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Marco Feoli

Viceministro de Justicia de Costa Rica.

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La cárcel como retrato ideológico

Estados Unidos es uno de los países con mayor población penal del mundo. Entre 1980 y 2010, el número de reclusos creció un 220%. En 1988, por primera vez desde 1928, el Partido Republicano logró gobernar durante tres periodos seguidos, en buena medida gracias al discurso represivo de Reagan y Bush contra la delincuencia y, sobre todo, el tráfico de drogas.

En la elección del 88, las posiciones progresistas de Michael Dukarkis, como oponerse a la pena de muerte, sirvieron de excusa para que sus adversarios le atribuyeran una presunta debilidad para enfrentar el crimen. Finalmente, fue derrotado. En 1992, el Partido Demócrata cambió la estrategia y se alineó a los planteamientos más conservadores, al menos en los temas de seguridad ciudadana. Bill Clinton fue elegido presidente y a lo largo de sus 8 años se impulsaron políticas de mano dura. Se redujeron beneficios penitenciarios, se acordó la pena perpetua para reincidentes y se disparó la construcción de cárceles privadas.

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América Latina: Cárcel y alternativas tardías

En agosto pasado, la ministra de Justicia de Costa Rica ordenó el cierre de un módulo de la cárcel más grande del país conocido, popularmente, como “Las Tumbas”. Se trataba del Ámbito F del centro La Reforma, situado en la provincia de Alajuela, al noroeste de San José que, por años, funcionó como espacio de Máxima Seguridad. Aunque se construyó una nueva unidad para los internos de mayor peligrosidad con una arquitectura más moderna, en 2005, “Las Tumbas” se siguieron utilizando para ubicar a personas privadas de libertad que, por sus características personales, eran de difícil traslado a otros módulos o a otros centros penales. El caso más dramático que encontramos fue el de Nataly, una mujer transexual para cuyas permanentes agresiones físicas y sexuales, de las que era objeto, en las cárceles a las que era llevada, la solución fue expulsarla casi que de cualquier contacto social, expulsarla como un retorcido pasaje del Medioevo por su identidad sexual. En el Ámbito F, se estaba en aislamiento permanente, celdas de unos 15 m2 cuadrados, oscuras y con apenas ventilación; se podía salir fuera solo una hora cada día.

Le decisión fue saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, los llamados de atención de instancias nacionales e internacionales, como el del Comité contra la Tortura de la ONU, que pedían el cierre de “Las Tumbas” llevaban casi 15 años. Hubo que esperar tres lustros para que una titular de la institución que administra el sistema penitenciario tuviera el arrojo y la voluntad política de poner término a una larga historia de excesos. No fue suficiente ni la jurisprudencia y la unanimidad de los instrumentos jurídicos ni las observaciones de los organismos de derechos humanos sobre los gravísimos efectos que tienen los largos periodos de aislamiento para que las autoridades, salvo la actual ministra de Justicia, dispusieran la clausura de un espacio en franca contradicción con la dignidad de las personas.

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