¿Reformar la Unión Económica y Monetaria para preservarla y fortalecerla?
Abro estas reflexiones poniendo el énfasis en la necesidad de plantear las preguntas adecuadas, pues, hay que ser consciente de ello, las preguntas y el lenguaje que utilizamos para formularlas contienen o condicionan de manera decisiva las respuestas; en absoluto son inofensivos ni inocentes, ni desde luego están objetivamente predeterminados.
Centrándome en la zona euro y su reforma, la pregunta que ponen sobre la mesa las elites económicas y políticas podría resumirse de esta manera: ¿Cuál es el diseño institucional que preserva y fortalece la moneda única? Existe un generalizado consenso en la idea de que la crisis económica ha puesto de manifiesto las insuficiencias, vicios o sesgos de la unión monetaria (se insiste en un factor u otro dependiendo del enfoque del que avanza el diagnóstico), de ahí la importancia de dar una respuesta acertada a la pregunta formulada.
Pues bien, esa pregunta presupone, en primer término, un espacio de reflexión que se ciñe, sobre todo, a la esfera institucional, como si el debate que importa, el que es relevante para Europa, tuviera que limitarse necesariamente a ese perímetro. ¿Y la discusión sobre las necesidades, los objetivos, los recursos y los actores? ¿Y el centrado en las políticas económicas donde, como parece lógico, se debería recoger todo lo anterior? Nada se sugiere al respecto, acaso porque se presupone que sólo hay una política económica deseable y posible, la implementada en los últimos años, que, en los aspectos fundamentales, se mantendrá y se acentuará con las nuevas propuestas de gobernanza.
La pregunta acepta implícitamente que el único espacio posible para realizar las políticas económicas es el delimitado por las instituciones, las actuales y las futuras. No en vano se han trasladado a los documentos oficiales generados desde las diferentes instancias comunitarias, al ordenamiento legal de los países, adquiriendo rango constitucional, y a los Tratados europeos los principios básicos de las políticas neoliberales, los que consagran el rigor presupuestario, la reforma laboral y el predominio del mercado sobre lo público. Como si sólo hubiera una política económica viable, y como si fuera de esas coordenadas sólo existiera el caos. Lo cierto, sin embargo, es que, rompiendo esa concepción dogmática y autoritaria, existe vida fuera de las políticas económicas impuestas desde el poder, otra manera de organizar la economía que, por supuesto, implica otra manera de entender las instituciones.
La pregunta nos cuela, asimismo, el mensaje de que el objetivo del debate y de las instituciones que surjan del mismo es alcanzar un buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), y que avanzar en esa dirección es un juego de suma positiva, donde todos, finalmente, ganan. Una ficción que nada tiene que ver con la tozuda realidad, que deja claro que el euro fue y es la apuesta de la industria financiera, de las grandes corporaciones y de los países con mayor potencial competitivo; unas instituciones y unas agendas políticas que están atravesadas hasta la médula por las relaciones de poder, capturadas por los grupos que disfrutan de una posición privilegiada y que son los indiscutibles ganadores de la crisis. La pregunta, al poner el foco en las instituciones y en su reforma, omite y oculta el decisivo papel de los mercados y de las manos visibles que articulan su funcionamiento.
La pregunta desliza el mensaje de que existe una decidida voluntad de proceder a una profunda reforma de la arquitectura institucional de la Unión Europea y de la UEM, de que es posible una reforma de calado de las instituciones comunitarias, y que ahora están creadas las condiciones para llevarla a cabo, de que en la actualidad existe un amplio consenso que apunta en esa dirección. Lo cierto es que en estos años de crisis las elites europeas, siguiendo la hoja de ruta marcada por Alemania, ha interpretado de la manera más conservadora e inmovilista posible la institucionalidad vigente; esto es lo que atestigua el castigo infringido al gobierno de Syriza y a la ciudadanía griega, así como al resto de economías meridionales del sur de Europa. Me parece igualmente evidente que, a pesar de los fuegos artificiales orquestados por los grandes medios de comunicación al respecto de la nueva arquitectura institucional que saldrá del Consejo Europeo que tendrá lugar a finales de junio, las negociaciones –llevadas a cabo siempre en terrenos opacos- y las tomas de posición de los principales actores anuncian más bien continuismo y conservadurismo. Y desde luego se quedan muy lejos de las proclamas de una supuesta “refundación europea”.
La pregunta presupone también que, con un diseño institucional adecuado, la unión monetaria estará en condiciones de enfrentar esta y futuras crisis. Se pasa por alto –porque, claro está, no interesa- el análisis de los factores estructurales –la desigualdad y la financiarización de los procesos económicos- que han estado en el origen del crack financiero y de la Gran Recesión, que permanecen después de una década de políticas fallidas y que, lo más importante para lo que ahora interesa, lastran e hipotecan el funcionamiento de las instituciones. La reforma que contemplan las elites, lejos de resolverla, agrava la problemática estructural.
Volviendo a la pregunta del comienzo, para reformularla en unos términos que considero más adecuados: ¿Qué política económica hay que instrumentar en Europa en beneficio de la mayoría social y qué marco institucional asegura su implementación? La contestación a esta pregunta invita a una reflexión más amplia y con contenidos muy distintos de los marcados por el relato convencional y dominante. Tiene en cuenta y al mismo tiempo desborda el perímetro de lo meramente institucional, liberándose, asimismo, de la camisa de fuerza consistente en que el objetivo del debate y el marco en que se adoptan las decisiones sea preservar –cualquiera que sea su coste- la zona euro.
