El Gobierno regional reconoce que la respuesta de las administraciones a la reactivación de la ruta migratoria a Canarias “no es la adecuada”

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado que es “bastante visible” que la respuesta de las administraciones con respecto al aumento del flujo migratorio “no es la adecuada”.

Pérez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha afirmado que aunque Canarias no tiene competencias en la materia se siente “responsable moral” y por ello está gestionando la búsqueda de instalaciones donde alojar a los inmigrantes que llegan en pateras hasta las costas canarias.

Una nave del Puerto de Las Palmas es la alternativa a las comisarías escogida para la filiación de los migrantes que llegan en patera a Canarias durante la pandemia. El hacinamiento, las malas condiciones de los calabozos y el positivo por COVID-19 registrado en la Comisaría de Maspalomas condujeron a habilitar este espacio como una medida para velar por la salud pública. El 26 de mayo entraron los dos primeros grupos. Ese mismo día, los propios agentes de la Policía Nacional, encargada de custodiar el almacén y de efectuar el registro, procedieron a barrer “el polvo y los restos de cartón y madera” del suelo con “una manguera y escobas”, según un oficio emitido por el Jefe Superior de Policía a la Delegación del Gobierno.

Desde entonces, los adultos llegados por vía marítima a Gran Canaria han pasado por esa nave, prevista en un principio como lugar dedicado en exclusiva a la filiación. Sin embargo, cuatro personas han superado ya el máximo de 72 horas retenidas que permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que solo contempla como excepción los casos de terrorismo. Ya no están bajo custodia policial, pero ninguna ONG los asiste y continúan en la nave hasta el momento.

El portavoz del Gobierno ha señalado la adaptación de un espacio en el municipio grancanario de Agüimes y de una instalación militar en desuso en Tenerife, pero ha reconocido que “en cualquier caso no soluciona el problema de fondo”, que cree que la clave está en las condiciones de vida de estas personas en sus países de origen.

Ha insistido en que aunque el Gobierno de Canarias no tiene competencias en inmigración “tratamos de que la llegada de inmigrantes africanos pueda gestionarse de forma coordinada” entre todas las administraciones.

Además ha señalado que con la pandemia de COVID-19 no se puede aplicar las repatriaciones que cumplen la normativa ni permitir que estas personas sigan su viaje hacia el continente europeo.

Pérez se ha lamentado de que las medidas hasta el momento sean “inadecuadas e insuficientes” y ha recordado que el Gobierno canario, que sí tiene competencias sobre los menores no acompañados, ha buscado nuevos alojamientos para ellos.