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Bibiana Medialdea

Profesora de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la UCM.

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¿Hacia una recesión inminente? La única certeza es nuestra gran vulnerabilidad

Nos ahorraríamos muchos disgustos si la disciplina económica asumiera su incapacidad para predecir el futuro. Suficientemente complicado resulta ya explicar la realidad económica según acontece, o incluso la pasada, como para determinar con precisión lo que va a suceder. Pero también sería recomendable que, especialmente los organismos oficiales, no se obstinaran en obviar lo evidente cuando no es de su gusto: son varios los indicios que delatan que la débil "recuperación" que inició la economía española en 2014 podría verse interrumpida más pronto que tarde.

Para empezar, tengamos en cuenta que el crecimiento de los últimos años, además de modesto, se debió en gran medida a la confluencia de factores que no dependen de la gestión económica interna. Bajada del precio del petróleo, tipos de interés reducidos o las condiciones que desalientan destinos turísticos que tradicionalmente compiten con España, formarían parte de esos "vientos de cola". Pensemos ahora, por un lado, que dichos estímulos comienzan a agotarse o ven ya muy reducidas su capacidad estimulante; y por otro, que aparecen nuevos factores externos amenazantes. Las hostilidades entre Estados Unidos y China, o el Brexit, por citar los más importantes, permiten prever complicaciones futuras en el ámbito del comercio internacional. El hecho de que nuestros principales destinos de exportación (Alemania, Italia, Francia o Reino Unido) estén aproximándose al estancamiento económico o incluso a la recesión, es otro indicador en la misma preocupante dirección.

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Una EPA desastrosa

Los resultados que publica hoy la EPA son desastrosos. Los eufemismos tradicionales, del tipo "la tasa de incremento del desempleo se modera", no deben oscurecer la información fundamental. Nuestra economía destruye puestos de trabajo a un ritmo vertiginoso: en el último año se han ido al paro más de medio millón de personas (563.200, exactamente). Y el resultado acumulado de este proceso es insostenible desde el punto de vista social: son ya casi dos millones de familias (1.906.100) las que subsisten con todos sus miembros en paro.

Los titulares dan buena cuenta de la magnitud del desastre, pero más allá de la barrera psicológica de los seis millones de personas en paro y la tasa de desempleo por encima del 27%, la letra pequeña informa sobre realidades específicas aterradoras. Por ejemplo, no debería pasar desapercibido que desde el inicio de 2011 la tasa de actividad se viene reduciendo, y que este primer trimestre de 2013 registra su mayor caída hasta la fecha. En nuestro país, sólo durante último año, 235.300 personas han abandonado la aspiración de encontrar un empleo legal. En el caso de las mujeres, ni siquiera son ya un 54% (53,39%) las que persiguen este objetivo. Una tasa de actividad tan reducida y, lo que es más indicativo, en retroceso, señala un proceso generalizado de desesperanza, de pérdida de expectativas económicas y profesionales: el exilio económico, la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados en el propio hogar, o la economía sumergida, son las alternativas laborales de nuestro tiempo para cada vez más población. Aunque "la tasa de incremento del desempleo" se esté moderando.

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El tabú del impago

En los últimos tiempos cada vez son más las voces que cuestionan la legitimidad del pago de ciertas deudas. La proliferación de plataformas que defienden la necesidad de una auditoría sobre la deuda pública, la reivindicación de anular parte de la deuda hipotecaria de las familias con dificultades económicas (dación en pago) o, más en general, la popularización de la consigna “No debemos, no pagamos”, son buena prueba de ello.

Sin embargo, el impago de la deuda suele presentarse como una opción descabellada, inviable más allá del ámbito de la propaganda. Por muy elevado que sea el coste social derivado de atender los compromisos financieros, se argumenta, seguir pagando deuda es siempre el “mal menor”. Dejar de hacerlo, condenaría a un escenario de exclusión financiera y aislamiento político mucho más gravoso. El impago no sólo supondría pérdidas para los acreedores sino, sobre todo, para la parte deudora, que a cambio del alivio inmediato perdería su acceso a nuevos recursos y quedaría estigmatizada de por vida.

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