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Carmen Castro García

Economista feminista y activista de la PPiiNA por otro modelo de sociedad. Coordina el Consejo Científico de ATTAC 
Promotora de la iniciativas en red SinGENEROdeDUDAS y LoPERSONALesPOLITICO

Imaginando lo posible: permisos por nacimiento y transformación social

El desigual reparto de las responsabilidades de cuidados está en el origen de las desigualdades de género existentes, y aún así, en el debate en torno a los cuidados y, específicamente, en el de los permisos por nacimiento, se dan contradicciones y tensiones discursivas que discurren desde el reclamo auspiciado desde el binomio mujer-madre a la necesidad de implicación efectiva de los hombres en el cuidado infantil. De dicho debate salen propuestas y alternativas diversas, ni todas conducen a una transformación social, ni mucho menos a situaciones de justicia redistributiva -de género, social y ecológica-. La cuestión a dirimir es si estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del ‘orden de género’ que conforma el estatus quo patriarcal y, en cuyo caso, cómo articular dicho cambio para subvertir la división sexual del trabajo.

Durante estos 10 años de crisis-estafa ha ido permeando la trampa patriarcal de privatización de los cuidados. El enfoque neoliberal de las políticas y el mayor calado de su mito de la libre elección explican que muchas mujeres hayan asumido el coste asociado a la realización de los trabajos en los hogares, esto es, cuidados, actividades domésticas, relaciones psicosociales, etc. Hay quien dice hacerlo porque quiere y/o porque así lo ha elegido, ya sea por satisfacción, amor, gratitud, reciprocidad o culpabilidad; sin embargo, las situaciones individualizadas no deberían servir de excusa para obviar el trasfondo real. Las necesidades de cuidado no se resuelven por sí solas ni existen ‘manos invisibles’ que se encarguen de hacerlo. Cuando se cierran los servicios públicos, se minoran las plazas de educación infantil, se reducen los salarios o la falta de ingresos no permite acceder a contratar un servicio de proximidad, alguien del entorno familiar -más o menos extensa- tendrá que dedicar tiempo y afecto para atender al bebé, a la abuela con alzheimer o a quien sea la persona que necesita cuidados; la tendencia de que todo esto recaiga exclusivamente sobre las mujeres es debida a la inercia aprendida de los roles de género, más que una supuesta subversión elegida.

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Ser hombre tiene prioridad en la gestión de las demandas de empleo

Según los datos estadísticos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se resuelven antes las demandas de empleo de los hombres que las de las mujeres, relegando a éstas a periodos más largos de desempleo. No se trata de un hecho aislado, es una tendencia que se manifiesta más intensamente en estos últimos tres años y que explica que desde septiembre de 2013, el paro masculino se haya reducido más del doble que el femenino: un 8,4% frente a un 3,5%.

La gráfica muestra que, mientras disminuye el porcentaje de las demandas de empleo masculino pendientes de resolver (del 48,5% al 46,6% entre 2012 y 2014 respectivamente), aumentan las demandas femeninas de empleo pendientes (del 51,5% al 53,4% para el mismo periodo), incluso las de mayor preparación y niveles de estudios, y aún más a mayor antigüedad del registro de la demanda de empleo. A partir de los 6 meses, las demandas de empleo de las mujeres se demoran en mayor medida que las de los hombres; según los datos del pasado mes de septiembre, 865.855 mujeres llevaban más de dos años esperando a resolver su situación de demandantes de empleo, respecto a los 644.853 hombres.

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Alternativas para una vida digna: reparto del trabajo

El reparto del trabajo representa, hoy por hoy, una alternativa necesaria para la redistribución de los recursos y la riqueza desde otro paradigma, basado en la equidad de género y la solidaridad intergeneracional.

Es puro sentido de común y por ello, precisamente, resulta fácilmente entendible. Si el trabajo remunerado no alcanza para todas las personas que están disponibles para el empleo, por qué  no modificar el criterio de reparto del mismo, reduciendo la parte del tiempo que comprometemos laboralmente en nuestras vidas. Según los datos de la última EPA, de los 22,8 millones de población activa que hay en el Estado Español, 6,2 no consiguen empleo. ¿Qué impide pasar de la jornada laboral máxima de 40 horas a otra de 25 o 30 horas máximas a la semana? Francamente, creo que nos iría mejor si pensásemos en clave de inversión, en qué capacidades y perspectivas estamos sembrando para el futuro; en cuál es la herencia social, económica y medioambiental que estamos traspasando.

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