El dictamen final mantiene la reprobación a los cuatro exconsejeros de Industria por el accidente mortal en la mina de Zarréu
El trabajo de la comisión parlamentaria constituida para investigar las posibles responsabilidades políticas que pudieran existir en el accidente registrado en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña, en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro trabajadores resultaron heridos, ha concluido este viernes con un amplio grado de consenso de todos los partidos políticos, a excepción del PSOE que se ha desmarcado del resultado.
El dictamen final mantiene la reprobación de las siete personas que con anterioridad habían sido señaladas por su responsabilidad, entre las que figuran cuatro exconsejeros de Industria del Principado y tres altos funcionarios.
Los exconsejeros socialistas
El dictamen de la Comisión de Investigación señala como responsables políticos a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón/Xixón, y Belarmina Díaz, quien estaba al frente de Industria en el momento del siniestro y dimitió del cargo apenas 15 días después del accidente mortal. Para los tres exconsejeros, que han formado parte de una de las carteras con mayor peso en el Consejo de Gobierno del actual presidente del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbon, piden su reprobación.
El cuarto exconsejero es Isaac Pola, quien estuvo al frente de la cartera de Industria durante la etapa del presidente del Principado Javier Fernández y posteriormente fue 'rescatado' por Adrián Barbón como viceconsejero de Industria y director general de Minas.
Los altos funcionarios
Los diputados y diputadas de los grupos con representación parlamentaria que participan en esta comisión de investigación han cuestionado la forma de actuar de otros tres altos funcionarios.
El dictamen también apunta por su presunta responsabiliad a los jefes de servicio Santiago Berjano y Alberto Quirino y al asesor jurídico Gonzalo Martín Morales, a este último se le identifica como la persona que estableció el argumentario jurídico para establecer la figura del Proyecto de Investigación Complementario (PIC) ahora en entredicho
A Santiago Berjano se le atribuye la validación de las actas de inspección sin cuestionar la metodología; a Alberto Quirino por realizar inspecciones en las que no se percató de la existencia de indicios de actividad extractiva ilegal y a Gonzalo Martín Morales como “promotor intelectual y tutelador” de los PIC, figura no regulada por la Ley de Minas.
El clima de trabajo
En el dictamen final de la comisión parlamentaria tampoco ha variado la propuesta de ayudas a las familias de los fallecidos y a los heridos graves, tanto en el accidente de 2025 como en el ocurrido en 2022, donde fallecieron otros dos mineros.
La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies y presidenta de la comisión, si bien se ha mostrado muy satisfecha tanto con el clima de trabajo como con el resultado obtenido, no ha obviado los obstáculos que, según asegura, puso en el camino el PSOE con una “falta de actitud constructiva”.
El texto sale “mejorado”
En su análisis, Tomé ha explicado que “hubo días más tensos y días menos tensos, pero en general el ambiente fue proactivo, de colaboración y con verdadera intención de enriquecer el dictamen”.
Ese ambiente “proactivo” facilitó que, según la diputada, el texto saliera “mejorado” respecto al borrador inicial gracias a las incorporaciones de otros grupos parlamentarios.
Ayudas “directas e inmediatas”
Tomé ha asegurado que el tema de las ayudas económicas es “una parte fundamental del dictamen”, si bien ha contrapuesto esta posición general a la socialista, cuya propuesta genérica de apoyo a accidentes laborales a partir de 2025 “excluiría a las víctimas del accidente ocurrido en 2022, que se saldó con un fallecido y un herido”.
No obstante, tras una corrección en la redacción, estas ayudas “no tendrán carácter de adelanto sobre futuras indemnizaciones judiciales, sino que constituirán -ha señalado- una ayuda directa e inmediata”.
Las críticas a los socialistas
El dictamen ya fue aprobado en comisión con el voto en contra del PSOE, lo que ha llevado a la diputada a pensar que podrá salir adelante en el pleno “con una amplia mayoría”.
Tomé ha tildado el comportamiento del PSOE de “hostil, rayando la pataleta”.
Las reacciones de los partidos
Al término de la reunión, los representantes de los demás grupos políticos también han hecho su propia valoración.
El PSOE, por el momento, no se ha pronunciado sobre el voto particular que previsiblemente presentará al texto en el plazo de quince días que se abrirá el lunes.
Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, las posiciones “opuestas” entre su formación y el PSOE en torno al dictamen debe verse “con normalidad democrática” y sin que comprometa la estabilidad del Gobierno pese a que, a juicio del socialista René Suárez, el texto sale adelante “con correcciones sobre correcciones” y sin atender al criterio de los letrados y dejando abierta la puerta a un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).
El caos “sistemático”
Para el diputado popular Rafael Alonso, el dictamen evidencia tanto que la comisión parlamentaria era necesaria pese a la oposición inicial del PSOE como el “caos sistémico” en la administración que posibilitó que la empresa concesionaria del yacimiento estuviera extrayendo carbón pese a carecer de autorización para ello.
El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha lamentado que el PSOE “se autoexcluyera” del consenso al no participar, según ha dicho, en la búsqueda de acuerdos sobre el texto final, y ha criticado que el principal grupo de la Cámara actuase “como que esto no va con él” frente al resto de los grupos que “han estado a la altura”.
Las responsabilidades
Vox ya ha avanzado su renuncia a presentar un voto particular al darse por satisfecho con la redacción del texto pese a que finalmente no reclame responsabilidades del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, ni del presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón.
El texto mantiene la exigencia de responsabilidades políticas tanto para los cuatro exconsejeros socialistas, que deberán sustanciarse “y no limitarse a quedar reflejadas en un papel sino conllevar ceses”, como para los tres altos funcionarios de la administración autonómica.
El cuestionamiento de los letrados
Esa mención a los empleados públicos fue cuestionada por los letrados de la Cámara y los grupos han buscado una redacción que evite el riesgo de que la Junta General vuelva a ser amonestada por el Tribunal Constitucional (TC), como ya ocurrió con la comisión que investigó al Gestor de Infraestructuras por vulnerar su derecho a la presunción de inocencia en caso de que presenten un recurso de amparo.
Los letrados de la Cámara redactarán ahora el texto final del dictamen para que el próximo lunes, a las 10 horas, se reúna de nuevo la comisión para su aprobación y posterior elevación a pleno, que lo debatirá y votará a lo largo del mes de junio.