La Hacienda foral de Bizkaia entrega a la Justicia información fiscal sobre el entorno del empresario Antxon Alonso

La Hacienda foral de Bizkaia entregó el pasado jueves un informe que le había sido requerido en el marco de la investigación de corrupción al entorno del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El documento fue remitido al Tribunal Supremo, aunque en realidad esta causa está ahora en manos del instructor Ismael Moreno, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), adonde fue trasladado este viernes automáticamente.

Se trata de un requerimiento de noviembre de 2025 que no llegó a la Diputación vizcaína hasta mayo de 2026. La Hacienda foral, tres meses después, informa de los datos de los que tiene constancia de Karmele Atutxa, la pareja del empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán y titular de la empresa clave de la trama, Servinabar 2000. También repasa la trayectoria de otra mercantil de Alonso, la cooperativa Noran y la información obrante sobre el directivo de Acciona Tomás Olarte. Acciona recibió adjudicaciones en UTE con Servinabar 2000 o de acuerdo con ella y se analiza si abonó comisiones ilegales en operaciones como las obras de la cárcel de Zubieta en Donostia, los túneles de Belate en Navarra y en otros territorios. Bizkaia aclara, eso sí, que no dispone de datos de la esposa de Cerdán y de su hermana, como tampoco de otro directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, o de otra cooperativa relacionada con Alonso, Erkolan. El informe tiene unas 340 páginas.

Entre la abundante información contenida aparece que la empresa Noran, de la que ya se conocía que tuvo dada de alta a la pareja de Cerdán y en cuya génesis participó Koldo García, tuvo relaciones económicas empresa constructora vasca VUSA. En otro sumario del Tribunal Central de Instancia, el del caso Hirurok en el que se analizan las operaciones de Alonso con otros dos socialistas, la vizcaína Leire Díez y el andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, una de las adjudicaciones bajo sospecha guarda relación con la empresa de Navarra de demoliciones Erri Berri y, según la UCO de la Guardia Civil, parte de los pagos presuntamente ilegales se canalizaron a través de VUSA.

Esos pagos investigados en torno a la operación de Erri Berri, que fue paralela al rescate de Tubos Reunidos, datan de 2021. Sin embargo, las relaciones económicas entre Noran y VUSA son de años antes, de 2015, 2016 y 2017. En concreto, en 2015 se recogen dos operaciones en la casilla de “ventas” por un valor total de 48.400 euros, en 2016 otra imputación con un total conjunto de esa misma cuantía, 48.400 euros, y en 2017 una única “venta” de un 10% de ese dinero, 4.840 euros. Aquellos flujos posteriores relacionados con Erri Berri rondaban los 240.000 euros, según las estimaciones contenidas en los atestados policiales. Se puede leer aquí más sobre las cuentas de Noran.