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Juan Enrique Tur

Fundador y director de l'Informatiu.com. Colaborador en Público entre octubre y diciembre de 2011. Previamente llevó la prensa del ViñaRock (2000-2002), trabajó en publicidad y prensa para empresas, gestó varios fanzines de rock duro, y colaboró en diversos medios escritos y radiofónicos valencianos. Desde octubre de 2006 mantiene el blog www.testigoaccidental.com

Los 5.000 de Fabra

Le ha costado, pero finalmente Alberto Fabra ha dado un paso al frente y ha reivindicado como fruto de su ejercicio al timón de la Generalitat Valenciana algún dato macroeconómico. Casualmente ha sido la cifra del paro registrado durante el pasado mes de diciembre, que descendió en la Comunitat Valenciana en 5.024 personas, y que —curiosamente— el molt honorable adelantó personalmente vía discurso institucional de fin de año y vía twitter, cuando lo habitual es que ni el conseller del ramo se atreva a dar la cifra delegando la papeleta en un subordinado. Sí, ya sé lo que estarán pensando, que lo que ha hecho ha sido apuntarse un tanto después de esconder la cabeza durante un largo periodo de datos negativos en este y otros sentidos. ¿Pero por qué pensar que Fabra haya tenido una iniciativa tan vulgar?

No, el presidente finalmente hizo lo que tanto partidarios como detractores le venían reclamando desde que entró en el Palau de la Generalitat; asumir las riendas de su gestión. Y, oye, ha dado la casualidad de que le han salido las cosas. Enhorabuena a él y a todos los valencianos. Porque el suyo, además, es un gesto admirable. Por lo pronto, con él por fin ha dejado claro dos cosas que su predecesor, Francisco Camps, nunca quiso asumir. La primera, que la Generalitat tiene muchas competencias en materia de empleo y herramientas para hacer su propia política, de la que dependen estos resultados. La segunda, que, teniendo en cuenta que el paro aumentó en 2012 en 34.669 personas según las mismas cifras, todos esos nuevos parados, más los acumulados desde mediados del año anterior, habría que apuntarlos a la herencia de las políticas de Camps. 569.735 valencianos en el paro hay ahora, nada más y nada menos, y desde el Consell se reconoce por fin que la culpa no es solo de Zapatero.

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Los primeros despidos del ERE en RTVV no despejan la duda de su futuro

Rondaba la media tarde del 20 de julio de 2011 cuando Carolina Alcolea, rodeada de un grupo de compañeros afines, irrumpió en la redacción de informativos de Ràdio 9 en Valencia. Francisco Camps iba a anunciar su dimisión, y en la sala se encontraban algunos de los periodistas más veteranos y experimentados de la casa, pero Alcolea decidía hacerlos a un lado y delegar la elaboración del informativo más importante en años a editores de su confianza. Cuando Ràdio 9 dio la noticia, toda España la conocía a través de otros medios. Claro que aquellos no esperaron a recibir el visto bueno de "presidencia".

El martes, cuando finalmente se conocieron los 79 primeros despidos en Ràdio 9 (el 60% se ejecutan ahora y el resto el próximo verano), el nombre de Alcolea no estaba entre los afectados. En un proceso de selección fuertemente criticado por el comité de empresa —por no valorar como favorables criterios objetivos como la obtención de la plaza vía oposición y sí otros subjetivos—, esta "comisaria política del PP", como califican sus ex compañeros a una profesional que "se encarga de controlar lo que se dice y lo que no se dice" en los informativos de su franja horaria, ha conseguido mantener su puesto.

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El Consell esconde también los beneficios privados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Pese a ocupar —en régimen de arrendamiento— un espacio público, la discoteca L’Umbracle de València no es lo que comúnmente se entendería como un negocio de precios populares. 15 euros cuesta acceder al complejo instalado en el marco de la millonaria Ciudad de las Artes y las Ciencias, y un combinado estándar, lo que popularmente se conoce como un cubata, no baja de los 9. Sin embargo, en la capital del Turia, L’Umbracle es todo un éxito, y sus pistas, con un aforo estimado de 5.000 personas en la terraza y 1.000 en la sala de discoteca, se llenan muchas noches en temporada estival.

Así pues, la exclusividad del disfrute de un espacio a priori público no estaba hasta ahora mal visto por la ciudadanía. En un entorno en cuya gestión priman los números rojos (las cuentas del Palau de les Arts, a pocos metros, ofrecen anualmente pérdidas millonarias), que un espacio pudiera ser alquilado dejando dividendos a las arcas públicas tenía una buena aceptación. No obstante, esta impresión podría cambiar después de que hoy se haya dado a conocer que la empresa que explota el espacio tan solo abona 90.000 euros anuales por su uso. Tres noches buenas del local —abierto cada temporada desde principios de mayo a finales de octubre— cubrirían con creces esa cantidad.

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Un ex vicepresidente y dos ex conselleras valencianas se acercan al banquillo en un nuevo juicio de Gürtel

Justo un año después de que Francisco Camps accediera al Tribunal Superior de Justicia en la primera jornada del juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel, el magistrado José Ceres, encargado de la instrucción de todo el procedimiento, ha hecho público el auto con el que ha puesto fin a la instrucción de una nueva pieza del caso. En esta ocasión, la relativa a los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho derivados de la contratación de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.

En la resolución —contra la que cabe recurso de las partes en un plazo de diez días (antes de que, de no prosperar, se abra juicio oral)— el magistrado ha determinado procesar al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, a las ex conselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, y al exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Rafael Betoret (ya condenado en la causa de los trajes), por presunta prevaricación continuada en las adjudicaciones a Orange Market S.L. del pabellón autonómico en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009. Los tres ocupan actualmente escaños de diputados del Partido Popular en Les Corts.

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Fabra remodela el Consell sin soltar todo el lastre de Camps

“Pasar página” y “dar un paso adelante” han sido los términos elegidos por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra para justificar la remodelación en su gobierno anunciada este viernes. Una remodelación que, aunque no ha querido señalar abiertamente como un borrón y cuenta nueva respecto a la era de su predecesor en el cargo, Francisco Camps, sí se ha tratado de insinuar así por su entorno más cercano.

En lo superficial, del gobierno heredado de aquel –tras su dimisión para centrarse en su juicio por la causa de los trajes de la trama Gürtel- solo tres nombres (los de José Ciscar, Serafín Castellano e Isabel Bonig) permanecen, después de la salida del gobierno de Maritina Hernández, Lola Johnson, Jorge Cabré y Luis Rosado, en un ejecutivo que ha reducido de diez a ocho su número de integrantes.

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Condenado el primero de los 10 parlamentarios imputados del PP valenciano

Engullida por la dimisión del conseller José Manuel Vela poco antes (en paralelo a la noticia de su imputación en un nuevo caso de corrupción en el ejercicio del poder), la condena a Pedro Ángel Hernández Mateo, uno de los hasta ayer diez diputados autonómicos del PP valenciano imputados en causas que investigan  diferentes corruptelas, ha pasado a un segundo plano.

El caso que se seguía contra el que fuera alcalde de Torrevieja (localidad alicantina en la que cometió el delito), frente a los populares Gürtel y Brugal, parecía menor, pero no por ello resulta menos destacable que la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le haya encontrado culpable de los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio.

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Dimite el conseller de Hacienda por su presunta filtración a Blasco

14 años después de la última dimisión de un conseller valenciano por una presunta irregularidad, el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, seguía los pasos de Luis Fernando Cartagena (que dimitió en 1998 acosado por un delito fiscal) y presentaba su dimisión de su cargo. El motivo, según su relato en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la "presión mediática" a la que asegura verse sometido desde que el pasado 20 de noviembre se le viera filtrando un presunto documento requerido por la juez que instruye el 'Caso Cooperación' a Rafael Blasco, el principal imputado en la causa (que investiga el desvío millonario de dinero público para la ayuda al desarrollo a un entramado de empresas).

"Desde entonces he venido soportando una serie de acusaciones falsas e insidias que me atribuyen haber filtrado supuestamente un informe del Interventor General al diputado Rafael Blasco", ha asegurado Vela, al tiempo que reiteraba su inocencia. Su dimisión no se ha producido hasta que la juez encargada del 'caso Blasco', María Pía Calderón, encargara al Tribunal Superior de Justicia valenciano que investigara lo sucedido, por si pudiera ser constitutivo de delito (los hechos denunciados pueden serlo de un delito de revelación de secretos, otro de encubrimiento y un tercero de infidelidad en la custodia de documentos).

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Nos roban y nos preocupa el nudo de la corbata

La última sesión de control al presidente de la Generalitat de 2012 (la última, sí, aunque aún no hemos estrenado diciembre) acabó ayer, como seguro habrán escuchado, como el rosario de la aurora. En todo caso, les resumo: un grupo de dependientes, familiares de dependientes y trabajadores en centros de atención, fueron expulsados del pleno tras protestar desde la tribuna de invitados por los impagos del Consell a este sector y que asciende más allá de los 70 millones de euros (una organización reclama esa cantidad para sus socios, y solo agrupa a parte de las empresas afectadas). Las protestas fueron aplaudidas desde los bancos de la oposición, cuyos integrantes acabaron enfrentados a gritos con los del PP, siempre con la ayuda —involuntaria o no— del presidente de la cámara, el también popularista Juan Cotino.

Lo sorprendente, no obstante, es que poco después, este incidente y los resultantes de la mala gestión del mismo por parte de Cotino centraban ya los titulares de la prensa digital y los informativos radiofónicos. La "mala imagen" de "nuestros representantes" era motivo de preocupación de la prensa bienpensante. "¿Por qué no se comportan nuestros representantes?", reclamaban algunos metiendo a todos en el mismo saco (si no solo a los de la oposición), mientras otros lamentaban que "cualquier mínimo rastro de política, de espíritu constructivo, había desaparecido del hemiciclo".

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Vela tampoco pagará

Lo dijo muy bien la diputada autonómica de Esquerra Unida, Marga Sanz: el trasiego de documentos —posiblemente constitutivo de delito y, como mínimo, poco ético— que se llevaron entre manos el conseller José Manuel Vela y el diputado imputado Rafael Blasco, a la vista de todos los presente en el pleno de Les Corts, evidencia la impunidad con la que los políticos popularistas con mando en plaza se han manejado en estas tierras en los últimos lustros.

Impunidad y desfachatez, no cabe duda, si se confirma que Vela facilitó al ex conseller —imputado por desviar presuntamente el dinero de los valencianos destinado a la cooperación a los desfavorecidos a las cuentas a una trama integrada por viejos favorecidos suyos— información que le podría ayudar en su defensa, frente a la que la Generalitat participa como acusación. Esto ha puesto a Vela en el disparadero, y en democracias con cierto sentido de la decencia, el aún conseller de Hacienda y Administración Pública ya habría pasado el fin de semana pensando a qué dedicarse tras su abandono de la política.

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Una posible filtración pone en duda la intención del Consell en su personación en el 'caso Cooperación'

El desvío de dinero público de los valencianos —destinado a priori a ayuda al desarrollo— a un entramado de empresas pantalla que lo dedicó a fines como la compra de inmuebles o artículos de lujo, por una cantidad estimada en torno a los 4 millones de euros, parece motivo más que suficiente para que el gobierno valenciano se personara en la causa judicial que lo investiga. Una causa que tiene como imputado más destacado (entre otros ahora ex altos cargos de la administración valenciana) precisamente al que fuera uno de sus consejeros en la pasada legislatura, el ahora diputado raso Rafael Blasco.

Sin embargo, la intención del Consell que sustenta el Partido Popular valenciano, quedó ayer en entredicho al revelar el diario Levante-EMV una posible filtración desde el mismo gobierno al diputado popular investigado , de uno de los informes solicitados por la juez que instruye la causa. El autor de la posible filtración habría sido el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que entregó el informe a Blasco durante el  pleno de presupuestos en el Parlamento autonómico, como quedó recogido por las cámaras que registraban la sesión.

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