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La Larga noche de la impunidad

Víctimas del franquismo piden verdad, justicia y reparación.

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Presiento que tras la noche

Vendrá la noche más larga,

Quiero que no me abandones

Amor mío, al alba.

Hoy se cumplen 45 años del asesinato de las últimas cinco personas a las que Francisco Franco mandó fusilar. Este 27 de septiembre se cumple el aniversario en el que José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui mancharon de sangre el alba de Barcelona, Burgos y Hoyo de Manzanares (Madrid). A día de hoy siguen impunes los jueces que condenaron, los ministros que convalidaron y los voluntarios que participaron en los piquetes de ejecución de estos asesinatos "legales". Igual que ocurre con los responsables de los centenares de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros múltiples delitos cometidos durante toda la dictadura franquista.

Los asesinatos del 27 de septiembre suponen y representan un crimen de Estado, un crimen internacional, un crimen contra la humanidad, al haberse cometido en un contexto en el que la dictadura franquista, fiel a su política sanguinaria, ejercía una represión sistemática contra la población civil y muy en particular contra todos aquellos que se oponían a la dictadura. Miles de personas se movilizaron en todo el mundo para evitar estos asesinatos, pero Franco decidió morir matando. A pesar de haber transcurrido ya 45 años desde ese funesto día, las familias de los asesinados continúan exigiendo todavía una justicia que se les ha negado en democracia. 

Una democracia que, a diferencia de los países que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español, no ha podido juzgar su dictadura, sus crímenes y a sus criminales, una auténtica excepción en Europa. En torno a esta excepcionalidad democrática española se ha construido un régimen de impunidad único en el mundo, como reconoció el filósofo Jon Elster en un estudio comparado, al afirmar que “el caso español es único dentro de las transiciones a la democracia por el hecho de que hubo una decisión deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional”.

Esta impunidad es la base sobre la que se asienta tanto la permanencia del aparato represivo del Franquismo como, sobre todo, el mantenimiento del bloque económico y de poder que transitó de la dictadura a la democracia. Porque si algo caracterizó a la Transición fue que las élites del franquismo transitaron impunemente al nuevo marco constitucional, conservando intactos los privilegios que habían acumulado durante la dictadura y gracias a ella.

Esta sistemática inactividad, omisión e incluso obstrucción activa a cualquier posibilidad de juzgar al franquismo por parte de las autoridades políticas y jurídicas de nuestro país ha motivado que las víctimas de la dictadura hayan tenido que recurrir a instancias internacionales en defensa de sus derechos.  Así, han interpuesto las correspondientes querellas por estos hechos ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, en el que se tramita la denominada querella argentina en virtud del principio de Justicia Universal. 

La presentación de dichas querellas originó que el Juzgado argentino imputara en el año 2014, por delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad, entre otros, a dos ministros franquistas, Fernando Suárez González y José María Sánchez Ventura Pascual –hoy fallecido- y a uno de los vocales auditores que actuó en los Consejos de Guerra que dictaron las condenas a muerte ejecutadas el 27 de septiembre, Jesús Cejas Mohedano.

Si bien las autoridades judiciales argentinas interesaron su extradición, dichos pedidos fueron denegados por el Consejo de Ministros español en el mes de marzo de 2015. También el Juzgado argentino, durante el año 2016, solicitó que se tomara declaración indagatoria a los imputados por parte de los Juzgados y Tribunales españoles y esa posibilidad también fue rechazada por éstos. Esto es, el Estado español ni investiga ni juzga tan horrendos crímenes, ni colabora, tal y como está obligado, con la justicia argentina para esclarecer y enjuiciar los hechos denunciados. Todo ello a pesar de que tal y como estipulan las normas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los  que se cometieron sistemáticamente durante toda la dictadura franquista.

Sirva de ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por España antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 15.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.

Hace unos días conocimos el contenido del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática presentada ante el Consejo de Ministros. El contenido normativo que incorpora el citado Anteproyecto, si bien supone un avance muy sustancial en relación con el reconocimiento de determinados derechos a las víctimas de la dictadura y la Transición, en el terreno de la Justicia las medidas que prevé son insuficientes. Básicamente porque no modifica de forma sustancial los elementos jurídicos que esgrimen los Juzgados y Tribunales españoles en múltiples resoluciones para archivar todas y cada una de las acciones penales que se ejercitan.

Estos elementos, como son la Ley de Amnistía de 1977, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos, deben ser desplazados, en cuanto a su aplicación, atendiendo al contenido de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en esta materia. Pero los Juzgados y Tribunales españoles no lo hacen, se niegan a hacerlo, y así lo han venido afirmando en sus resoluciones. 

Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus espaldas. No hay justificación ética, política o jurídica que justifique no remover definitivamente los obstáculos que impiden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de la dictadura y sus familiares. No solo se lo debemos a Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla, Ramón García Sanz, Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot "Txiki", los últimos fusilados por el franquismo. Sino que nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad, porque una democracia que haga honor a ese nombre, no puede seguir transitando por la larga noche de la impunidad.

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