Las ramificaciones del 'caso Leire' salpican a Asturias por irregularidades vinculadas al derribo de baterías de coque en Avilés
La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama de corrupción en contratación pública para favorecer a determinadas empresas incluye en la causa el cuestionamiento de la limpieza del proceso de licitación del contrato de derribo de las viejas baterías de coque, en Avilés, a la empresa Erri Berri S.L.
El procedimiento de contratación pública de la obra avilesina se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), sociedad dependiente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).
Los trabajos fueron adjudicados en 2,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.
Apenas unas horas después de que trascendiera que el juez Pedraz había imputado a 25 personas en el caso Leire, entre las que figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, las reacciones en Avilés han sido inmediatas.
Las explicaciones de la alcaldesa
Los grupos municipales de la oposición en la Villa del Adelantado han exigido explicaciones públicas y transparencia sobre el conocimiento del equipo de gobierno municipal sobre esta operativa mientras la alcaldesa de la ciudad, la socialista Mariví Monteserín, apela a la confianza en que todo se aclare y que las irregularidades que ahora se investigan “tengan explicaciones lógicas”.
“Seguramente que, al cocer, encogerá mucho; ahora parece muy espectacular, pero muchas cosas tendrán explicaciones lógicas y otras no”, ha asegurado la alcaldesa.
La “apuesta clara”
Mariví Monteserín ha admitido que “siempre es preocupante que ocurran este tipo de cosas”, si bien ha incidido en la “apuesta clara” que hay por los terrenos de las baterías.
Los asuntos que no tengan lógica, ha añadido, “serán penalizados como no puede ser de otra manera”, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe, pero ha insistido en que la ciudad va a pelear por su interés, que es que las baterías “tengan lo antes posible vida, industria y un desarrollo económico para la ciudad, para la comarca y para Asturias”.
Una oferta “anormalmente baja”
No tiene la misma paciencia la oposición por esperar a que todo se aclare en sede judicial. Así, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional Esther Llamazares recordó que su partido ya denunció la poca claridad de los negocios de Erri Berri en la ciudad “cuando saltó justo el tema de Baterías que presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal”.
Por su parte, el presidente de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha instado a la alcaldesa a dar explicaciones para que la ciudadanía conozca “qué relación mantuvo el PSOE local con una empresa hasta entonces desconocida en Asturias como Erri Berri y qué controles ejerció el Ayuntamiento a lo largo de todo el procedimiento”.
Los mecanismos de control
Foro Avilés quiere que aclare todos los contratos, adjudicaciones, reuniones y cualquier otra relación administrativa mantenida con Erri Berri, así como los mecanismos de control y supervisión que se aplicaron durante la tramitación de los distintos expedientes.
“No basta con escudarse en que existe una investigación judicial. Precisamente porque la hay, el Ayuntamiento debe extremar la transparencia, facilitar toda la información que legalmente pueda hacerse pública y colaborar activamente para despejar cualquier sombra de duda”.
La advertencia
De la misma opinión son el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y la portavoz del partido ultraderechista en el consistorio avilesino Arancha Martínez. Ambos han extendido su solicitud de explicaciones al gobierno municipal de Avilés, a la Autoridad Portuaria y a SEPIDES por la operación planteada sobre los terrenos de las antiguas baterías de coque que afecta a la adjudicación del contrato de demolición de esas instalaciones.
Centeno ha recordado que Vox fue la primera formación en denunciar públicamente, el pasado mes de mayo, las sospechas sobre la adjudicación del derribo de las baterías y ha señalado que la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, basada en los informes de la UCO, “está sacando a la luz lo que ya advertimos hace semanas”.
“Es un cambio de manos”
En este sentido, ha advertido de que la evolución de los acontecimientos hace temer que la operación urbanística pueda dar un giro para trasladar ahora la responsabilidad al Puerto de Avilés.
“Mucho nos tememos que se pretende resolver esta operación quitándosela a SEPIDES para trasladársela al Puerto de Avilés. Lo que vemos es un cambio de manos que genera todavía más dudas sobre el futuro de estos terrenos”, ha afirmado.
El parlamentario ha cuestionado además la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para afrontar una operación de estas dimensiones, recordando que, además del precio de adquisición, habría que asumir los costes de descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos.
“¿Quién va a pagar esa factura?”
“¿De dónde va a sacar el dinero el Puerto de Avilés para afrontar una operación que supera ampliamente su capacidad económica? Los avilesinos tienen derecho a saber quién va a pagar esta factura”, ha ratificado.
Por su parte, Arancha Martínez ha denunciado el “silencio cómplice” del Gobierno municipal socialista, al que reprocha no haber pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial.
“Si el Gobierno municipal está tan escandalizado con los presuntos casos de corrupción, debería empezar exigiendo responsabilidades dentro de su propia formación política”, ha remarcado.
Las conexiones
La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el contrato de demolición de las baterías de coque apunta a que la exmilitante y supuesta “fontanera” socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez y a quien se relaciona como socio del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán, podrían haber tenido intervención en el proceso de adjudicación.
La intervención vendría, según la UCO, a través del presidente de la Mesa de Contratación, Fernando Albert Aragón, a cambio de una supuesta mordida de 400.000 euros. Los tres, según esta unidad especializada de la Guardia Civil, compartían un grupo de WhatsApp denominado 'Hirurok', que traducido del euskera significa “nosotros tres”.
La Fiscalía Anticorrupción ha descrito hasta cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL (PEPA) -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El supuesto amaño
El supuesto amaño por la que ahora están siendo investigados directivos de la compañía Erri Berri, el presidente de la Mesa de Contratación que adjudicó la obra, Fernando Albert Aragón, que a su vez ostentaba el cargo de secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides, y la entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ortiz Fuerte, que falló una reclamación, habría consistido en beneficiar a la compañía navarra validando y eligiendo su oferta pese a su precio extremadamente bajo e inadmitiendo luego el recurso de una competidora.
El supuesto amaño se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto, según ha publicado La Nueva España, aparece el nombre de María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. La UCO subraya que ésta había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández.
Una “mordida” de 400.000 euros
Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Para canalizar ese dinero, según la UCO, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez.
La UCO cree que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían usado sus contactos en el entorno de SEPIDES, adscrita a la SEPI, para favorecer a la empresa navarra Erri Berri en el desmantelamiento de las baterías de coque en Avilés.