El Consell impulsa cambios en el acceso a vivienda protegida pese a los reparos del Gobierno sobre la “prioridad nacional encubierta”

El Gobierno valenciano ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas fiscales, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, que introduce cambios sustanciales en la ley que regula la vivienda pública y protegida. El Ejecutivo del PP, reunido en un pleno extraordinario, ha dado el visto bueno al anteproyecto, que aún debe pasar por la tramitación parlamentaria, pese a las advertencias del Gobierno central sobre las modificaciones respecto a los controles y requisitos para optar a viviendas protegidas.

El Ministerio de Vivienda realizó alegaciones a la ley al entender que alberga una “prioridad nacional encubierta” en el acceso a la vivienda construida en suelo público. La propuesta del Ejecutivo de Pérez Llorca establece que los ayuntamientos puedan incorporar criterios de baremación de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público. La medida implica priorizar el arraigo, según los populares, pero llega en plena presión de Vox a los gobiernos conservadores para impulsar políticas xenófobas bajo el paraguas de la “prioridad nacional”.

En el escrito remitido por el departamento de Isabel Rodríguez, se considera que este concepto supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país”. También cuestiona la medida del registro de promotores, que considera un control insuficiente y relegado al ámbito privado.

Con todo, y según ha informado la vicepresidenta Susana Camarero este martes, el texto aprobado por el Consell recoge que se pueda valorar el arraigo o vinculación continuada con el municipio y rechaza que suponga entrar en el argumentario de Vox: “Recogemos así el guante de vecinos y alcaldes que llevan tiempo reivindicando la preferencia de las personas que viven en un municipio para el acceso a las promociones de VPP, como ya han establecido algunos de los municipios en los convenios de cesión de parcelas con la Generalitat”, ha aseverado. El arraigo, ha apuntado Camarero, no tiene que ver con la nacionalidad_ “No es una innovación ideológica, es un mecanismo de gestión que utilizan las administraciones para conceder ayudas y el acceso a la vivienda”, ha defendido.

Los cambios introducidos en la legislación, tras el escándalo de Alicante, servirán para “reforzar todavía más los controles, la seguridad y la transparencia en las viviendas VPP que ya habían experimentado una importante mejora con la modificación del Decreto de VPP 180/2024”. “De esta manera, con la modificación de los artículos 18, 19, 43, 44, 47 y 48 y disposiciones transitorias, la Generalitat busca más claridad y más control para garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna y asequible”, ha afirmado en la rueda de prensa.

En este sentido, la también consellera de Vivienda ha manifestado que “las medidas obligan a los promotores privados a publicar y justificar cómo eligen a los compradores a través de registros de solicitantes desde el mismo momento de la calificación provisional y se crea una comisión de valoración para supervisar todos los expedientes de visado con un filtro colegiado, técnico e imparcial ante cualquier aprobación y anuncios públicos obligatorios”.