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Josep Maria Vilajosana

Catedrático de Filosofía del Derecho y coordinador del “Col

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Constitución, democracia y derecho a decidir

La discusión actual en torno al llamado “derecho a decidir” de los catalanes ganaría en claridad si diferenciáramos dos situaciones jurídicas distintas: el derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre su futuro político y el derecho a la autodeterminación. En primer lugar, el derecho a ser consultado es individual (sus titulares son los ciudadanos), mientras que el derecho a la autodeterminación es colectivo (sus titulares son los pueblos). En segundo lugar, son derechos vinculados a dos diversas formas típicas de ejercicio: la realización de una consulta, en el primer caso; la declaración unilateral de independencia, en el segundo. Finalmente, su posible legalidad toma como referencia dos ordenamientos jurídicos diversos: el estatal y el internacional, respectivamente.

En estos momentos está sobre el tapete el derecho a decidir sólo en el primer sentido. Y así parece entenderlo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña. Esta sentencia supone un intento de encauzar una cuestión que se encuentra muy embrollada: además de bosquejar la anterior distinción, implica el reconocimiento de que el problema es de naturaleza política, por lo que su solución debe provenir de ese ámbito. Ahora bien, es previsible que tarde o temprano el alto tribunal tenga que pronunciarse de manera más clara y completa sobre el fondo del asunto: ¿Ampara la Constitución una consulta como la que se pretende llevar a cabo el 9 de noviembre? Hay buenas razones para justificar una respuesta afirmativa, que tienen que ver con el objeto, el sujeto y los procedimientos de la misma.

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