La empresa pública Inspección Técnica de Vehículos (Itvasa) ha denunciado ante la Fiscalía del Principado de Asturias la venta de aplicaciones informáticas de su propiedad a terceros países sin su conocimiento, ni consentimiento.
Los hechos fueron descubiertos tras una denuncia registrada, el pasado 28 de julio, a través del sistema interno de información de la compañía.
Identificación nominal
Itvasa abrió una investigación interna para tratar de verificar esta denuncia que determinó la existencia de indicios que “sin prejuzgar responsabilidades” podrían ser compatibles con actuaciones ilícitas, según ha informado este viernes el Principado.
El informe detalla los resultados de la investigación interna e identifica a las personas que podrían haber estado relacionadas con estas operaciones de las que Itvasa se desvincula al no haber tenido conocimiento previo de estas transacciones comerciales.
No obstante, puntualiza que esta identificación se realiza “salvaguardando la presunción de inocencia” de las personas identificadas.
La investigación de la Fiscalía
La empresa ha remitido este informe con sus conclusiones a la Fiscalía dentro de su compromiso “con la legalidad, la transparencia y la colaboración con las autoridades judiciales”.
El Principado advierte que esta comunicación no implica pronunciamiento alguno sobre la tipicidad penal, sino que permite que el ministerio fiscal,“con mayores garantías y medios, valore los hechos y, en su caso, el inicio de las actuaciones oportunas”, subraya el Gobierno regional.
Las inspecciones
Por su parte, Itvasa ha anunciado que no ofrecerá por ahora más detalles con el fin de salvaguardar la investigación, la confidencialidad y la presunción de inocencia.
La empresa ha ratificado que estos hechos que ha denunciado ante la Fiscalía asturiana no afectan a la prestación de sus servicios, que “se mantienen con total normalidad”.
La compañía continúa actualmente con su plan de renovación y mejora tecnológica para ofrecer un servicio “más ágil y de mayor calidad” a la ciudadanía, al tiempo que sigue reforzando sus controles internos y su sistema de cumplimiento normativo.
El conflicto laboral
Los trabajadores vivieron el año pasado un conflicto laboral que duró cuatro meses y provocó importantes retrasos en las inspecciones de vehículos por las convocatorias de huelga que abocaron a la anulación de cientos de citas.
El servicio volvió a recuperar el pulso habitual tras la implantación de un plan de choque que permitió rebajar la larga lista de espera que llegó a sumar hasta un total de 33.000 conductores afectados por los paros y pendientes de una nueva cita para la inspección de su vehículo.