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Margarita Guerrero

Concejala de Cambiemos Murcia en el Ayuntamiento de Murcia.

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Los inmigrantes ante las elecciones: de elementos folklóricos en campaña a protagonistas

La migración no da votos. Esta afirmación parece más que clara en un contexto de auge de los discursos de odio, racistas y xenófobos. Sin embargo, los derechos de las personas migrantes son también derechos humanos y, aunque esto a estas alturas suene revolucionario, conviene recordarlo. Podría hablar del incumplimiento sistemático de todos los artículos que contempla la Declaración Universal, pero me centraré en los derechos políticos, también por la coyuntura. El próximo mayo tenemos elecciones y las personas migrantes (tanto las emigrantes, que tienen su odisea particular con el voto rogado, como las inmigrantes) tiene difícil poder ejercer su derecho a votar.

Nos centraremos en las personas inmigrantes en España. No todas pueden votar, únicamente podrán hacerlo las personas que sean originarias de uno de los doce países con convenio de reciprocidad de voto con España (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago), siempre y cuando tengan tarjeta de residencia o NIE (Número Identidad de Extranjeros) y se inscriban en el Censo Electoral antes de este martes, 15 de enero. Y en este último punto está la clave, porque no es un proceso automático; debes manifestar la voluntad de querer participar en las elecciones y, para ello, debes inscribirte en la oficina de estadística de tu ayuntamiento, por correo o por internet.

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Una experiencia local para una reflexión global

Esta historia empieza con un grupo de mujeres que no podía acceder a recursos públicos como son las escuelas infantiles -todas sabemos que no hay plazas suficientes que cubran la demanda existente- ni permitirse pagar guarderías privadas. Un grupo de mujeres que, ante la necesidad de tener un lugar seguro donde poder dejar a sus hijos mientras ellas trabajan, estudiaban o realizan gestiones, deciden apoyarse en la crianza y en el cuidado de sus hijos e hijas a través de un proyecto que nace en 2012 dependiente de Cáritas.

Seis años después comienza una nueva etapa en la que las mujeres que conforman esta red se están organizando de forma autónoma. El pasado lunes, de hecho, presentaron su asociación en un acto en el que, con una mezcla de emoción y nervios, contaron lo que había supuesto para ellas, muchas madres solas, todas migrantes de diferentes países como Guinea Ecuatorial, Ghana, Bolivia, Ecuador, República Dominicana o Marruecos, la existencia de este espacio. Una de las participantes aseguró que el grupo le había cambiado la vida; otra contaba que “aquí todas somos hermanas” y todas seguían destacando la “energía positiva que había”, que se “sentían fuertes juntas” y  la importancia del proyecto en sus vidas.

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No es fiesta, es muerte

En 2015 se registraron más de 16.000 festejos con animales en España, muchos de ellos llevados a cabo con una notoria crueldad según denunció Dignidad Animal. Si bien esta cifra se va reduciendo gracias a la a la movilización social, todavía se celebran muchos espectáculos caracterizados por su gran brutalidad y sufrimiento.

Junto con la presión ciudadana, la llegada de candidaturas del cambio a gobiernos locales ha contribuido al nuevo desarrollo normativo, avanzando en la protección de los Derechos de los Animales. Sin embargo, contamos todavía con legislación estatal y autonómica que ampara la celebración de eventos taurinos, reconociéndolos como fiestas culturales que, dicho sea de paso, sobreviven en parte gracias a subvenciones que reciben de las administraciones.

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Oportunidad desangrada

El Ayuntamiento de Murcia, con innumerables y acuciantes problemas sociales, medioambientales y de servicios e infraestructuras que atender, ha destinado estas semanas una ingente cantidad de dinero público para llenar la ciudad de sangre de toro. La que impregna el cartel de la Feria Taurina, innegablemente descriptivo de la tortura que se promociona, que copa el alumbrado público, está presente en miles de folletos, en los escaparates de los comercios (incentivados por premios en metálico) y en 100.000 abanicos.

Vano esfuerzo. El derroche de dinero público no retorcerá una tendencia inequívoca: la industria del maltrato animal agoniza. Sus lamentables espectáculos tienen cada vez menos público. Lo vimos hace unas semanas, cuando una campaña nacional, con retransmisión de TVE incluida y visita del monarca jubilado, no consiguió llenar ni la mitad de la plaza de toros de San Sebastián en la “esperada” vuelta de la carnicería taurina a la capital guipuzcoana.

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Él no es humano, ¿nosotros sí?

La semana pasada la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) publicaba un informe que evidenciaba que la “fiesta nacional” sobrevive con fondos públicos. Afortunadamente, impulsado por la llegada de nuevas formaciones a los Ayuntamientos, el debate se está abriendo en todo el territorio. En particular, el revuelo que está generando en la capital murciana la moción que el próximo viernes llevará al Pleno del Consistorio Cambiemos Murcia, para que el Ayuntamiento no subvencione ni directa ni indirectamente festejos y actividades relacionados con la tauromaquia, nos recuerda que sigue generándose controversia en torno a este tema.

No se trata de una cuestión únicamente económica, los derechos de los animales no pueden ser ignorados por razones culturales o tradicionales bajo ningún concepto, pues entraríamos en colisión con la evolución de las sociedades actuales que avanzan sin pausa hacia la compasión por los más débiles. Es éticamente intolerable que una institución pública destine dinero a la tortura, nuestra sociedad no puede continuar con un modelo de diversión basado en sufrimiento de los animales, ni cultivar la cultura de la violencia, lo que además resulta contradictorio con la manera en que se ha reforzado recientemente el artículo 337 del Código Penal para incrementar las penas relacionadas con el maltrato de los animales.

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