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Juan Antonio Mayoral Díaz-Asensio

Associate professor y Cátedra Jean Monnet en Derecho y Políticas de la Unión Europea en iCourts - Centro de Excelencia para Tribunales Internacionales de la Fundación Nacional Danesa de Investigación situado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Copenhague. Doctor en Ciencias Politicas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo y el Instituto Juan March. Su investigación se centra en la política judicial comparada, y en la cooperación entre tribunales nacionales e internacionales y sus consecuencias para la política y sociedad.

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Derechos humanos contra razón de Estado

La decisión del pasado 13 de febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da cobertura legal a la práctica de las devoluciones en caliente ha suscitado una ardua polémica entre los defensores de los derechos humanos al convertir las fronteras españolas y, potencialmente, las de otros países de firmantes del Convenio en tierras estériles para la protección de los derechos humanos.

Son ya numerosas las observaciones y comentarios que analizan de manera pormenorizada desde un punto de vista jurídico la decisión y sus implicaciones. No obstante, recientemente se ha añadido el debate sobre las razones que han llevado a la Gran Cámara del Tribunal a cambiar su doctrina y dar cobertura legal a estas prácticas que en 2017 fueron calificadas como vulneradoras de derechos regulados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y es aquí donde se necesita de un enfoque histórico-político que nos ayude a entender lo que se ha identificado como deferencia judicial hacia los gobiernos populistas y las políticas migratorias y de asilo restrictivas de algunos Estados Europeos.

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El Tribunal Constitucional Federal Alemán ante la legalidad del programa de compra de bonos del BCE

En 2012, como una nueva herramienta de gestión de la crisis de la Eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) anunció la compra de obligaciones de los Estados Miembros en los mercados secundarios de deuda (las Outright Monetary Transactions, OMT). Aunque las implicaciones de esta decisión pertenecen fundamentalmente al ámbito de la economía política, un nuevo episodio de política judicial se ha abierto con la decisión, evidenciando la compleja relación entre tribunales de la Unión Europea. En Alemania, la constitucionalidad de las OMT fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional Federal (TCFA), que envió al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) una solicitud para que este evaluara su compatibilidad con el derecho europeo. Para ello el tribunal germano hizo uso, por primera vez, del mecanismo de cuestión prejudicial establecido en los tratados de la Unión. En su respuesta, el TJUE sostuvo la conformidad con el derecho europeo de las medidas adoptadas por el BCE, devolviendo la pelota al tejado de Karlsruhe, que con esta información deberá adoptar una decisión sobre el fondo del asunto. Muchos en Europea se preguntan cuál será la decisión final del constitucional alemán, conocido por su actitud crítica, en ocasiones desafiante, respecto al derecho de la Unión y, sobre todo, a las interpretaciones del mismo proporcionadas por el TJUE.

¿Diálogo judicial o pulso judicial?: las relaciones entre Karlsruhe y Luxemburgo

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