El Consell esconde también los beneficios privados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Pese a ocupar —en régimen de arrendamiento— un espacio público, la discoteca L’Umbracle de València no es lo que comúnmente se entendería como un negocio de precios populares. 15 euros cuesta acceder al complejo instalado en el marco de la millonaria Ciudad de las Artes y las Ciencias, y un combinado estándar, lo que popularmente se conoce como un cubata, no baja de los 9. Sin embargo, en la capital del Turia, L’Umbracle es todo un éxito, y sus pistas, con un aforo estimado de 5.000 personas en la terraza y 1.000 en la sala de discoteca, se llenan muchas noches en temporada estival.

Así pues, la exclusividad del disfrute de un espacio a priori público no estaba hasta ahora mal visto por la ciudadanía. En un entorno en cuya gestión priman los números rojos (las cuentas del Palau de les Arts, a pocos metros, ofrecen anualmente pérdidas millonarias), que un espacio pudiera ser alquilado dejando dividendos a las arcas públicas tenía una buena aceptación. No obstante, esta impresión podría cambiar después de que hoy se haya dado a conocer que la empresa que explota el espacio tan solo abona 90.000 euros anuales por su uso. Tres noches buenas del local —abierto cada temporada desde principios de mayo a finales de octubre— cubrirían con creces esa cantidad.

“No hay que ser un lince para darse cuenta de que es una ganga para un espacio de estas características y en un entorno tan singular”. Quien lo afirma es el portavoz adjunto de Esquerra Unida en Les Corts, Ignacio Blanco, cuyo grupo lleva años tratando de fiscalizar, pese a la opacidad del gobierno valenciano, la gestión y las cuentas de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (CACSA). Un complejo cuyo coste, gracias a su investigación, finalmente se ha podido cifrar en más de 1.300 millones de euros.

Blanco lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha denunciado que el Consell se niega a facilitarle los contratos de CACSA con las empresas privadas que explotan la discoteca de L’Umbracle y L’Oceanográfic; este último, la joya del complejo. “La negativa no se basa en ninguna fundamentación jurídica sino en valoraciones de oportunidad política que no pueden, en ningún caso, estar por encima de la ley que establece el derecho a acceder, como diputado, a esa documentación”, ha anunciado.

Un arrendamiento “extremadamente ventajoso”

Pese a ello, Blanco sí ha señalado que su grupo ha podido averiguar que la terraza de L’Umbracle fue arrendada para su explotación como discoteca en el año 2007 a la empresa Ocio y Entretenimiento Costa Este S.L, que tiene entre sus accionistas a Manuel Broseta Dupré —socio director del bufete Broseta Abogados, que entre 2005 y 2011 obtuvo 91 contratos del Consell por 2,5 millones de euros—, por un importe de 90.000 euros al año. Según Blanco, “si se pagara a precio de mercado quizás estuviéramos hablando de más de un millón de euros”.

Además, el diputado destaca que en las cuentas presentadas por la empresa al Registro Mercantil sólo consta un trabajador y 62.000 euros de gasto de personal pero 270.000 euros en servicios externos. “Resulta obvio que la explotación de la discoteca se ha subcontratado, derivando el negocio hacia otro entramado empresarial y dificultando por tanto el control público”, asegura el diputado. Y por si al asunto le faltara algún elemento extraño, Blanco añadió que, según la Sindicatura de Comptes, Ocio y Entretenimiento Costa Este firmó el contrato con CACSA el 23 de enero de 2007, a pesar de que se creó el 14 de febrero del mismo año, según consta en el Registro Mercantil. Cuando se firmó el contrato por tres años, prorrogables a 15, la arrendataria no existía.

Respecto a la explotación de L’Oceanogràfic, esta fue adjudicada en 2002 a la empresa Parques Reunidos S.A. para un periodo de 10 años, por lo que finaliza ahora. “Por eso una de nuestras preguntas parlamentarias fue sobre la previsión de renovación, cancelación o renegociación de ese contrato, pero el Consell se niega a darnos una respuesta”, ha denunciado Blanco. A su vez, ha destacado que el canon pagado por la empresa a CACSA ha ido reduciéndose en los últimos años, pasando de 4’16 millones de euros en 2007 a 3’41 millones de euros en 2010, según los datos que constan en los informes de la Sindicatura de Comptes, pero “el principal problema es que no conocemos la cuantificación de las inversiones y gastos que asume CACSA en función de lo establecido en el contrato. Si fueran superiores a esas cantidades, estaríamos ante un caso clarísimo de déficit provocado por la gestión privada de una instalación de la que se publicita su éxito de público”, valora el diputado. Además, Blanco denuncia que CACSA hace caso omiso a la recomendación que cada año formula la Sindicatura de Comptes para que dichos gastos estén presupuestados antes de su ejecución.

“Si se está planteando la privatización total o parcial del resto del complejo, queremos saber cómo ha funcionado en estos casos para poder analizar el resultado, aunque EUPV siempre es partidaria de la gestión pública directa”, ha concluido Blanco, aunque no sin añadir que, pese a la opacidad del Consell y a la vista de la información disponible, “en el caso de L’Oceanogràfic no podemos saber cuál es el resultado pero en L’Umbracle parece claro que hay unas condiciones extremadamente ventajosas para que una empresa privada haga negocio con la cesión de un espacio público que nos ha costado muchos millones de euros a todos los valencianos”.