La exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de Asturias, Nieves Roqueñí, se ha mostrado “convencida” de que toda “la cadena de decisiones y actuaciones” que se adoptaron en su departamento en el ámbito de la mina de Zarréu “han sido correctas para la información y el contexto de cada momento”.
Roqueñí, que ostentó el cargo entre agosto de 2023 y febrero de 2025, ha comparecido este viernes ante la comisión que investiga en el seno del parlamento asturiano el accidente que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo en la mina de Zarréu, en el concejo asturiano de Degaña.
Niega haber favorecido a las empresas
La actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón ha negado conocer a responsables ni directores facultativos de Blue Solving la empresa titular de los derechos de explotación de la mina y de Combayl, que los tenía con anterioridad, ni tampoco sabía que ambas compañías pertenecieran al mismo conglomerado empresarial.
Roqueñí ha asegurado que con sus decisiones “nunca” favoreció a ninguna de las dos compañías y ha dicho que no conocía que en la explotación se estuviese extrayendo carbón de forma ilegal, “salvo” por la sanción que se impuso a Combayl tras el accidente de 2022 que ella misma instruyó y que se tramitó de forma “rápida”.
Reparto de competencias
La exconsejera se ha mostrado convencida de que su departamento “hizo todo lo que se tenía que hacer en cada momento” en relación a esta explotación, que “cuando se tuvo conocimiento de un hecho ilícito” en relación a Combayl, “se castigó al empresario” y que las inspecciones del Servicio de Minas se realizaron “en consecuencia del riesgo”.
A preguntas de los grupos parlamentarios, Roqueñí ha explicado que tuvo la “libertad” de configurar su equipo y vio necesario crear una Viceconsejería de Industria y Transición Justa, cuyo titular fue Isaac Pola, de quien dependía la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, “con amplia experiencia” en su materia, dos personas en las que recayeron las competencias de minería.
No recibió denuncias
Según ha detallado, despachaba de forma habitual con ambos cuestiones relevantes tras asegurar que a su llegada al cargo no se le informó de asuntos de especial significación relacionados con la explotación de Zarréu ni le llegó nada relativo a denuncias por parte de guardias de medio natural.
De hecho, cuando recaló en la Consejería solo conocía “por la prensa” el accidente de 2022 que costó la vida a un minero.
“Hay asuntos que son de trámite y habituales, pero de esos no hace falta que te informen. Los relevantes, sí los hemos tratado siempre”, ha comentado al respecto sobre los que son “técnicamente complejos y política controvertidos”.
La firma
Roqueñí ha señalado que sí se trató en ese momento un proyecto de construcción de una planta de briquetas en ese entorno y también sobre el “gran proyecto de restauración del espacio minero que iba a suponer un cambio el uso del suelo”.
La exconsejera ha recordado que, en el marco de la transmisión de los derechos mineros de Combayl a Blue Solving, ella también fue la que firmó la desestimación del recurso de reposición interpuesto por los dueños de Cerredo contra la fianza de 3,1 millones vinculada a condiciones de compatibilidad con el proyecto de restauración minero.
Tras recalcar que el permiso de investigación complementaria autorizado en la mina de Zarréu era para sacar muestras para una prueba industrial, ha asegurado que ella no conoció ni intervino en la tramitación de las ayudas del Instituto de Transición Justa a las compañías mineras.
Seguridad minera
Después del siniestro mortal de 2022, la comisión de seguridad minera mantuvo reuniones, cuya asistencia delegó en Berlamina Díaz, tras las que le informó sobre los comentarios que ante ella se expusieron sobre Combayl, una empresa que cuenta con un expediente sancionador por la extracción ilegal de carbón, por lo que “muy ético y muy responsables no es”.
“Los aspectos de seguridad son esenciales. En el siglo XXI no puede ser que un trabajador fallezca en su lugar de trabajo. Es inadmisible y hay que poner todo los medios para que no suceda”, ha recalcado.
El mismo entramado empresarial
Roqueñí ha garantizado, además, que, tras el traspaso de los derechos mineros de esta firma a Blue Solving, autorizado en noviembre de 2023, ella desconocía que pertenecieran a un mismo entramado familiar.
“Está acreditado que no conozco la vinculación entre empresas y que éstas no tenían autorización vigente para extraer carbón”, ha expuesto en su intervención.
Permiso para sacar chatarra
La exconsejera ha defendido que “la seguridad minera, ante todo”, pero ha recalcado que en esa explotación “no había mina”, sino permiso para sacar chatarra.
Roqueñí ha apuntado que la responsabilidad “política” siempre es del consejero del ramo, quien “confía” en su equipo y “piensa que siempre va a estar en un ámbito de actuación muy reglado y muy regulado”.