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Enrique Nafría

Enrique Nafría es ingeniero de montes de la Junta de Castilla y León y colaborador del colectivo antiespecista Mirada Animal. Enfoca sus reflexiones desde la Antropología Social y Cultural en torno a la discriminación por razón de especie y sus conexiones con otras formas de opresión como el capitalismo, el racismo o el sexismo.

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La caza: más allá del debate institucional

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) suspendió cautelarmente el Decreto 10/2018, de 26 de abril, que modifica algunos preceptos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. La suspensión se dio a raíz de una solicitud de PACMA que argumentaba que las medidas incluidas en el Decreto no estaban avaladas por los estudios científicos precisos.

Ante esta decisión del TSJ, el lobby de la caza reacciona para defender los intereses de los propietarios cinegéticos y de los cazadores, de manera que los grupos políticos dejan un paisaje lamentable en el Parlamento: PP, PSOE, Ciudadanos y UPL, que ocupan 72 asientos (más 1 del grupo mixto) de los 84 que llenan las Cortes, se ponen de acuerdo para blindar la caza, mientras que Podemos se abstiene, situándose así muy cerca de las posiciones defendidas por la derecha y el partido socialista. Solo el grupo Izquierda Unida-Equo vota en contra. Este cierre de filas de los partidos políticos en torno a la cuestión de la caza es un acto contra la diversidad de pensamiento; explícitamente, constituye un silenciamiento institucional de otras sensibilidades existentes en la Comunidad.

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