El blindaje del REF

De un tiempo a esta parte –sin ir más lejos, en el debate de la nacionalidad de esta semana- no dejo de oír a dirigentes de distintas fuerzas políticas referirse al encaje, anclaje o blindaje constitucional del REF y me asalta la duda de si saben realmente de qué están hablando. El REF, nuestro Régimen Económico Fiscal, es fruto de un pacto histórico no escrito entre las élites canarias y el Estado (mediante el cual el Archipiélago se mantendría leal a cambio de ver reconocidas sus singularidades) y por eso el REF está recogido en la Constitución española de 1978; concretamente en su disposición adicional tercera. Otra cosa es que esa previsión constitucional sirva ya para algo o sea suficiente para la supervivencia del REF (es obvio que ninguna de las dos cosas). Por eso, al hablar de ese encaje, anclaje o blindaje se deberían estar refiriendo –algo que no sé si tienen claro- a evitar que se desvirtúe la finalidad para el que fue concebido hace cinco siglos: establecer una serie de medidas dirigidas a favorecer el desarrollo económico y social del Archipiélago.

Lo cierto es que desde 2003 el Tribunal Constitucional, en sucesivas sentencias, ha venido a dejar claro que esa previsión constitucional del REF es poco menos que papel mojado porque ni le reconoce carácter vinculante del informe del Parlamento de Canarias sobre las modificaciones que se hagan, ni concede a la Ley que lo desarrolla ningún contenido de obligado cumplimiento por parte del Estado, que la puede ignorar cuando le venga en gana.

En cualquier caso, esa interpretación pacata del TC, posteriormente aplicada al Estatuto catalán (y después se quejan), es consecuencia de un modelo territorial del Estado español que está agotado, que no da más de sí, y que está necesitado de grandes reformas estructurales; modelo al que los dos partidos que han gobernado desde la aprobación de la Constitución –PP y PSOE- han dejado languidecer y no les ha interesado lo más mínimo adaptarlo a los nuevos tiempos, siéndoles más cómodo negar el reconocimiento constitucional de determinados hechos diferenciales, como es, en nuestro caso, la insularidad y la lejanía de la que deriva el REF.

Como ni la Constitución, ni el Estatuto ni la Ley del REF dan cobertura a lo que desde Canarias estábamos convencidos –por sentido común- que sí (necesidad de consensuar entre el Estado y Canarias cualquier cambio del REF y que lo contenido en él era de obligado cumplimiento para ambas instancias), algo hay que hacer. En eso hay consenso.

El razonamiento político es simple: si las menciones constitucionales a nuestros hechos diferenciales –y el REF lo es- no son suficientes para vincular a los poderes del Estado de turno, modifiquemos la Constitución para que no quede duda alguna.

Pero cómo blindamos –este es el término más adecuado- el REF, qué reformas constitucionales hay que operar para que veamos satisfechas esas aspiraciones. Esa es la pregunta del millón a la que nadie, por ahora, ha sabido, querido o podido dar respuesta.

Antes de dar una contestación, creo oportuno hacer algunas reflexiones sobre lo andado estos últimos 30 años, en los que los canarios no hemos sido capaces de atisbar, quizás por inconciencia o por inmadurez, la potencialidad de la combinación de dos de los elementos que creo se requieren para la consolidación de una sociedad moderna social, económica y democráticamente avanzada: REF y autogobierno. Históricamente, hemos estado tan ciegamente convencidos de que solo con el REF se solventarían nuestras dificultades para progresar, que hemos descuidado –incluso sacrificado- el autogobierno como herramienta que podía atajar las desventajas de la lejanía y la archipelagidad y permitirnos consolidar un verdadero Estado de Bienestar. En vez de hacer por nosotros mismos, muchas veces hemos preferido lo más fácil: esperar a que nos lo resuelvan desde otras instancias.

Por eso no creo que como Pueblo estemos legitimados para recriminar al Estado que haya roto unilateralmente ese pacto que supuso el REF. Vulneración del REF a lo que se ha de sumar los recortes –como al resto de autonomías- de competencias y de recursos para prestar los servicios públicos esenciales (arrastramos un escandaloso déficit de 800 millones de euros anuales en financiación autonómica e inversión estatal). Y ya que estamos, hagamos mención también a las bochornosas las cifras de desempleo o a la escasa, por no decir nula, atención prestada a la superpoblación y, como consecuencia de ello, a la multiculturalidad y a la presión sobre un territorio escaso y un medio ambiente frágil, todo lo cual está poniendo en peligro incluso nuestra supervivencia como Pueblo diferenciado.

La culpa de todo ello es principalmente nuestra porque no hemos creído en nosotros mismos ni en nuestro autogobierno. En vez de eso, desde muchos sectores sociales, económicos y políticos, quizás padeciendo el síndrome del colonizado, se ha preferido que nos lo arreglen de fuera y, a lo sumo, mendigar cuatro perras en forma de carreteras; las instituciones canarias se han (nos hemos) sumido cuanto menos en un silencio cómplice (muy pocas veces roto) y en una actitud meramente pedigüeña a cambio de que el status quo de las elites insulares no variara.

Y el resultado no puede ser más desalentador. Y lo peor es que Canarias seguirá siendo una caricatura de país si no cambiamos de actitud, si colectivamente no nos convencemos de que la senda del autogobierno es la única manera de conseguir soluciones duraderas y satisfactorias a los retos que tiene hoy planteados la sociedad canaria. Si no rompemos las cadenas psicológicas que nos impiden ser conscientes de nuestra entidad nacional, seguiremos siendo una región española más, con una gran dependencia exterior (económica, alimentaria, energética y política), que se resigna a que desde los centros de poder español o europeo se sigan tomando las decisiones más importantes que nos afectan, muchas veces en contra de nuestros propios intereses, pero que no resuelven nuestros problemas. Eso sí, nos hemos preocupado de que se mantengan los privilegios de las clases pudientes. Pero no de la mayoría.

La mayoría de los canarios debemos tomar verdadera conciencia de lo que somos: un Pueblo, modesto pero orgulloso de sí mismo, que debe ir conquistando amplios espacios de decisión propia, de soberanía; cuanta más, mejor; sin esperar, sino lo estrictamente imprescindible, que las soluciones vengan de fuera. Más aun en la actual coyuntura de crisis económica hemos de afrontar que solo por nosotros mismos, como Pueblo, podemos salir adelante, persuadirnos de que el autogobierno es irrenunciable e irreversible y que únicamente profundizando en él podemos aspirar a un futuro próspero, ilusionante y esperanzador.

Parte inescindible de ese autogobierno es el REF, que ha tenido un contenido cambiante en su historia. O, si se quiere, dotemos al REF de un componente político, el autogobierno, para convertirlo de verdad nuestro auténtico fuero. Ahora que podemos decidir, el REF será lo que, en uso de ese autogobierno, queramos los canarios que sea; esto es, el conjunto de mecanismos económicos y fiscales que los canarios creamos apropiados, dada nuestras singularidades geográficas, económicas sociales –y políticas- para diversificar la economía, crear empleo, recomponer el Estado de Bienestar, adoptar un modelo energético 100% renovable y proteger el medio ambiente. Todo ello bajo dos premisas irrenunciables: cualquier cambio del REF se ha de consensuar entre el Estado y Canarias y que lo contenido en él sea de obligado cumplimiento para todos. Esto es a lo que yo llamo blindar el REF.

Logremos esa comunión entre autogobierno y REF que permita, sin más vaivenes ni incumplimientos, encajar definitivamente las especificidades canarias en el Estado español. Así, en el marco de una reforma constitucional que consolide un verdadero Estado federal asimétrico en función de singularidades territoriales, se debe definir un estatus jurídico-político propio compuesto, además de por los mecanismos propios del acervo histórico del REF (diferencial fiscal, inexistencia de monopolios, libertad de importación y exportación, incentivos económicos y fiscales, etc.), por un marco competencial específico en materias tales como puertos y aeropuertos, sanidad y comercio exterior, costas, telecomunicaciones, relaciones directas con países de nuestro entorno cultural y geográfico, un sistema de financiación que garantice unos niveles aceptables en la prestación de los servicios públicos esenciales y, ya puestos, porque también es uno de nuestros hechos diferenciales, el reconocimiento de nuestras aguas archipelágicas.

¿Seremos capaces de estar de acuerdo en (que eso es) lo esencial para el blindaje constitucional de nuestros hechos diferenciales?