'La grande bouffe'

La gran comilona (La grande bouffe) es una película franco-italiana de principios de los setenta dirigida por Marco Ferreri. Denostada en su día y convertida hoy en objeto de culto, la cinta narra la historia de cuatro amigos que se encierran para llevar a cabo un suicidio gastronómico comiendo sin parar. Las interpretaciones que han hecho los críticos sobre la trama, ideada por el propio Ferreri y Rafael Azcona, han sido variadas, pero una gran parte ha coincido en destacar que se trata de una sátira-denuncia del capitalismo y de la sociedad de consumo que termina destruyéndose a sí misma.

Fue la primera imagen que me vino a la mente desde que tuve conocimiento del almuerzo organizado por Mariano Rajoy para agasajar al Consejo Empresarial para la Competitividad, una suerte de lobbie de poder e influencia al que pertenecen El Corte Inglés, Telefónica, Repsol, Iberdrola, el Banco de Santander, Mango, Inditex, ACS, Caixabank, el Grupo Planeta, Ferrovial, Mercadona, Mapfre y el BBVA, entre otros. Se ha reunido ya dos veces con Rajoy y otras tantas con el Rey. Situado más allá de la CEOE, el Consejo, que se autodenomina para la competitividad, aunque la mayoría de los que lo conforman actúan casi en régimen de monopolio, presentó a la opinión pública hace unos meses el informe España, un país de oportunidades, una especie de panegírico neoliberal que alentaba al Gobierno a seguir con las políticas de ajustes y recortes económicos, sociales y de derechos.

En plena campaña electoral, (“fue una reunión necesaria en un momento necesario”), los empresarios “competitivos” no vacilaron en escenificar sin pudor el poder de la plutocracia que dirige la política y la economía del país. Se trataba de apurar hasta la ebriedad la demostración de quiénes son los que verdaderamente toman las decisiones y cuáles son los senderos por los que hay que transitar. Por eso pidieron al presidente que “no frene el impulso reformista” y los “ajustes fiscales” y Botín no tuvo reparos en afirmar que el motivo de su visita a Rajoy era felicitarlo “por lo bien que lo está haciendo”.

Y cómo no lo va a estar haciendo bien si es que, según asegura Vicente Clavero en el diario Público, los dueños del Ibex son un 67% más ricos desde que gobierna el PP: “a finales del 2011, el valor de las participaciones que tenían en empresas del Ibex apenas superaban los 35.000 millones de euros. Hoy, ronda los 60.000 millones (diez billones de las antiguas pesetas)”. Y les va de fábula, claro. Sus consejos de administración ganan hoy un 18% más que en el 2007. Quizás sea por eso por lo que Ignacio Galán (Iberdrola) ha cobrado en el último año 7,44 millones de euros; Pablo Isla (Inditex) 6,35; César Alierta (Telefónica), 5,8; Rafael del Pino (Ferrovial), 5,3; Francisco González (BBVA), 5,2; Antonio Brufau (Repsol), 4,9 y Emilio Botín (Santander), 3,5...

Hay que hacer recortes y ajustes, pero a ellos no les afectan. Y además nos hacen trampas. Según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 33 de las 35 empresas españolas del Ibex tienen 437 filiales en paraísos fiscales de Panamá, Islas Caimán, Bahamas, Jersey, etc, y encabezan la lista, con 70 y 43 respectivamente, el Santander y el BBVA. Se estima que la cantidad del capital eludido supera el PIB español. Y encima, para lo poquito que dejan aquí tributan, según los técnicos de Hacienda, menos del 3,5%. Y se valen para eso, entre otras cosas, de las Sicav que son una especie de híbrido entre una sociedad anónima y un fondo de inversión que permite diferir el pago de los impuestos de las ganancias para tributar el 1% frente al 30% del impuesto de sociedades que les correspondería.

Saben, también, cómo compensar las buenas prácticas políticas encaminadas a mantener un sistema que les genera una ingente productividad; que les confiere riqueza económica y también un enorme poder político. Para eso manejan con singular destreza las puertas giratorias que facilitan que altos cargos públicos se vean después muy bien compensados. Es lo que ha sucedido con Rato, al que para premiar su “extraordinaria” labor en Bankia lo acogieron en su seno primero el Santander, más tarde Telefónica y ahora también Caixabank. Un auténtico chollo. Pero no es el único. Es la misma senda por la que han transitado Undargarín en Telefónica, la Infanta Cristina en La Caixa; Tocino, Matutes y Rodríguez Inciarte en el Santander; Aznar, Solbes y Salgado en Endesa; Felipe González en Gas Natural y en otras Acebes, Boyer, Ángeles Amador, Villar Mir, Croisssier, Pérez Llorca, Marín, Marcelino Oreja y tantos otros, además de exsecretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. En ocasiones el camino es la inversa: el Estado permite que altos cargos de la empresa privada ocupen puestos públicos para intervenir en sectores en los que tienen intereses muy concretos. Por eso, si hay que prolongar la vida de las nucleares a pesar del peligro, pues se prolonga; si hay que rescatar autopistas (después de las elecciones) con dinero público, se rescatan; si hay que salvar a la banca con el dinero de todos, se salva; si hay que imponer el gas y parar las renovables para que las eléctricas no pierdan la inversión que han hecho en ciclos combinados ruinosos, se impone...

Les va todo muy bien. Pero quieren más. Y entonces algunas de estas empresas deslocalizan sus actividades y recurren a países del tercer mundo para aprovecharse de la precariedad laboral y los bajos salarios para aumentar sus ganancias y cuando se producen accidentes como el del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que se incendió y se hundió produciendo más de mil víctimas mortales, sociedades como El Corte Inglés, Inditex o Mango remolonean hasta un año después en su obligación de indemnizar a los familiares de la víctimas.

Por eso España “es un país de oportunidades” y todo va bien y todo se está haciendo perfectamente. Por eso la recuperación de España solo la están percibiendo las élites políticas y económicas que se benefician de esta situación y se exhiben sin pudor y con arrogancia. Presumen de hacer posible una sociedad indeseable, que es como define Piketty a una colectividad controlada por los ricos en lo económico, lo político y lo sociocultural, tal y como señala J. Bradford Delong, ex secretario adjunto del tesoro de EEUU. Da lo mismo entonces que cuatro millones de parados no estén recibiendo ningún tipo de prestación y que sólo 1,9 millones de desempleados tengan algún tipo de ayuda; que aumenten las bolsas de miseria; que seamos el segundo país europeo en pobreza infantil; que estemos perdiendo derechos sociales y laborales; que cedamos libertades públicas; que la corrupción se esté enquistando en las entrañas del Estado facilitando el desafecto de la política; que se esté propiciando el cuestionamiento de lo público y el descrédito de las instituciones; que se ataque el estado de Bienestar porque demasiada igualdad vuelve a los individuos ociosos y poco competitivos...

Van sobrados y por ahora disfrutan sin problemas de esta gran comilona que les está produciendo enormes ganancias y poder. No todo el tiempo los trabajadores y las clases medias empobrecidas van a permanecer impávidos ante la quiebra de la democracia y de su futuro. La ambición desmedida les puede llevar a la destrucción a la que la bacanal de comida y sexo condujo a Marcello, Ugo, Michel y Philippe, los protagonistas de La grande bouffe.