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Santiago Lago Peñas

Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y director del departamento de Economía Aplicada de la misma universidad. También dirige el Foro Económico de Galicia y es editor asociado de la revista Hacienda Pública española/Review of Public economics.

Columnista del diario El País y autor de su blog Res Publica. Columnista de Faro de Vigo. Colaborador habitual de radio SER y RNE-R5.

Las lacras del fraude fiscal

En España tenemos un problema con la economía sumergida y el fraude fiscal. Es verdad que un mundo sin fraude y economía sumergida es, desgraciadamente, imposible. Como lo es un mundo sin robos ni asesinatos. Pero existe un amplio margen de mejora si nos fijamos en lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. Mejora a la que, de hecho, estamos obligados, en la medida en que la economía sumergida y el fraude fiscal distorsionan el juego de la competencia; generan inequidad entre los que pagan impuestos y cotizaciones sociales y los que no; dañan la capacidad recaudatoria del sistema fiscal, perjudicando el objetivo de estabilidad presupuestaria; en fin, incrementan los efectos distorsionadores del sistema fiscal sobre la eficiencia y la equidad en la medida en que los tipos impositivos son más altos de lo que podrían ser si el cumplimiento fuese mayor. En todo caso, vaya por delante que, aunque economía sumergida y fraude son fenómenos entrelazados, no siempre van de la mano y sus causas y soluciones no son siempre coincidentes. Puede existir fraude sin economía sumergida. Y hay economía sumergida con escasa incidencia en la recaudación.

España experimentó un cambio extraordinario y muy positivo en su sistema tributario y su Seguridad Social con el retorno de la democracia. Pero, como casi todo, ha sido un cambio no exento de problemas. El principal de ellos: la fuerte, aunque del todo necesaria, subida de la presión fiscal contribuyó a que un número significativo de contribuyentes tuviese más incentivos para escapar del fisco y para caminar hacia la oscuridad de la economía sumergida. Hoy son lacras enquistadas que requieren un nuevo impulso reformista y ambicioso, generando la base institucional y sociológica para un mejor cumplimiento tributario y el afloramiento de actividades ocultas.

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Sobre funcionarios: si queremos debatir, seamos rigurosos

Como señalaba en mi anterior aportación en este blog, 'Funcionarios y disonancia cognitiva', hablar de funcionarios públicos es abrir la caja de los truenos. Los espíritus se agitan y las críticas al columnista de turno pierden mesura y se conducen huérfanas de raciocinio. En mi caso concreto, una entrada en el blog RES PUBLICA y una columna en El País Negocios han generado críticas en diversos foros a mi juicio poco fundamentadas. Con el objetivo de aclarar los términos del debate, ahí van unas cuantas aclaraciones.

Lo primero que se critica es que para comparar entre países se utilice el porcentaje de empleados públicos sobre la población activa y no, por ejemplo, el ratio empleo público/empleo privado. Otros argumentan que es mejor utilizar el cociente entre empleo público y PIB. Lo primero a aclarar es que el indicador que utilizo no es mío. Es el que usa la OCDE en sus informes sobre empleo público. Lo que pretende medir este indicador es la proporción de la fuerza laboral dedicada a la producción de bienes y servicios producidos por el sector público.

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Funcionarios y disonancia cognitiva

Lo he comprobado múltiples veces, en foros diversos, con personas de formación y trayectoria dispar. Cuando se habla de lo público, se entiende perfectamente el concepto de disonancia cognitiva. Da igual que se utilicen datos para demostrar que en Estados Unidos hay más empleados públicos que en España, que el gasto público en España es bajo en comparación a los países de nuestro entorno, o que España no tiene un problema de exceso de gasto público, sino de exceso de fraude y falta de ingresos. No hay quien saque de su error a quien lleva integrado en su materia gris los prejuicios contra el sector público. Esperar cinco minutos a que le atienda un médico de servicio público es intolerable, aguardar una hora al dentista privado es inevitable; la comida del hospital público es siempre horrorosa, en la privada ya se sabe, solo cocinan chefs con estrella Michelin.

Así las cosas, perdemos mucho tiempo y esfuerzo en cuestiones obvias y superficiales, nos regodeamos en críticas tópicas y nos olvidamos de lo que urge y aprieta: las reformas del sector público que busquen mejorarlo, no reducirlo; reforzarlo, no vilipendiarlo. Unas reformas para las que tenemos buenas referencias en los países de la OCDE y que deberían tocar aspectos de todo tipo y contar con el apoyo total de los propios empleados públicos y sus representantes sindicales. Pero es difícil contar con este respaldo cuando líderes políticos y empresariales se limitan a la crítica tabernaria. Lo que generan son actitudes refractarias al cambio.

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