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Saquemos lecciones de los Papeles del Paraíso

Ilustración de Lucid Waters.

Miguel Urbán

Eurodiputado de Podemos —

La pasada semana volvía a saltar a la luz una nueva filtración masiva de documentos relacionados con la evasión y la elusión fiscal a través de empresas offshore en paraísos o guaridas fiscales. Esta vez con el nombre de Paradise Papers o Papeles del Paraíso, que incluye 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Así como los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas o guaridas fiscales, doce de ellas no reconocidas como paraísos fiscales por el gobierno español como ya paso con Panamá: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia)

Mientras la filtración de los llamados como papeles de Panamá permitieron conocer en detalle el funcionamiento básico del mundo “offshore” de la mano del Bufete de abogados Mossack Fonseca. Los  Paradise Papers nos revelan una filtración equivalente a los Papeles de Panamá, esta vez en un espacio offshore ligado a la zona de influencia británica y en el que están comprometidas en un nivel superior a la anterior revelación grandes multinacionales, o fortunas tan poderosas como la de la Corona Británica, mostrándonos en este terreno la trama de lo que significa la evasión fiscal: El entramado de la planificación fiscal y el papel de los bufetes de abogados como facilitadores necesarios de la evasión; El complejo sistema de las guaridas o paraísos fiscales, jurisdicciones opacas imprescindibles para la evasión fiscal; y por último, no sólo destacados nombres de monarquías, millonarios, políticos, famosos o artistas como ya se reveló con los Papeles de Panamá sino también el de las multinacionales que utilizan a los bufetes y las guaridas fiscales para maximizar sus beneficios eludiendo sus obligaciones fiscales.

Appleby nos adentra en el complejo mundo de la planificación fiscal con el fin de reducir o eludir las obligaciones fiscales, especialmente por parte de las grandes fortunas y multinacionales. Dejando patente el papel de los despachos de abogados como facilitadores necesarios en la evasión fiscal. Demostrando la incapacidad de los mecanismos autorreguladores, siendo necesaria una fiscalización pública e independiente de los mismos, tal y como hemos insistido en el parlamento europeo ante la negativa de populares. La propia Appleby es un prestigioso bufete de abogados que presta servicios a clientes con fortunas a partir de los 30 millones de dólares y que aseguran cumplir con los mayores estándares de control ante casos delictivos. Por ello es fundamental una regulación de los promotores y facilitadores de productos fiscales y gestores de patrimonio, con mecanismos de transparencia, registro y sanciones disuasorias para que se abstengan de desarrollar programas de planificación fiscal agresiva, obligándoles a actuar en interés público sin ampararse en el secreto profesional.

Los papeles del paraíso muestran como los bufetes implicados se dedican a crear complejas estructuras societarias para ocultar el verdadero beneficiario de unos bienes, lograr una mejor optimización fiscal o incluso evadir el pago de impuestos mediante la ocultación de patrimonio y el movimiento de grandes cantidades de dinero lejos de los ojos del fisco por parte de multimillonarios y multinacionales. Una gestión opaca del patrimonio posible principalmente a través de sociedades, 'trusts' y fundaciones de interés privado, pero también del abuso de otros vehículos para la evasión como las acciones al portador, derivados, seguros de vida, criptomonedas, o zonas francas, ocultando la verdadera identidad o los beneficiarios reales del patrimonio consiguiendo eludir el pago de impuestos. De ahí que estas compañías se conozcan también como “sociedades pantalla”, o buzón –porque no hay otra cosa en su sede formal, radicadas en exóticos territorios de ultramar-, puesto que su único fin es ocultar la identidad del dueño del patrimonio. La propia oferta básica de Appleby se basa en servicios corporativos, constitución de 'trusts' y gestión de fondos de inversión. En la comisión de investigación del parlamento europeo sobre los papeles de Panamá desde Podemos hemos insistido en proponer el desarrollo de Registros públicos de beneficiarios reales coordinados con los registros de propiedad de acceso a las autoridades fiscales, y un registro público abierto de los acuerdos de planificación fiscal agresiva. Así como registros de fundaciones y fideicomisos o similares reduciendo el umbral de participación para tener la obligación de identificar el beneficiario último o titular real. 

Las empresas offshore pueden ser legales, siempre y cuando el beneficiario último lo declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. Ahora, en múltiples estudios se ha constatado que este tipo de empresas pantalla son utilizadas en una abrumadora mayoría de los casos para la evasión fiscal o para la elusión en términos equiparables a la evasión. También coincide que los mismos vehículos de evasión utilizados, son a los que recurren luego las tramas de corrupción, financiación del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas, para esconder la identidad de las personas involucradas en dichos delitos para esconder la parte financiera de sus crímenes y no poder ser rastreados. Esto nos debería de hacer replantear la legalidad de empresas que se utilizan como pantalla o escudo para impedir conocer el propietario real. 

El otro elemento destacado de los Papeles del Paraíso es la filtraciónde seis millones de documentos procedentes de los registros mercantiles de diecinueve jurisdicciones opacas, territorios considerados como guaridas o paraísos fiscales en alguna de las diferentes listas internacionales elaboradas al respecto. Aunque para España doce de ellas no son consideradas como paraísos fiscales, habiendo siendo cinco de estas jurisdicciones opacas retiradas de la lista española de paraísos fiscales en los últimos años por el gobierno del PP como ya pasó con Panamá durante el gobierno Zapatero. Estos documentos administrativos son tan importantes porque contienen información sobre los accionistas, administradores y representantes legales de las compañías offshore o pantalla. Actualmente, según el economista Gabriel Zucman el diez por ciento de la riqueza mundial se encuentra en países ‘offshore’. Estas guaridas fiscales para multinacionales y multimillonarios son un verdadero agujero negro para el desarrollo de millones de personas en el mundo, constituyendo un factor clave de la actual crisis de desigualdad global que padecemos.

Pero no podemos señalar a Panamá o las Bermudas sin antes mirar en Europa. A pesar de que la Unión Europea no considera paraíso fiscal a ninguno de sus veintiocho estados miembros, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sí incluye a dos países de la UE en su lista de paraísos fiscales: Malta y Chipre. Aunque nosotros coincidimos con diversos organismos internacionales y entidades sociales como Oxfam que también incluyen a Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y, en menor medida, Bélgica dentro del grupo de países con grandes ventajas fiscales dentro de la UE. Recordemos el caso de Luxleaks, un entramado de evasión fiscal que tenía en Luxemburgo su epicentro durante el mandato del actual presidente de la comisión europea Jean Claude Junker. De hecho, según Zucman las seis jurisdicciones europeas menos colaboradoras (Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Malta y Chipre) desvían fondos por un total de 350.000 millones de euros cada año (cifra algo superior al gasto contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de España para 2017). 

Uno de los grandes retos de la UE en materia fiscal es conseguir un tipo efectivo mínimo fiscal europeo uniforme, y no sólo una armonización de las bases imponibles, que evite una competición a la baja o “dumping fiscal” combatiendo la planificación fiscal agresiva, así como realizar un registro de Tax Rulings (acuerdos fiscales a medida) que garantice una mayor cooperación e intercambio fiscal entre países miembros de la UE. Acabando con las guaridas fiscales en el seno de Europa y desarrollando una lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas y de alto riesgo, que a nosotros nos gustaría unificar en una lista de jurisdicciones fiscales no comprometidas con la justicia fiscal, incluyendo aquellas con tipos impositivos efectivos del impuesto de sociedades menores al 25% , que además no establezcan un marco transparente de identificación de titulares reales o no desarrollen mecanismos de intercambio de información, estableciendo sanciones proporcionadas y disuasorias contra los países en dichas listas.

Por último, en los papeles del Paraíso se evidencia como las multinacionales utilizan empresas pantalla y guaridas fiscales para evitar pagar el conjunto de sus obligaciones fiscales dejando así casi intactos sus beneficios. A las grandes corporaciones les daña a su imagen corporativa la aparición en estas filtraciones, y lo que vemos es que este tipo de procesos añaden presión para que cumplan más con sus compromisos fiscales. Sin embargo, falta mucha pedagogía para explicar que los procesos de elusión fiscal, sobre todo los planificados para trasladar beneficios mediante precios de transferencia a jurisdicciones muy ventajosas, quiebran el espíritu de la ley, y son en alta proporción equiparables a un fraude ilegal. Por ello, esta situación debería de urgirnos a tomar medidas decididas como por ejemplo establecer retenciones fiscales en origen para evitar la política de transferencia de precios que permite hacer aflorar beneficios en países terceros con condiciones fiscales favorables. Así como realizar una legislación europea sobre el tratamiento de las sedes de las empresas en relación a prevenir el abuso de los precios de transferencia a escala europea.

Desde hace tiempo vemos como año tras año sale a la luz una nueva filtración de papeles que demuestran como las elites económicas y políticas del mundo se consideran la “nueva aristocracia global” gozando del privilegio de estar exentos de pagar impuestos. Mientras, trabajadores y pequeños productores contribuyen con sus impuestos –y ponen la parte que otros no han pagado-, la desigualdad en el mundo se multiplica y la austeridad se instala en las políticas públicas con recortes sobre nuestra educación, sanidad, sobre nuestros derechos. La evasión y la elusión fiscal no son casos aislados o coyunturales, entrañan un fenómeno estructural del capitalismo líquido de nuestro tiempo. La lucha contra la evasión fiscal se torna hoy más que nunca en un cuestionamiento del orden mundial imperante, un cuestionamiento del acaparamiento del conjunto de los recursos del planeta por la minoría del Uno por ciento.

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