tener un carácter humorístico y respetuoso, pero la actuación policial se centra en las publicaciones que humillan o vejan a alumnado y profesorado, incluso cuando se emplean caricaturas, apodos o referencias que permiten reconocer a la persona afectada sin mostrar su nombre completo.
Las instrucciones remitidas desde el Departamento de Educación a la comunidad educativa establecen que la dirección del centro escolar debe documentar las publicaciones y custodiar las pruebas de forma segura, con acceso restringido para evitar su difusión. Los hechos deben comunicarse con carácter urgente al Gabinete del Departamento y a la Inspección de Educación del Servicio Provincial correspondiente.
Con datos actualizados a 3 de noviembre, se han recibido notificaciones de 40 centros, de las que 31 son en la provincia de Zaragoza, 7 en la de Huesca y 2 en Teruel; de los que 25 son centros públicos y 15 concertados o privados. De todos estos avisos se ha dado traslado a la Policía Nacional o Guardia Civil.
En Zaragoza, el GRUME centraliza estas comunicaciones, comprueba la existencia de los perfiles notificados y analiza sus publicaciones para valorar si contienen humillaciones, tratos degradantes o ataques al honor que puedan tener relevancia penal, como delitos contra la integridad moral o injurias graves, según las circunstancias de cada caso. Cuando se aprecian indicios de delito, los agentes mantienen contacto con el centro y le trasladan su valoración, orientando sobre la actuación que corresponde a los docentes afectados o a los representantes legales del alumnado menor de edad.
La comunicación institucional del centro no sustituye a la denuncia individual que resulte necesaria en cada caso, sin que ello impida realizar las comprobaciones y medidas de protección que procedan. En paralelo, los centros deben reportar las cuentas y publicaciones lesivas mediante las herramientas de las plataformas y atender de forma individualizada y confidencial a las personas afectadas y a sus familias.
El ciberacoso puede causar graves perjuicios en la salud mental de los menores, con ansiedad, síntomas depresivos, pérdida de autoestima o aislamiento, además de afectar a su rendimiento escolar. La difusión de las publicaciones puede prolongar el hostigamiento más allá del horario lectivo.
El profesorado también puede sufrir consecuencias derivadas las difamaciones, humillaciones y hostigamiento en redes sociales, con repercusiones en el desarrollo de su labor docente. En la actualidad, tienen reconocida la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones docentes, por lo que es necesario preservar el respeto a los profesores y la convivencia, tanto en las aulas como en las redes sociales.
Procedimiento
La Policía Nacional recuerda que los hechos delictivos cometidos por menores también pueden generar la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.
En los procedimientos regulados por la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, se prevé que sus padres, tutores, acogedores o guardadores respondan solidariamente con ellos, en los términos establecidos legalmente.
Por ello, se hace un llamamiento a las familias para que acompañen y supervisen el uso de los dispositivos y las redes sociales. La entrega de un primer teléfono debe atender a la madurez y responsabilidad del menor e ir acompañada de normas de uso, ajustes de privacidad y explicaciones claras sobre el respeto a los demás y las consecuencias de publicar o difundir contenidos humillantes.
Las herramientas de control parental pueden ayudar a esta supervisión y deben acompañarse de diálogo con los menores. Desde la Policía Nacional se recomiendas que padres o tutores acuerden con sus hijos un contrato familiar por escrito que establezca horarios y límites de sus del teléfono móvil, las aplicaciones permitidas y normas sobre privacidad y respeto a los demás. Este acuerdo debe adaptarse a la edad y madurez del menor.
También se recomienda guardar capturas en las que puedan apreciarse el contenido, la fecha y el perfil de origen, además del nombre de usuario y los enlaces a la cuenta y a las publicaciones. Debe evitarse reenviar ese material salvo cuando sea necesario para comunicar los hechos o aportar pruebas.
Una vez conservada la información, se deben reportar las publicaciones y bloquear a quienes estén hostigando a la persona afectada. Los menores deben pedir ayuda a un adulto de confianza y al centro educativo. Los docentes afectados y las familias pueden acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos y aportar la documentación disponible.