El juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas más por supuestos amaños en contratación pública
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar a otras 25 personas en el caso Leire, causa en la que investiga no solo las artimañas de la trama para acabar con procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez sino también los presuntos amaños en contratación pública para favorecer a determinadas empresas. El juez toma esta decisión después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción, y entre los nuevos imputados está la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, y otros altos directivos de esa sociedad por su vinculación con el rescate de Tubos Reunidos.
Los indicios recabados apuntan a la existencia de una dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública, según resalta la Fiscalía en su nuevo informe, en la que los investigados principales Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), el empresario Antxon Alonso, la exmilitante socialista Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán “habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras, en beneficio propio o de terceros”. Para ello necesitaban “la necesaria e ilícita cooperación de terceras personas”, entre las que están los 25 nuevos imputados, pertenecientes bien al sector público, bien al sector privado.
Anticorrupción recuerda que los indicios recabados apuntan en concreto, y de momento, sobre cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la SEPI. El Ministerio Público incide, como en anteriores informes presentados en la causa, que el grupo investigado habría actuado de forma coordinada mediante reuniones presenciales, comunicaciones telefónicas y mensajería segura “para la consecución de objetivos comunes, con vocación de permanencia” y para obtener un rédito económico de origen ilícito.
En el caso de Gualda, la Fiscalía la relaciona con el rescate público de Tubos Reunido en 2021 y que se cifró en 115 millones de euros. Explica que, durante la investigación, se habían detectado pagos efectuados por la acerera a favor de la mercantil Mediaciones Martínez SL -vinculada a la trama- por importe total de 114.950 euros. Esos pagos responderían, indiciariamente, “a las gestiones realizadas por los integrantes del autodenominado grupo Hirurok en beneficio de aquella entidad, orientadas a la obtención de financiación procedente del denominado rescate articulado a través de la SEPI”.
De hecho, la Fiscalía explica que de los mensajes intervenidos a los miembros de la trama, pudo conocerse que la organización criminal investigada trabajó en favor de ese rescate, y que hablaban entonces de que Tubos Reunidos contaba con los informes favorables de las unidades de la SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria, “y el compromiso de su presidenta, Belén Gualda González con el CEO de Tubos Reunidos Francisco Irazusta para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo” en una fecha determinada. De la mercantil alavesa, el juez ha decidido imputar también a Irazusta al entender que las conversaciones recabadas se desprende que la trama facilitó “información relevante sobre la tramitación del expediente por cauces ajenos a los previstos oficialmente”.
Tras la aprobación por parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) el 13 de julio de 2021 de la operación de apoyo financiero temporal a Tubos Reunidos, se dio un intercambio de mensajes entre los principales investigados del que se desprende “que dicha concesión habría tenido lugar gracias a su intervención y a sus relaciones personales con diversas autoridades públicas”.
“Esta conclusión se ve reforzada por los mensajes intercambiados con posterioridad (...) en los que Vicente Fernández enfatizaba la relevancia del supuesto encuentro entre Antxon Alonso y el PNV en la resolución del asunto, al haberse producido la aprobación tan solo una semana después”, explica el Ministerio Público. En otro mensaje cruzado esta vez entre Vicente Fernández e Irazusta, ambos hablaron de la necesidad de concretar una contratación recurrente para Servinavar (empresa de Alonso y también vinculada a la trama) a modo de “agradecimiento”. Ya en noviembre de 2021 mantuvieron una reunión, según recogen los documentos intervenidos, en la que Irazusta y Jesús Pérez Rodríguez Urrutia -también de Tubos Reunidos- en la que se cerró la “colaboración”. Vicente Fernández, en un mensaje posterior recogía la oferta de la acerera: una cuota mensual de 5.000 euros con Mediaciones Martínez por trabajos de prospección de mercado. La UCO ha localizado 21 facturas referentes a esos trabajos.El importe facturado fue de 127.050 euros, de los cuales habrían sido efectivamente abonados 114.959 euros.
Además de Irazusta, el juez ha imputado de esa mercantil a Pérez Rodríguez Urrutia y al entonces director ejecutivo Carlos López de las Heras, éste último porque habría garantizado “la retribución de las ilícitas gestiones realizadas” por los investigados. A ellos suma al entonces director corporativo de la SEPI Ángel Santiago Mesa, a la directora de participadas de la SEPI y responsable de la tramitación del expediente de Tubos Reunidos Rosario Martín Manzanedo, y a Miguel Ángel Figueroa Teva, que fue director de Participadas III entre 2018 y 2021 y que también remitió a Vicente Fernández información sobre la situación de Tubos Reunidos.
De hecho, los investigadores indican que ya desde finales de 2020 hubo contactos de Vicente Fernández con estos miembros de la SEPI “con el fin de recabar y contrastar información sobre el estado de la tramitación”. Y que el expresidente de la SEPI también medió con el fin de gestionar un crédito puente destinado a asegurar el cumplimiento de los requisitos de viabilidad de Tubos Reunidos.