Autocomplacencia institucional

La Asociación Viera y Clavijo se constituyó –diciembre de 2011– en defensa y exigencia de la “Rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo” por la escandalosa situación de deterioro y abandono de un Bien de Interés Cultural, declarado Monumento, ante la pasividad consistorial  tras el incumplimiento por el Gobierno de Canarias del convenio de cesión –año 2004, adenda 2006–, y el inmediato abandono intencionado de tan valioso enclave urbano.

Una década después, las administraciones implicadas han alcanzado el acuerdo de un nuevo convenio, con 10 millones de euros por delante, para compensar el destrozo cometido y proceder a su rehabilitación, cuyo inicio de obras se prevé para avanzado 2020 por los trámites burocráticos que imponen una compleja gestión.

Desde la asociación hemos mostrado nuestro descontento por tan larga demora. Con la amabilidad habitual y para intentar justificar la aparente exageración de tiempos, desde Alcaldía se nos ha descrito el proceso en cuanto a  plazos de un concurso público para definir el proyecto; adjudicación de la redacción técnica; aprobación del proyecto; licitación para concurso público; elegir contrata y, por fin, valoración de ofertas, adjudicación de obras y firma del contrato previo a la iniciación.

Podemos aceptar las explicaciones, pero se nos habla de una burocracia oficial, cuyos excesos impiden el sentido práctico requerido para situaciones de cierta urgencia; porque el tiempo sigue corriendo en contra de un proyecto que debió abordarse con determinación y eficacia diez años atrás, cuando se produjo el incumplimiento flagrante del convenio de cesión por parte del Gobierno de Canarias; incurriendo, presuntamente, en el delito de “expolio de patrimonio por la Administración” (como tal contemplado en el Código Penal).

Llegados a este punto, debemos dejar constancia de que si no hubiera surgido este movimiento ciudadano, es más que probable que ahora estuviésemos hablando en los mismos términos que cuando nos referimos al balneario de San Andrés; ruinoso e irrecuperable por desidia oficial y abandono intencionado.

La presión popular obligó a un gesto de aparente firmeza del Consistorio como  parte damnificada por incumplimiento del convenio. Se optó por el contencioso-administrativo, cuando procedía la vía penal tanto por la urgencia del caso como por las cuantías a exigir.

No olvidemos el escarnio de cómo el acto de abandono intencionado, supuestamente doloso, vino precedido por el desvío de los 5.900.000 euros, asignados en principio a la restauración del Viera y Clavijo, que fueron aplicados –con éxito– a rehabilitar el teatro Guiniguada de Las Palmas (capítulo aparte merece analizar la millonaria indemnización que, al parecer, hubo que pagar a la empresa constructora a la que se le canceló la contrata del Viera y Clavijo).

La situación más crítica surgió cuando Inés Rojas (consejera a la sazón entonces de Cultura y otra áreas) anunció la demolición inminente del Pérez Minik. La asociación hizo saltar las alarmas por una inminente fechoría de consecuencias irreparables. Nadie movió un dedo.

Alarmada ante la pasividad generalizada, la asociación optó por acudir a Fiscalía con la denuncia basada en los informes técnicos emitidos por la Dirección General Municipal de Patrimonio, en un exquisito estudio de las condiciones reales del inmueble, apto para su rehabilitación, que contradecía punto por punto cada uno de los alegados por la Consejería de Cultura y por Patrimonio del Cabildo, partidarios de la demolición, exentos de rigor técnico y redactados en términos abstractos, a vuela pluma y rebatibles como lo fueron por el entonces director general de Patrimonio, adscrito a la Gerencia de Urbanismo.

El resultado conocido, aunque no suficientemente divulgado, fue el archivo de la denuncia en Fiscalía, puesto que no llegó a cometerse el delito. Pero el auto del juez fue demoledor en cuanto hizo referencia a las consecuencias de haber “metido la pala” en un BIC: Inhabilitación, penas de cárcel y multas millonarias. De buena se libraron algunos, y algunas, gracias al activismo ciudadano.

Significar que fue la Asociación y la presión ciudadana quienes consiguieron mantener en pie esta joya de nuestro patrimonio. Nadie más reaccionó, con la excusa de estar en marcha un contencioso-administrativo que de nada hubiera servido.

Atención especial al triunfalismo por los 10 millones conseguidos, que apenas cubren los 5,9 millones de euros del Guiniguada, más intereses de demora tras 12 años. O sea, que de magnanimidad por parte del gobierno, nada de nada. Pues si la actuación hubiera sido la vía penal, con motivos suficientes para ello, se habría resuelto el convenio incumplido y exigido además una indemnización millonaria por los daños y perjuicios inferidos a la población santacrucera por expolio de su patrimonio histórico.

Es comprensible el compromiso que supone la disciplina de partido; pero desde la perspectiva de que la sociedad civil es la única capaz de resolver sus propios problemas, el pueblo entiende y necesita que los intereses ciudadanos estén por encima de cualquier otra consideración.

Como respuesta al amable escrito recibido, que será contestado por privado, debemos plantear otras inquietudes añadidas. De lo leído se desprenden conclusiones preocupantes: Que después de tantos años de vacilaciones y elusión de responsabilidades, a estas alturas todavía no esté definido un proyecto concreto de viabilidad ajustado a la entidad del valioso enclave. Que haya que partir de cero. Que proyectos anteriores hayan caducado sin posibilidad de adaptación… Se apunta a una aparente falta de voluntad política para que, con la excusa de los plazos burocráticos, todo termine en 2020 como acabó el balneario.

Nuestro ferviente deseo es sumar y que no se resten facultades a la participación ciudadana,  cuando esta se desarrolla gratuita y desinteresadamente sin más interés que el inspirado por el amor a nuestra querida Santa Cruz.