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Marta Romero

Marta Romero es politóloga. Su trayectoria profesional está ligada al ámbito de la investigación social, el análisis político y la consultoría estratégica. Ha trabajado como investigadora en el CSIC y como analista política en Presidencia del Gobierno. Actualmente colabora con varias fundaciones de investigación.

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Tras la Vox-manía

Un nuevo partido ha irrumpido en la arena nacional. Imposible pasar por alto las imágenes del pasado 7 de octubre en las que, al más puro estilo “trumpiano”, los líderes de Vox llamaban a “hacer España grande otra vez” en un multitudinario mitin en Madrid.

Imposible también pasarlo por alto en un contexto marcado por el auge de los populismos nacionalistas y xenófobos a nivel europeo y a escaba global. Y, menos aún, en el mismo día en el que el foco de atención internacional estaba puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Una primera vuelta cuyos resultados vinieron a confirmar la pujanza de Jair Bolsonaro, como, y a falta de la celebración de la segunda vuelta que tendrá lugar el 28 de octubre, el potencial futuro Presidente ultraderechista del país más poblado de América Latina; y de otro nuevo dirigente de corte populista en el mundo.

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¿'Efecto Sánchez' en el voto… joven?

Recién cumplidos los primeros 100 días del ejecutivo de Pedro Sánchez, muy lejano parece el tiempo en que Mariano Rajoy copaba, como inquilino de La Moncloa, las portadas de los diarios, y el Partido Popular se mostraba confiado en su capacidad para agotar la legislatura y convocar elecciones generales en 2020.

Un breve repaso por la hemeroteca nos permite recordar como hace tan sólo unos pocos meses, el paisaje político era muy diferente al actual. A finales de mayo, se podían leer titulares en la prensa española como Rajoy salva la legislatura con el apoyo del PNV a los Presupuestoso Sánchez, año I: más cerca de Rajoy por Cataluña y estancado en las encuestas. Entonces, los socialistas, que se habían enfrentado con anterioridad al pronosticado, aunque no cumplido, “sorpasso morado”, temían el anunciado “sorpasso naranja” ante la pujanza de Ciudadanos. En abril, el CIS había situado a la formación naranja en el segundo puesto en estimación de voto, con una ventaja de cuatro décimas sobre el PSOE y a una distancia de menos de dos puntos respecto al PP. Incluso en otras encuestas ( aquí y aquí) publicadas en los medios, Ciudadanos aparecía como la fuerza política que obtendría más votos en unas elecciones generales.  

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Tras el éxito de Pedro Sánchez

Como si se tratara de una serie de ficción política, comienza ahora en la política española, y cuando nos aproximamos al ecuador de la legislatura, una nueva “temporada” en la que se ha introducido un giro inesperado del guión. En apenas nueve días, el partido que gobernaba en minoría en España pasaba de dar por segura su continuidad, hasta el final de la legislatura, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, a verse desbancado del poder tras prosperar una moción de censura.

La sentencia judicial sobre el caso Gürtel, que se conoció tan sólo un día después de que el PP consiguiera aprobar los Presupuestos, marcaba un punto de inflexión. La Audiencia Nacional daba por acreditada la existencia de una contabilidad B en el PP. En cuestión de horas, los partidos de la oposición reajustaron sus estrategias frente al nuevo escenario, con el innegable éxito del PSOE para sacar adelante la moción de censura. Sánchez lograba el apoyo de siete partidos cuyo único denominador común era el interés por desalojar a Rajoy de La Moncloa, evitando la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas y, con ella, la potencial arrolladora victoria de Ciudadanos.

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¿Cuál es el alcance del descrédito institucional?

Imagínense un país en el que la mayoría de sus ciudadanos tuviera confianza en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Un país en el que el nivel de confianza ciudadana en instituciones como la Jefatura del Estado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional superara el aprobado. Y en el que una mayoría social se mostrase satisfecha con el funcionamiento de la democracia.

Quizás hayan pensado en Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, por ser éstos los países que, tradicionalmente, encabezan los rankings internacionales de calidad institucional y democrática. Y no imaginarían que ese país hubiese podido ser España… alguna vez. Pero hace trece años, según los datos del  estudio 2620 del CIS realizado en octubre de 2005, un 57,5% de los españoles confiaba en el Congreso de los Diputados, un 50,5% mostraba tener confianza en el poder judicial y casi el 52% confiaba en el Gobierno central. Asimismo, en octubre de 2006, y de acuerdo con los resultados del estudio 2657 del CIS, la Monarquía, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional obtenían el aprobado en confianza ciudadana (con una puntuación media de 5, en una escala de 0 a 10, donde 0 es “no confía nada en absoluto” y 10 es “confía totalmente”). Entonces, la política y los políticos no formaban parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía y tan sólo un 2% consideraba la corrupción y el fraude como un problema que tenía España. En noviembre de 2006 ( estudio 2663 del CIS), el 57% de los ciudadanos declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia española.

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A vueltas con la sucesión de Rajoy

2018 no es (en principio) un año electoral. Sin embargo, es considerado por los partidos políticos como un "año puente" de cara a la primavera de 2019, en la que se celebrarán importantes citas electorales: comicios autonómicos en 13 comunidades autónomas, elecciones locales en toda España y comicios europeos. Muchas plazas territoriales y cargos estarán en juego en un contexto político precedido por el estancamiento de las expectativas electorales de los dos grandes partidos, PP y PSOE, el descenso de Podemos y el crecimiento de Ciudadanos.

Precisamente el buen momento político que vive ahora Ciudadanos, avalado por el éxito de haberse convertido en las pasadas elecciones catalanas en la fuerza política más votada en Catalunya, así como por el empuje que le dan los sondeos a nivel nacional, ha hecho que se enciendan todas las alarmas dentro de PP. Por un lado, Ciudadanos es un partido al que el conjunto del electorado percibe situado en una posición menos escorada a la derecha (con una media ideológica de 6,7 sobre 10 en una escala de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, de acuerdo con los datos del CIS de octubre de 2017), que al PP (con una media ideológica de 8,22 sobre 10). Por otro lado, la formación naranja constituye una opción política que, en el ámbito nacional, resulta, sobre todo, atractiva a ex votantes del Partido Popular; y su líder, Albert Rivera, está mejor valorado por los ciudadanos que Mariano Rajoy.

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21D: tras el voto joven

Unas horas antes de que comenzara (oficialmente) la campaña de las elecciones catalanas, el CIS publicó en su página web, el pasado lunes, los resultados de una encuesta preelectoral, realizada entre los días 23 y 27 de noviembre sobre la base de 3.000 entrevistas telefónicas en Cataluña.

Inevitablemente la atención mediática se ha centrado en conocer cómo se halla, a partir de los indicadores de estimación de voto y de escaños, el pulso que ofrece el CIS entre el bloque conformado por los llamados partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) y el bloque de los partidos independentistas (ERC, Junts per Catalunya y la CUP), con Catalunya en Comú- Podem posicionado entre uno y otro bloque.

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Tres miradas al barómetro del CIS sobre Catalunya

Todos los barómetros del CIS que incluyen indicadores electorales y de valoración política suscitan siempre una gran expectación y son ampliamente comentados por los medios de comunicación. Sin embargo, la expectación generada por el último barómetro que ha dado a conocer este organismo público, a través de su página web, seguramente bate récords. Se esperaba este barómetro, realizado entre el 2 y el 11 de octubre, para valorar el impacto, a nivel nacional, de la crisis catalana en el clima social y el pulso electoral. Se trata del primer estudio de opinión pública realizado por el CIS después de que se produjera el estallido de la crisis catalana, tras la celebración el pasado 1 de octubre del referéndum independentista.

El acusado incremento de la preocupación social por la situación de Catalunya ha sido uno de los resultados que más se han comentado. Algo que no es de extrañar, si tenemos en cuenta que el desafío independentista se ha convertido en un solo mes en la segunda preocupación ciudadana, sólo superada por el paro y desbancando al tercer puesto del ranking de problemas la inquietud que genera la corrupción y el fraude.

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El Procés: segunda parte

Pese a encontrarnos ante la crónica de un “tsunami político” anunciado, todas las previsiones se han visto superadas por el desarrollo que ha seguido el procés en los dos últimos meses. Desde que el pasado 6 de septiembre, las fuerzas soberanistas optaran por desafiar el marco constitucional aprobando la ley del referéndum y, al día siguiente, la ley de transitoriedad jurídica, la política española parece haberse convertido en el guion de una serie política, o, incluso, de un reality show.

Así, como si fuera el “El Show de Truman” (que aquí bien podría llamarse “El Show de Puigdemont”, por tener al ex President como principal protagonista), hemos asistido, durante ocho semanas, como espectadores a la retransmisión, en directo y durante 24 horas, de una crisis política con innumerables e insospechados giros.

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¿Cuál es el nivel de satisfacción social con el Estado Autonómico?

Desde que el Presidente Carles Puigdemont anunciara el pasado 9 junio la decisión de la Generalitat de convocar un (nuevo) referéndum de autodeterminación, poniendo como fecha el 1 de octubre, la metáfora del choque de trenes ha cobrado un gran protagonismo en el debate político y mediático. Apenas unas horas después del anuncio, el portavoz del gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, garantizaba, en una rueda de prensa, que el referéndum no se celebraría por ser ilegal y que se utilizarían todos los instrumentos del Estado de derecho para impedir su celebración.

Del temido choque institucional ya hemos asistido a varios episodios. El primero, se produjo a principios de septiembre, con la aprobación, en el Parlamento catalán en un polémico y cuestionado pleno, de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana. El segundo, el pasado 20 de septiembre cuando se produjeron las detenciones, por orden judicial, de altos cargos de la Generalitat por su participación en la organización del referéndum.

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¿En qué medida son felices los españoles?

¿Se considera usted una persona feliz? Si tuviera que cuantificar su nivel de felicidad utilizando una escala de 0 a 10, en la que 0 significa "completamente infeliz" y 10, "completamente feliz", ¿qué valor elegiría? ¿Cree que su nivel de felicidad es superior a la media? ¿Qué es lo que le hace feliz?

Es posible que nunca le hayan formulado abiertamente estas cuestiones o, incluso, usted mismo no se las haya planteado. O quizás piense que antes de responder, primero habría que precisar con claridad qué es la felicidad. Un término que, según dos de las tres acepciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española, se puede definir como "un estado de grata satisfacción espiritual y física" o "ausencia de inconvenientes o tropiezos". Ahora bien, ¿qué entendemos por satisfacción espiritual y ausencia de inconvenientes? La propia definición de felicidad es indicativa de las dificultades que entraña su medición.

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