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Miguel Ángel Moreno Ramos

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"Tenemos promesas, pero todavía no tenemos suficiente dinero para reconstruir Gaza"

La ministra de Turismo de Palestina Rula Ma’ayah viajó a España para formar parte de la representación que su país envió a la Feria Internacional de Turismo FITUR. Su visita estaba centrada en mostrar la recuperación del turismo a su país después del ataque de Israel a Gaza entre julio y agosto de 2014 en el que murieron 2.100 palestinos; pero también ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional: "Tenemos promesas, pero todavía no tenemos suficiente dinero para reconstruir Gaza", ha alertado en conversación con eldiario.es tras el anuncio de la paralización de la ayuda de la ONU a la ciudad. 

El pasado 27 de enero la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció que tenía que suspender la ayuda a las familias de Gaza por la falta de dinero. Pese a que la conferencia internacional de países donantes realizada en El Cairo en octubre de 2014 prometió 5.400 millones de dólares (unos 4.700 millones de euros), este dinero no ha llegado y la ayuda se ha detenido, según corrobora la ministra palestina.

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Reparto desigual de la tierra en Paraguay: "Queremos esa y no otra. Allí se derramó mucha sangre"

Doscientas familias que siguen esperando a tener su "pedacito de tierra", una empresa con vínculos políticos que consigue una sentencia que muchos tachan de inexplicable, una decisión gubernamental que nunca llega y un desalojo violento que dejó 17 muertos (once campesinos y seis policías) en junio de 2012, provocando la caída del gobierno paraguayo de izquierdas encabezado por Fernando Lugo. Es la fotografía de un conflicto que refleja la realidad de un país en el que la desigualdad en el reparto de la tierra es abismal: en Paraguay el 80% de la tierra está en manos de un 2% de propietarios.

Marina Cué es un terreno de unas 2.000 hectáreas situado cerca de Curuguaty, la ciudad más poblada del departamento de Canindeyú, en la frontera con Brasil. Este terreno, propiedad de la empresa La Industrial Paraguaya, fue donado en 1967 por esta compañía al estado paraguayo, que lo destinó para uso de la Armada. En 1999 la fuerza naval desocupa el terreno por problemas logísticos y a partir de 2004 las tierras son destinadas a la reforma agraria, con intención de ponerlas en manos de agricultores. En ese momento, un grupo de unas 200 familias campesinas comienza el procedimiento administrativo para reclamar ese terreno.

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"La tragedia de Ceuta es un episodio del que hay que arrepentirse e investigar"

El danés Morten Kjaerum, director de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dialogó con eldiario.es durante su visita a España entre el 11 y el 13 junio. Este organismo independiente dentro de la UE fue creado para aconsejar a los gobiernos sobre el tratamiento de los Derechos Humanos y está formado por un representante de cada Estado miembro, dos enviados de la Comisión Europea y un experto independiente nominado por el Consejo de Europa

Kjaerum reconoció que la Agencia de Derechos Fundamentales ha realizado un seguimiento de las 15 muertes ocurridas en Ceuta cuando un grupo de personas intentaba alcanzar la costa española y que esperan al resultado de las investigaciones para saber “qué se hizo mal”. También se mostró preocupado acerca de la respuesta de España a las peticiones de asilo en la fronteras de Ceuta y Melilla, aunque afirmó que “no conoce casos particulares” sobre devoluciones ilegales o ‘en caliente’ por parte de las fuerzas españolas.

Como representante de un organismo que está realizando estudios sobre los crímenes de odio contra minorías en Europa como los gitanos, Kjaerum se mostró preocupado en “desenmascarar la intolerancia”, así como por los discursos que legitiman la violencia contra las minorías.

Pregunta: En estas elecciones europeas hemos visto cómo muchos partidos de extrema derecha con un discurso intolerante han crecido en Europa. ¿Está la Agencia de Derechos Fundamentales preocupada por este avance?

Respuesta: Siempre estamos atentos, sean partidos de izquierda, derecha o centro, si su discurso político promueve intolerancia contra minorías étnicas, sexuales, personas con discapacidad o cualquier otro grupo. Porque la intolerancia provoca miedo sobre aquellos que son amenazados, y el miedo puede hacer sus condiciones vitales muy difíciles. Al mismo tiempo, cuando los políticos hablan contra las minorías o utilizan palabras intolerantes, crean una legitimidad con ese discurso que provoca que otros se sientan legitimados, por ejemplo, para atacar a las minorías.

¿Cómo enfrenta el crecimiento de estos partidos con un discurso intolerante la Agencia de Derechos Fundamentales?

Lo que podemos hacer en términos generales es desenmascarar la intolerancia, hacerla visible. Muchos de los crímenes de odio que hemos estudiado han sido invisibles para la gente, para los Estados. Somos los primeros que hemos recogido los datos y lo hemos comprobado, cuando los hemos presentado a los Estados, se han puesto manos a la obra. Hay un grupo de trabajo con Estados Miembros viendo cómo entrenar a la policía mejor, cómo reforzar el trabajo contra los crímenes de odio, contra la discriminación, la homofobia u otras clases de intolerancia.

En noviembre de 2013 el gobierno español reforzó la valla de Melilla con más alambre de cuchillas. La comisaria europea Cecilia Malstrom hace unos días aseguró que “cada país tiene derecho a defender sus fronteras”. ¿Se trata de solo un asunto interno?

Es un asunto de legislación internacional, es un derecho soberano de cada Estado proteger sus fronteras como desee, siempre que deliberadamente no haga daño a las personas. Disparar a las personas sería algo inaceptable, pero construir una valla, si está claramente marcada, es algo que se puede hacer.

Nuestro objetivo es que aquellos que necesitan protección, sean personas vulnerables, refugiados, mujeres, niños... Tengan acceso a esa protección, que tengan siempre posibilidad de hallar a un cargo oficial para pedir esa protección de asilo.

Algunas organizaciones, e incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, han denunciado que en la frontera entre España y Marruecos se han producido devoluciones ilegales a personas que han entrado en territorio español y han sido ilegalmente devueltas a Marruecos. ¿Qué piensa sobre esto y cómo la Unión Europea puede involucrarse en este asunto?

No conozco los casos individuales, pero hay una obligación por parte de todos los Estados miembros de procesar las peticiones de asilo, valorar si hay necesidad de protección o no y si hay labores humanitarias que hacer con mujeres y niños. Las personas tienen que pedir asilo, llevarse a cabo un procedimiento, y si no hay asilo, pueden ser devueltos. A quien se extiende esa necesidad de protección lógicamente no puede ser devuelto. La irregularidad no es una violación de la ley internacional, pero yo no sé si eso ha tenido lugar.

Lo que podemos hacer es urgir a los Estados miembros para que realicen procesos de asilo seguros, que puedan dar cartas de asilo a aquél que lo pida.

No conoce las situaciones concretas, ¿pero está preocupado de que esto esté pasando?

Estoy siempre preocupado por lo que pasa en las fronteras, y por eso la Agencia de Derechos Fundamentales está llevando a cabo un gran estudio sobre las fronteras del Mediterráneo. Hemos recorrido las costas en barco con las policías de frontera, hemos entrevistado a los marineros, a los pescadores, a las personas que llevan los procedimientos de asilo... También hemos entrevistados a los policías de fronteras para entender dónde están los problemas.

Los próximos dos informes que vendrán tienen que ver sobre lo que pasa en los aeropuertos, qué pasa cuando la gente llega, y también en las fronteras terrestres. Tenemos que utilizar esto para entrenar a los policías de fronteras de toda Europa para que tengan cuidado y entiendan qué dice la Ley internacional acerca de las fronteras. Estoy seguro que la mayoría de los policías de fronteras están trabajando respetando los derechos fundamentales, esto no quiere decir que siempre esté todo claro, hay zonas grises. Pero es algo a lo que queremos contribuir.

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Una ONG que lucha por la "economía no violenta" contra el Banco Mundial, nominada al Nobel de la Paz

"En la India al menos un 65% de la población gana su sustento de la tierra, la madera y el agua. Sin embargo, un 40% de la población vive sin agua, sin tierra, sin recursos. Y la globalización les está quitando sus recursos muy rápido por la necesidad de beneficio del capital" explica Rajagopal PV, presidente y fundador de Ekta Parishad, una organización que ha basado en la filosofía de la no violencia su lucha por la propiedad de los recursos de la mano de los 'sin tierra' en la India. Una lucha que les ha valido la nominación al Nobel de la Paz 2014.

Bajo la no violencia inspirada en 'Mahatma' Gandhi, que entiende no solo como una forma de lucha sino como una "idea global" en "el pensamiento, la acción" e incluso "la economía no violenta", Rajagopal PV y su organización luchan por el derecho a la tierra de una gran parte de la población india, presa de una legislación heredada del pasado colonial y no reformada en favor de los habitantes originarios del territorio, además del interés de la agricultura extensiva y las empresas que pretenden hacer beneficio de terrenos habitados por generaciones de 'sin tierra'.

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El Congreso sigue dando la espalda al desarrollo

El Congreso de los Diputados sigue ignorando el enfoque en favor del desarrollo y la lucha contra la pobreza en la mayoría de los actos parlamentarios (proposiciones de ley y no de ley, enmiendas, interpelaciones o preguntas) que tienen que ver con temáticas relacionadas con el desarrollo, según concluye el Informe Avizor 2013. Este estudio analiza, por segundo año consecutivo, las iniciativas que los diputados llevaron a cabo relativas a estos asuntos, y concluye que, de un total de 1.438 iniciativas entre 2012 y 2013, tan solo el 37% tenían un enfoque 'prodesarrollo', de manera que el 63% ignoraban una aproximación favorable al desarrollo y la lucha contra la pobreza. 

Los resultados de este nuevo informe elaborado por el Proyecto Avizor, que elabora el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE) de la Fundación Salvador Soler, reflejan un panorama cercano al que constataron en su primer informe, el de 2012, en el que ya señalaban que la mayoría de las actividades parlamentarias con impacto en la lucha contra la pobreza y el desarrollo de terceros países tenía un enfoque que ignoraba una visión prodesarrollo o era negativo para ésta.

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"En el sistema educativo israelí la palabra 'palestinos' no existe. Son árabes, no palestinos"

Resistirse a la complacencia en un país militarizado e insensibilizado con la ocupación por décadas del territorio que pertenece a otro pueblo. Esa es la decisión que, por caminos muy distintos, han escogido los jóvenes israelíes Sahar Vardi y Micha Kurz, activistas de Jerusalén, que describen la sociedad israelí como “militarizada” y reconocen cierta insensibilidad en sus compatriotas, que viven “en una burbuja” y toman el conflicto palestino-israelí más como un aspecto teórico que como algo “personal”.

“La sociedad israelí ha sido capaz de ‘despolitizarse’ a sí misma", explica la activista respecto a la ocupación de territorios palestinos. "La gente puede estar de acuerdo o no, apoyarte o rebatirte, pero nunca es un gran problema, no tiene mucha trascendencia. No sentimos el conflicto como propio, en el lado israelí”, añade Sahar Vardi, activista de 24 años que estuvo encarcelada durante tres meses por haber objetado de hacer el servicio militar, obligatorio para los jóvenes que cumplen 18 años en el país hebreo.

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