Canarias usará drones para controlar la pesca furtiva
El Gobierno de Canarias comenzará a usar drones en las labores de control de la pesca furtiva, a fin de rentabilizar mejor sus servicios de inspección y llegar a zonas de difícil acceso que suelen utilizar los pescadores clandestinos para intentar no ser detectados.
Estas personas se exponen a sanciones de entre 3.000 y 60.000 euros, pero tratan de eludir esos castigos amparadas en muchos casos en las dificultades que se derivan para el control de sus actividades de las características de las costas escarpadas y con recovecos a las que acuden, según ha anunciado hoy el consejero de Agricultura y Pesca del Ejecutivo, Narvay Quintero (CC).
El consejero ha explicado que, para superar esos obstáculos, su departamento ha decidido apostar por el uso de las nuevas tecnologías porque posibilitan alcanzar lugares remotos y de difícil acceso y, además, recabar pruebas contra supuestos infractores de las normas que prohíben la pesca furtiva, mediante la obtención de fotografías o imágenes de vídeo de sus actividades desde los drones.
La Consejería prevé empezar a utilizar estos aparatos con ese fin desde este mes de febrero, después de haber realizado las gestiones necesarias para poder implantar este tipo de inspecciones aéreas.
Esas gestiones incluyen la adquisición de dos drones propios del Gobierno y la contratación de otros más a empresas especializadas en la materia que, además, prestarán sus servicios técnicos en el manejo de los aparatos, debido a que el Ejecutivo carece de inspectores con la formación y la acreditación que legalmente se exige para pilotarlos, ha precisado Quintero.
El consejero, en todo caso, ha querido aclarar que su departamento tiene previsto ofrecer formación especializada en el futuro al personal que trabaja en la inspección pesquera para que acabe por asumir en persona el manejo de los drones.
Estos aparatos se emplearán, según ha detallado, “tanto para inspecciones rutinarias como para otras puntuales que se puedan hacer, ya sea por denuncias o por sospechas” de que en algún lugar se practica la pesca furtiva.
Una actividad ilegal de cuyo volumen ha dicho no poder ofrecer datos Narvay Quintero, que tampoco ha precisado qué inversión ha hecho o planea hacer el Gobierno en adquisición de aparatos, contratación de servicios y formación técnica de inspectores para desarrollar su proyecto de usar drones a fin de combatirla.
No obstante, ha insistido en que espera que en un futuro haya más información en torno al furtivismo, puesto que acabar con él es “una reivindicación del sector pesquero profesional de Canarias, que plantea que es una de las mayores amenazas que le afectan”, según ha argumentado.
