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Miguel Urbán

Eurodiputado de Podemos.

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Paremos la anexión de Cisjordania

Este 5 de junio, el calendario de la memoria histórica del pueblo palestino está marcado en rojo. Hace 53 años, Israel ocupaba militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península egipcia del Sinaí y los Altos del Golán sirios. Fue el día de la Naksa, de la caída, del retroceso. Desde entonces y hasta hoy, el territorio palestino de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este vive subyugado por el régimen de ocupación militar más largo de la historia moderna.

Según el derecho internacional, la ocupación militar es un régimen temporal que puede establecerse para mantener la seguridad en un momento determinado. Sin embargo, la ocupación militar de ese territorio palestino dura ya 53 años. Más de cinco décadas de ocupación militar durante las cuales Israel ha vulnerado sistemáticamente el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los Derechos Humanos a través del uso indiscriminado de la violencia contra la población palestina, de la explotación de sus recursos naturales, la construcción de un muro y controles militares que limitan la libertad de movimiento y fraccionan el territorio o la imposición de sistemas legales arbitrarios que despojan a la población palestina autóctona de sus derechos más básicos. Casi 2 millones de personas llevan 13 años sufriendo un "confinamiento" inhumano debido al bloqueo de Gaza.

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Por un tasa europea COVID-19 a multimillonarios y multinacionales

Algo menos de diez años después de la llamada "crisis del euro", nos volvemos a encontrar a las puertas de una nueva crisis de alcance y dimensiones desconocidas. Si bien es cierto que la pandemia de la COVID-19 puede agravar y acelerar sus consecuencias, resulta fundamental recordar que esta crisis llevaba fraguándose a fuego lento desde hace mucho tiempo. A lo largo de esta última década hemos visto cómo desde las instituciones europeas y los gobiernos nacionales se rescataban bancos mientras se dejaba hundirse a millones de familias, se sometía a los pueblos del sur de Europa a una auténtica doctrina del shock neoliberal y se intervenía sus economías, suspendiendo de facto su soberanía. Diez años que han supuesto una década perdida para las clases populares, pero una época de ganancias para las grandes corporaciones que no han parado de aumentar sus beneficios y su poder. Un tiempo marcado por la combinación de escasez y desigualdad, donde la pérdida de peso de las rentas del trabajo en favor de las del capital reluce de forma especialmente sangrante. Tiempos de oligarquización acelerada del poder, un fenómeno que se erige a la vez como resultado, causa y eje central del nuevo ciclo histórico que viven Europa en general y España en particular.

La evasión y la elusión fiscal de las grandes fortunas y multinacionales está en el corazón tanto del vertiginoso aumento de la desigualdad en todo el mundo como de la tendencial carestía financiera de los Estados. Mientras las y los trabajadores contribuyen con sus impuestos –y ponen la parte que otros no han pagado-, la austeridad se instala en las políticas públicas con recortes sobre nuestra educación o sanidad y, en definitiva, sobre nuestros derechos. Y como estamos comprobando a un alto coste estos días, los recortes directa y literalmente matan.

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¿Quién tiene derecho a tener derechos en Europa?

Este miércoles 18 de marzo se cumplen cuatro años del "acuerdo" migratorio entre la Unión Europea y Turquía, más conocido como Acuerdo de la Vergüenza. Un acuerdo entrecomillado porque la UE como tal realmente nunca firmó nada parecido con Ankara, sino que se limitó a comunicar un acuerdo bilateral entre Grecia y Turquía. Legal y formalmente el acuerdo en sí no existe, y así nos lo han dejado varias veces claro los tribunales comunitarios cuando hemos intentado denunciarlo. Pero en la práctica ese "statement" de la Comisión bien que construye realidad, mueve miles de millones de euros y provoca consecuencias humanas y geopolíticas.

Independientemente del maquillaje con el que la UE intentó camuflar el no-acuerdo, su aplicación supuso una subcontratación en Turquía de la gestión de los flujos migratorios con destino a Europa. Esto ha convertido durante estos años al gendarme turco en guardián fronterizo de Schengen, como ya venía ocurriendo desde tiempo atrás con Marruecos y como desde entonces la UE intenta hacer con otros países de Oriente Medio y el Norte de África. Pero, sin duda, el Acuerdo de la Vergüenza con Turquía constituyó una pieza central en el proceso de externalización de fronteras en la que se asienta la construcción de la Europa Fortaleza.

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El nuevo presupuesto comunitario: el mismo camino equivocado

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordados.

Sí se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

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El Sáhara, una cuestión pendiente para el nuevo Gobierno

"Los saharauis nos tenemos que mover para que la comunidad internacional se mueva, llevamos demasiado tiempo esperando abrir una nueva etapa". Estas eran las palabras de Jatri Aduh, presidente del Consejo Nacional Saharaui, durante nuestro encuentro en Tifariti, en el marco del XV Congreso del Frente Polisario. Un espléndido resumen del sentimiento generalizado que se respiraba en esta trascendente conferencia política después de más de 28 años de insoportable bloqueo por parte de la comunidad internacional tras el alto el fuego de 1991. Convirtiéndose ya en uno de los conflictos internacionales más antiguos en los que participa una misión de la ONU, que tenía como única tarea un referéndum a realizar seis meses después de dicho acuerdo.

La realización del Congreso del Polisario por primera vez en Tifariti es un mensaje en sí mismo, tanto por la importancia de las decisiones a tomar, como de la lógica de abrir una nueva etapa en el movimiento saharaui. Tifariti tiene un simbolismo muy importante, no solo por ser la capital del Sáhara liberado, sino también porque dota a la ciudad de una actividad que es una declaración de soberanía por parte de los saharauis frente a las pretensiones del Gobierno de Marruecos, que sigue reclamando el conjunto del territorio del Sáhara Occidental.

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Equilibrio presupuestario, ¿objetivo de la política económica?

El pasado 12 de noviembre, dos días después de la repetición electoral, se hacía público por sorpresa un preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Más allá de la sorprendente rapidez en anunciar un entendimiento que había sido imposible los meses posteriores a las elecciones generales del 26 de abril, se presentaba un documento, dos páginas escasas, que pretende establecer las bases del futuro gobierno.

En el referido documento es especialmente reseñable el apartado 10, que se encabeza con la frase "Justicia fiscal y equilibrio presupuestario"; un poco más adelante, el texto señala que se aplicarán políticas "con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal entre España y Europa". Nos preguntamos si alcanzar el referido equilibrio presupuestario debe figurar entre los objetivos de un gobierno de izquierdas y si debe ser la Unión Europea (UE) de la austeridad nuestra referencia en materia presupuestaria.

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Agadez, la última frontera de la Europa Fortaleza

Este martes es el Día Internacional del Migrante, efeméride declarada por la Asamblea de la ONU en 1999 con el objetivo de reconocer la gran contribución, a menudo ignorada, que millones de emigrantes hacen a la economía y al desarrollo social y cultural de los países en todo el mundo. Pero no sólo se ignoran los beneficios y sobre todo los derechos de las personas migrantes, sino que estamos asistiendo en los últimos años a un peligroso proceso de criminalización de la migración y del propio migrante como sujeto de derecho

Celebrar el Día del Migrante cobra especial relevancia ante la fallida cumbre migratoria de Marrakech, que a pesar de ratificar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, nace herido de muerte. No sólo por ser un acuerdo jurídicamente no vinculante sino, sobre todo, por las resistencias que ha generado entre países especialmente relevantes como Australia, Chile, Italia, Israel, hasta seis países centroeuropeos y los Estados Unidos, que se opuso desde el principio. 

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La extrema derecha y la crisis de Europa

Cuando repasamos los resultados electorales de la extrema derecha europea en la última década no puede más que generarnos una fuerte sensación de desasosiego por su marcada tendencia al alza, capitalizando un voto de protesta gracias a la inseguridad social, laboral y económica.  Un éxito que no solo no parece frenarse, sino todo lo contrario, parece que las diferentes manifestaciones de extrema derecha en Europa quieren convertir la próxima convocatoria de las elecciones europeas en un referéndum sobre el apoyo popular a su modelo autoritario y xenófobo. Además, no solo podemos circunscribir el éxito de la extrema derecha al campo electoral, sino también al terreno de la generación de un discurso vertebrado y unificador capaz de condicionar las propias políticas de las instituciones europeas, tal y como estamos comprobando trágicamente en la crisis de fronteras y de derechos que estamos viviendo en Europa. 

Cabe hablar por lo tanto de un verdadero “poder de agenda”, entendido como la capacidad de establecer las prioridades programáticas, las problemáticas más relevantes y los enunciados discursivos que fijarán los términos del debate. Desde las instituciones europeas y los partidos de la gran coalición ya se han hecho recurrentes las llamadas de alerta ante el auge de actitudes racistas y organizaciones xenófobas. Sin embargo, en lugar de plantear contrapropuestas para combatir estos discursos excluyentes, esos mismos actores están aceptando el terreno de confrontación que propone la extrema derecha, asumiendo así buena parte de sus postulados. Es lo que en Francia se conoce desde hace años como “lepenización de los espíritus”, fenómeno que hoy recorre casi toda Europa: la capacidad de la extrema derecha para marcar agenda política sin necesidad de acceder a puestos de gobierno para ello. 

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No hay otra economía sin cuestionar el poder

Uno de los supuestos más queridos por la teoría económica convencional y dominante es que los salarios aumentan cuando la productividad del trabajo mejora. Dada la existencia de ese nexo, al que se otorga la categoría de ley económica, la clave está en llevar a cabo políticas orientadas a propiciar crecimientos en la productividad.

¿Tiene algo que ver la realidad con ese axioma? Ningún parecido. Entre 2000 y 2007, el peso de los salarios en la renta nacional retrocedió en la Unión Europea (UE) un 1,6%; retroceso que se produjo en 17 de las 28 economías europeas. Entre 2010 y 2018 la caída ha sido del 0,8%, afectando al mismo número de países comunitarios (si bien la composición de ese grupo fue algo diferente). Adviértase que en la primera de las etapas consideradas (2000-2007), cuando se lanzó la moneda única, el PIB real de la UE aumentó en términos agregados un 16,9%; el crecimiento fue también positivo entre 2010 y 2018, del 12,6% (sólo Grecia obtuvo en este último periodo un registro negativo). Esta evolución refleja que, en realidad, la trayectoria seguida por los salarios se ha descolgado del curso seguido por la productividad.

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Necesitamos una revolución… fiscal

Alexis Tocqueville en su famosa obra “El Antiguo Régimen y la Revolución” sostenía que realmente la revolución francesa se inició no en 1789 sino dos años antes cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la llamada “revuelta de los privilegiados”. Esta situación forzó a Luis XVI a convocar los Estados Generales aliándose con el Tercer Estado para acabar con los privilegios de la aristocracia. El 19 de junio de 1790 se aprobó la supresión de los títulos de la nobleza hereditaria y que todas las exenciones fiscales pasaran a consideradas “delito nacional”.

Algo más de doscientos años después de la revolución francesa, las élites económicas mundiales se han conformado en una nueva aristocracia que se cree con el derecho de no pagar impuestos. Filtración tras filtración descubrimos nuevos nombres de multinacionales, multimillonarios, famosos o políticos que utilizan empresas offshore o pantalla para ocultar su verdadero patrimonio en paraísos o guaridas fiscales al margen de las obligaciones tributarias. La evasión y elusión fiscal de las grandes fortunas y empresas están en el corazón de las razones del vertiginoso aumento de la desigualdad, así como en el de la carestía recaudatoria de los estados. Solo para hacernos a la idea de la magnitud del problema, en la comisión de investigación de los Papeles de Panamá del Parlamento Europeo hemos calculado que la Unión Europea pierde un billón de euros anuales de recaudación tributaria producto de la evasión y la elusión, un montante económico casi equivalente al producto interior bruto de un país como España.

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