En estos tiempos en los que todo cambia de forma brusca y repentina, detengámonos un momento. Volvamos la vista atrás. 2019 está a punto de terminar. Junto a los balances de fin año, proliferan, en los medios de comunicación, las crónicas prospectivas. Como siempre hacemos en esas fechas, queríamos prepararnos para el año siguiente. ¿Qué cabía esperar en 2020? En el orden económico, “casi nadie otea una recesión en el horizonte; más bien al contrario”, pues “los expertos auguran una aceleración del crecimiento, liderada por Europa y los emergentes, si la tensión comercial (entre China y Estados Unidos) disminuye”. En el ámbito político, los analistas apuntaban, entre los temas que marcarían la agenda política global, la revolución digital y la emergencia climática. Y, en el ámbito social, se vislumbraba la continuidad de las protestas globales en un contexto caracterizado por la desorientación, la desigualdad y la desincronización.
Ya con el nuevo año comenzado, a finales de enero, los líderes políticos, económicos y sociales de los diferentes países y regiones del mundo se reunían en Davos para debatir sobre los retos que afrontaba la humanidad. Reinventar el capitalismo, para hacerlo social y medioambientalmente sostenible, era la principal conclusión de la edición del Foro Económico Mundial 2020. Una edición que se saldaba también con la previsión de un crecimiento económico mundial más positivo, de lo que había sido el año anterior.
Lejanas (y ajenas) a esas reflexiones y previsiones parecían, entonces en una gran parte del mundo, las noticas e imágenes que llegaban de China, de ciudades y poblaciones de la provincia de Hubei totalmente cerradas y aisladas para detener el contagio causado por un nuevo virus de la familia Coronaviridae. Pero ahora, y tras haberse extendido por más de 150 países, el COVID-19, como si de un misil se tratara, ha impactado de lleno en las vidas diarias de millones de ciudadanos, transformándolas por completo. Y también ha pulverizado todas las previsiones económicas, políticas y sociales realizadas para este año. Hasta tal punto que el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora gerente, Kristalina Georgieva, ha advertido ya que podemos estar a las puertas de una recesión económica mundial de la misma, o incluso de mayor magnitud, que en 2008.
En menos de dos semanas, los ciudadanos de muchos países parecen haber pasado de ser espectadores de una distopía televisiva, a vivirla, desde dentro de la pantalla, como protagonistas. Y muchos jefes de Estado y de gobierno, de despachar con sus equipos los asuntos de la gestión diaria a combatir una guerra epidemiológica, con la adopción de drásticas e impopulares medidas de confinamiento social masivo. De este modo, y acostumbrados al término “disrupción tecnológica”, parece que asistimos a una “disrupción social” propiciada por una pandemia global que tiene, además de la vertiente sanitaria, otra económica y otra geopolítica. Y que se ve también acentuada por la percepción de fin de época que, como consecuencia de los efectos de la gran recesión de 2008, ha ido imponiéndose en la última década.
De forma acelerada, hemos visto cómo, en Europa, han emergido los Estados-nación, frente a las entidades supranacionales y subestatales. Tras años de recortes sociales y de privatizaciones, vuelve a ponerse en valor la gestión pública y la importancia de contar con sistemas sanitarios robustos. Ante economías que han sido “congeladas” en aras de lograr detener la propagación del virus, incluso los que habían defendido con mayor convicción las políticas de austeridad, reclaman planes millonarios al Estado, sin importar el déficit público, ni la deuda. E, incluso, abogan, como Luis de Guindos, actual Vicepresidente del Banco Central Europeo, por implantar una renta mínima de emergencia. Medidas que, más allá de las diferentes posiciones ideológicas, se consideran necesarias para paliar las graves consecuencias sociales que, en forma de pérdida de empleo y de aumento de la desigualdad, tendrá la paralización de la actividad económica en muchos países; particularmente si ésta se prolonga en el tiempo.
Por ello, no es de extrañar, que haya irrumpido con fuerza la pregunta de cómo será el mundo tras el paso del COVID-19. ¿Acabará la hiperglobalización con el confinamiento y se iniciará una nueva etapa postglobalizada o de desglobalización?; ¿se reinventará el capitalismo?; ¿se extenderá el teletrabajo?; ¿si se generalizan, con la ayuda de la tecnología, las medidas de control y vigilancia sanitaria por parte de los Estados, cómo las “digerirán” las democracias liberales?; ¿surgirá un nuevo orden global basado en la cooperación o habrá un repliegue nacionalista?; ¿desplazará China (definitivamente) a Estados Unidos como nuevo poder hegemónico?; ¿se revalorizará lo público?; ¿volverá a resurgir el keynesianismo?; ¿se fortalecerá el Estado de bienestar o, por el contrario, se verá debilitado a medio plazo?; ¿serán las sociedades más solidarias?; ¿recuperarán los ciudadanos la confianza en la política tradicional y perderá fuerza el populismo o será al revés?; ¿se construirá un nuevo consenso social y una nueva arquitectura de gobernanza global?
Las preguntas se agolpan de forma apresurada. Y son el reflejo de la necesidad de buscar certezas en tiempos de incertidumbre, aunque, como señaló Zygmunt Bauman, sea la incertidumbre la única certeza de nuestro tiempo. Un tiempo en el que si algo tenemos claro es que hacer predicciones y responder de forma rotunda a cuestiones que, incluso, son cambiantes, es un ejercicio cada vez más fútil.
¿Estamos ante un punto de inflexión?; ¿será éste positivo?; ¿será éste negativo?; ¿se trata de un (mero) paréntesis? No lo sabemos. Y las respuestas están condicionadas, esencialmente, a la duración de la emergencia sanitaria y, por ende, a la profundidad del daño económico y social que ésta generará. Cuándo y cómo (o no) se recuperará la “normalidad” (“business as usual” y “life as usual”) constituye el factor clave. Y el tiempo que se tarde en hallar una vacuna contra este virus puede resultar decisivo.
Quizás, a corto plazo, tengamos que prepararnos para la llegada a Occidente del “Estado policial digital al estilo chino”, tal y como apuntaba en un reciente artículo el filósofo surcoreano Byung-Chul Han. Algo que podríamos acabar por normalizar, si se impone la lógica de que la amenaza (esta vez muy real) de las epidemias requiere (al menos durante un tiempo) de la implantación de medidas excepcionales de seguridad sanitaria (como podría ser disponer de visados sanitarios para viajar, la realización de controles de temperatura a los viajeros en los aeropuertos, a los empleados en los centros de trabajo, etc.). Al igual que, tras los atentados del 11-S de 2001, se impusieron en el mundo medidas de seguridad excepcionales que acabamos aceptando como “molestias imprescindibles” para hacer frente a la amenaza terrorista.
Cuáles serán las lecciones que se extraigan (si se extraen) después, a nivel nacional y en los organismos de gobernanza global, sobre la gestión realizada del COVID-19, así como de las deficiencias y fortalezas de los sistemas sanitarios y de la atención pública a las personas mayores, como principales víctimas mortales de esta pandemia, también serán determinantes. Y tampoco se puede descartar que, pasada la emergencia y superado el período de angustia colectivo, la reflexión comunitaria, en muchos países, acabe únicamente en un reconocimiento al papel jugado por el personal sanitario y científico, así como por otros sectores que se están revelando esenciales como el del transporte, la alimentación, etc. Y en la mejora de los protocolos para actuar ante futuros brotes de este virus o ante nuevas epidemias.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que, junto a la reflexión colectiva, también cabe una reflexión individual. Cuando las opiniones públicas, en algunos países democráticos, cuestionan la lentitud con la que se han tomado medidas drásticas para evitar la propagación del virus y el colapso de los sistemas sanitarios, cabe plantearse si, como ciudadanos, empresarios, trabajadores, padres, hijos, amigos, hubiéramos aceptado que, habiendo pocos casos, un gobierno hubiera decretado el cierre de todos los establecimientos y nos hubieran confinado a no salir de casa con el perjuicio económico, social y psicológico que ello implica. ¿Lo hubiéramos aceptado sin “cuantificar” antes la amenaza real sobre nuestras vidas?
Cabe también preguntarse si, cuando la medicina que (a falta de vacuna y tratamiento) se ha revelado más eficaz para luchar contra el coronavirus es la cuarentena, la cumpliríamos de forma voluntaria a base de recomendaciones. Muchos ciudadanos son conscientes, en muchos países donde se están aplicado medidas de aislamiento social, que cuanto más disciplinados sean ellos en el cumplimiento de esas medidas, menos vidas humanas estarán en peligro y antes se podrá volver a recuperar la actividad económica. Pero, pese a ello, son muchos los que incumplen las restricciones y desoyen las recomendaciones. Y también son muchos los que acaparan productos de primera necesidad, aun sabiendo que eso puede perjudicar a otras personas y a la larga a ellos mismos, si se produjeran situaciones de desabastecimiento.
Paradójicamente la racionalidad de los seres humanos puede conducir a situaciones sociales e individuales subóptimas. Garrett Hardin teorizó y explicó en 1968 de forma muy ilustrativa cómo y por qué se produce la “tragedia de los recursos comunes”, utilizando la metáfora de un pasto comunal. De forma resumida, el razonamiento consiste en que los pastores que utilizan ese pasto libremente, sin ningún tipo de restricción, buscan maximizar su ganancia, haciendo un cálculo del beneficio individual que le reporta llevar a pastar un animal más y del coste compartido que supone la sobreexplotación del pasto. Todos ellos toman la decisión de introducir un animal más porque aprecian que el beneficio inividual que ésta les reporta es mayor al riesgo compartido. No obstante, el pasto se acaba agotando y todos acaban siendo perjudicados por su decisión “racional”.
Por ello, en algunos países europeos, como en Italia y Francia, los gobiernos han endurecido las medidas de confinamiento inicialmente tomadas, como restringir el tiempo y el área de distancia en el que se puede salir a correr o a pasear en la calle. O incluso en el Reino Unido hemos visto cómo el gobierno liderado por Boris Johnson ha pasado de no tomar ninguna medida, más allá de apelar a sus compatriotas a que siguieran una serie de recomendaciones, a decretar tres semanas de cuarentena obligatoria. Y por eso también en los establecimientos comerciales de algunos países se limita el número de paquetes de papel higiénico que una persona puede comprar por día. No parece que apelar a la conciencia y a la responsabilidad cívica sea suficiente para que prevalezca el bien común. Y menos aún en tiempos convulsos.
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