Con los votos o con las togas
Si hoy es jueves, hablamos de Zapatero. Ya sabes que estos días el espacio de la conversación pública solo gira en torno a su imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos. No hay, hasta el momento, motivos ni pruebas para condenar al expresidente. Tampoco para defender que estamos ante un nuevo capítulo de la sincronizada ofensiva judicial, política y mediática desplegada contra todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez. Pero, en esta España en la que si no tienes certezas absolutas eres un tibio o un vendido, antes incluso de que se conociera el auto de más de 80 páginas, ya se habían levantado dos trincheras.
Por un lado, los que como Pedro Sánchez, reivindican la figura del expresidente y deslizan veladamente la complicidad entre el poder judicial y el PP en la búsqueda de atajos para llegar a La Moncloa. Por otro lado, los inflamados que, como Feijóo, no solo han condenado ya a Zapatero, sino que han escalado la responsabilidad penal a todo el Consejo de Ministros, incluido el presidente del Gobierno.
Toda acción de la justicia, sea auto, diligencia previa, investigación preliminar o informe pericial es buena para que la derecha emita sentencias condenatorias y pida elecciones anticipadas. Con los votos o con las togas, lo suyo es llegar cuanto antes y de cualquier modo a La Moncloa, aunque en el camino renuncie a la presentación de una moción de censura, que es el instrumento adecuado ante la situación de desmoronamiento de las instituciones y corrupción estructural que dibuja cada día. Feijóo sabe que no tiene los votos, por más estrategia de presión que despliegue sobre los socios del Gobierno. La izquierda ya le ha dicho que se peine; Junts, que nadie como ellos sabe lo que es sentir el aliento de una justicia politizada y el PNV calla y espera porque “lo que se conoce sobre Zapatero de momento es una investigación embrionaria”. Todos coinciden en que con Vox de compañero de viaje de Feijóo, su apoyo al PP es solo una ilusión óptica.
El caso que nos ocupa, en todo caso, no es baladí. Ha protagonizado todas las portadas nacionales y extranjeras porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno tendrá que declarar como investigado ante un juez. No lo hizo González por los GAL, ni Aznar por la Gürtel, ni Rajoy por la Kitchen, pero a Zapatero se le atribuye el liderazgo de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” ante autoridades nacionales y extranjeras en la que “puso sus contactos al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
Y, aunque, el auto con el que se le cita a declarar hace un relato cronológico bastante sólido de los hechos que se investigan, de momento se han aportado más conjeturas que pruebas sobre la influencia de Zapatero en la concesión de una ayuda pública de 53 millones de euros a Plus Ultra para que no quebrara en pandemia, como se hizo con todas las compañías estratégicas. El juez sugiere también que un amigo del expresidente y empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, en realidad era un testaferro de Zapatero porque se han encontrado transferencias de cientos de miles de euros a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones de préstamos. Y entiende que los pagos se ocultaron a través de un entramado societario off-shore de cuya existencia no aporta pruebas documentales. Lo único probado es que mientras Julio Martínez facturaba por sus gestiones con el Gobierno de Venezuela, gastaba parte del dinero que cobraba en contratar a Zapatero y a sus hijas por supuestos informes por los que llegaron a ingresar más de 600.000 euros en cinco años.
Todo está escrito negro sobre blanco. En un auto, no en una sentencia que, en efecto, ha caído como una bomba de neutrones en el mismísimo corazón del Gobierno y del PSOE en un momento de debilidad tras la debacle de las elecciones andaluzas y el juicio en el Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Tan duro ha sido el golpe que no hay dirigente o militante que haya hecho todavía la digestión del impacto emocional de la noticia. Y es que Zapatero no es Ábalos ni es Cerdán, ni siquiera es Pedro Sánchez. Entre los cuadros y las bases, es una especie de guía moral y ejemplo de integridad, además del único expresidente socialista que siempre antepuso los afectos y la lealtad a cualquier otra cuita.
Y, aunque sus últimos días en La Moncloa terminaron sumidos en el agujero negro de una brutal crisis económica, suyo fue el mérito de haber movido las fichas definitivas para acabar con el terrorismo de ETA, haber impulsado una revolución en la extensión de derechos civiles y haber arrimado el hombro siempre que el partido le ha necesitado. De ahí el cierre de filas sin matices que Sánchez escenificó durante la sesión de control al Gobierno este mismo miércoles.
El presidente ha defendido la inocencia de Zapatero, si bien ha proclamado, pero recetado también a los suyos, máximo respeto a la investigación, después de la torpeza con la que desde la secretaría de Organización del PSOE que dirige Rebeca Torró se deslizaron el día anterior por la pendiente del lawfare sin mencionarlo expresamente. Algo que también hicieron algunas voces de la izquierda a la izquierda del PSOE y que, con posterioridad, se han visto obligadas a recoger cable porque el auto, como se admite en La Moncloa, “es un texto serio” y “el juez que instruye el caso, José Luis Calama, no es Peinado”.
Ni todo es lawfare ni todo es delito. Porque sobre algunas de las actuaciones que el juez atribuye al expresidente y con las que la sincronizada mediática del PP hiperventila desde hace 72 horas, hay dudas razonables sobre la delgada línea que separa el tráfico de influencias del lobbismo. Una práctica esta última no regulada y a la que se dedican, por cierto, todos los ex presidentes de Gobierno -menos Mariano Rajoy- varios exministros y algún que otro ex presidente autonómico.
Por eso en La Moncloa defienden que la lectura del auto tranquiliza, ya que no incluye nada que incrimine al expresidente o constate un tráfico de influencias. “De hecho, Zapatero no participa de ningún entramado societario e ingresó el dinero que cobró por sus asesorías en una cuenta corriente compartida con su mujer”, aseguran varios ministros que recuerdan la más de una docena de sociedades que Aznar tiene constituidas con su familia “y nadie ha investigado”.
La narrativa desplegada por los socialistas destila, no obstante, una doble indignación: la aparente sincronía entre algunas decisiones judiciales y las declaraciones del PP, que desde hace meses vienen anticipando resoluciones de los tribunales que afectan a los socialistas. Motivos dicen tener para dudar, después de que se haya condenado a un Fiscal General del Estado “sin pruebas concluyentes” y tras acuñar un nuevo sujeto penal con “el entorno”. Algo inédito en la jurisprudencia.
Aun así la consigna impartida es defender el legado y el buen nombre de Zapatero, pero mantener la prudencia porque la investigación “es grave”, pero solo los estúpidos, como decía Bertrand Russell, están seguros de todo.