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Fernando Luengo

Profesor de economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Podemos (círculo de Chamberí).

La desigualdad, el gran desafío de Europa

Un tsunami devastador recorre Europa y tiene nombre: desigualdad. Esta es consustancial al sistema económico capitalista y ha ganado relevancia con la irrupción y el triunfo del neoliberalismo, a comienzos de la década de 1980. Pero ha sido con el estallido del crac financiero y con la aplicación de las políticas implementadas desde las instituciones comunitarias y los gobiernos cuando ha alcanzado los mayores umbrales. No solo hay más desigualdad; además, presenta rasgos nuevos que la hacen más amenazante.

Sin pretender una descripción exhaustiva de los niveles actuales de desigualdad, algunos indicadores seleccionados pueden dar cuenta de su dimensión. Se refieren al periodo comprendido entre 2010 y 2017-2018 (dependiendo de la disponibilidad de datos), cuando, superados los episodios más críticos de la crisis financiera, la mayor parte de las economías comunitarias han retomado la senda del crecimiento. Son, asimismo, los años de aplicación generalizada, especialmente intensa para los países del sur de Europa, de las denominadas políticas de austeridad y las reformas estructurales que las han acompañado.

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¿Subir o bajar los impuestos?

Este dilema estará, ya lo está, en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Parece una pregunta clara a la que los partidos políticos en liza tendrían obligación de contestar.

El recetario de la derecha es "bajemos los impuestos" y los argumentos puestos sobre la mesa son de sobra conocidos: la carga fiscal que soportan las familias y las empresas es muy elevada y ello desincentiva tanto el consumo como la inversión; el Estado es intrínsecamente ineficiente, en oposición al sector privado, y por lo tanto conviene reducir su peso en la economía.

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Otra Europa, otras reformas estructurales

Un lugar destacado en la ceremonia de la confusión que impregna el discurso económico neoliberal está ocupado por el término “reformas estructurales”. Como otras expresiones, esta formaría parte del sentido común y de la lógica económica. En su acepción más habitual, apuntan a la supresión de todas aquellas restricciones que lastran, por el lado de la oferta, el crecimiento económico.

Si damos por bueno este enfoque, estamos aceptando que el objetivo último, que justifica y concede legitimidad a esas reformas, es la consecución de un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo. Este postulado —que constituye todo un icono de la economía convencional y es asimismo incorporado por un buen número de economistas críticos— debe ser, sin embargo, radicalmente cuestionado, al menos por dos razones.

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Manufacturas, tecnología y empleo, una relación problemática

Buena parte del potencial de creación de puestos de trabajo en la industria manufacturera se suele asociar a la necesidad de proceder al fortalecimiento de las ramas manufactureras de mayor contenido tecnológico. Por varias razones. A diferencia de las industrias maduras, donde habría un evidente exceso de capacidad productiva instalada en relación a las posibilidades de absorción de los mercados, las ramas modernas se beneficiarían de un mercado en continua expansión, lo que tendría un impacto positivo en términos de empleo. Este, vinculado a actividades con proyección internacional, resistiría mejor que el tradicional a la competencia global; y, además, percibiría salarios más elevados como consecuencia de los aumentos que podrían obtenerse en la productividad del trabajo. Se nos asegura, con estos argumentos, que la modernización tecnológica de la producción manufacturera permitiría disponer de más y mejores empleos, por lo que avanzar en esa dirección debería convertirse en un pilar esencial de las políticas ocupacionales de los gobiernos.

Como sucede casi siempre, detrás de las declaraciones solemnes en materia de economía, en apariencia inapelables y llenas de sentido común, hay apriorismos que es preciso develar, discutir y contrastar. Algunos ejemplos a continuación.

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No hay otra economía sin cuestionar el poder

Uno de los supuestos más queridos por la teoría económica convencional y dominante es que los salarios aumentan cuando la productividad del trabajo mejora. Dada la existencia de ese nexo, al que se otorga la categoría de ley económica, la clave está en llevar a cabo políticas orientadas a propiciar crecimientos en la productividad.

¿Tiene algo que ver la realidad con ese axioma? Ningún parecido. Entre 2000 y 2007, el peso de los salarios en la renta nacional retrocedió en la Unión Europea (UE) un 1,6%; retroceso que se produjo en 17 de las 28 economías europeas. Entre 2010 y 2018 la caída ha sido del 0,8%, afectando al mismo número de países comunitarios (si bien la composición de ese grupo fue algo diferente). Adviértase que en la primera de las etapas consideradas (2000-2007), cuando se lanzó la moneda única, el PIB real de la UE aumentó en términos agregados un 16,9%; el crecimiento fue también positivo entre 2010 y 2018, del 12,6% (sólo Grecia obtuvo en este último periodo un registro negativo). Esta evolución refleja que, en realidad, la trayectoria seguida por los salarios se ha descolgado del curso seguido por la productividad.

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¿Reformar la Unión Económica y Monetaria para preservarla y fortalecerla?

Abro estas reflexiones poniendo el énfasis en la necesidad de plantear las preguntas adecuadas, pues, hay que ser consciente de ello, las preguntas y el lenguaje que utilizamos para formularlas contienen o condicionan de manera decisiva las respuestas; en absoluto son inofensivos ni inocentes, ni desde luego están objetivamente predeterminados.

Centrándome en la zona euro y su reforma, la pregunta que ponen sobre la mesa las elites económicas y políticas podría resumirse de esta manera: ¿Cuál es el diseño institucional que preserva y fortalece la moneda única? Existe un generalizado consenso en la idea de que la crisis económica ha puesto de manifiesto las insuficiencias, vicios o sesgos de la unión monetaria (se insiste en un factor u otro dependiendo del enfoque del que avanza el diagnóstico), de ahí la importancia de dar una respuesta acertada a la pregunta formulada.

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¿El aumento de la productividad del trabajo fortalece las pensiones?

El aumento de la productividad del trabajo no mejora necesariamente la sostenibilidad de las pensiones.

Soy consciente de que esta afirmación puede resultar, como poco, desconcertante, pues parece negar la evidencia de que, precisamente, el crecimiento de la productividad debería proporcionar los recursos que necesita el fondo público de pensiones. Si la economía española consiguiera mejorar los estándares de productividad, aumentarían tanto los salarios de los trabajadores como los beneficios de los empresarios; sin necesidad de incrementar la presión fiscal, sería posible transferir recursos desde la población activa ocupada, que crea riqueza, en dirección a la población inactiva receptora de las pensiones, situada fuera de los circuitos productivos y en continuo crecimiento fruto del envejecimiento demográfico. Así de lineal y de tramposo es el discurso dominante.

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¿Cómo conseguir que las ganancias de productividad se conviertan en más empleo?

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

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Una Alemania para otra Europa

El debate europeo no está ocupando un espacio relevante en las elecciones alemanas, centradas sobre todo en los asuntos domésticos. Gran error, pues lo cierto es que la evolución de la economía alemana se ve influida por lo que acontezca en el espacio comunitario, del mismo modo que el presente y el futuro de la Unión Europea (UE) y de la zona euro dependen en buena medida de las políticas que cristalicen en este país. En las líneas que siguen, presento algunas ideas que podrían articular un debate que apunte en la dirección de una economía alemana y una Europa para las mayorías sociales.

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¿Cesión o recuperación de soberanía en Europa? Una cuestión de enfoque

El denominado "proyecto europeo" ha avanzado a partir de la tensión y del equilibrio entre las competencias que los gobiernos cedían a instituciones de ámbito supraestatal y las que permanecían bajo su tutela; el recorrido de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) ha encarnado el avance de las primeras y el retroceso de las segundas; si bien es evidente que los estados han conservado parcelas sustanciales de autonomía tanto en la esfera política como económica.

La formación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) situó el tema de la soberanía en el centro del debate europeo. Con la creación de la zona euro los gobiernos que decidieron formar parte de la misma renunciaron a parcelas sustanciales de soberanía en la gestión de sus políticas económicas. Se suponía –en realidad este ha sido el supuesto sobre el que se ha levantado todo el edificio comunitario- que los costes asociados a esa cesión serían sustancialmente más bajos que los beneficios derivados de compartir la moneda.

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