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Canarias y las europeas

Román Rodríguez

Se puede afirmar que estas elecciones europeas del próximo 25 de mayo están suscitando poco interés en la ciudadanía. Se percibe en el escaso seguimiento y en la poca preocupación ciudadana, como señalan distintos estudios sociológicos, así como en la presencia en los eventos de precampaña y campaña. También en los reducidos niveles de participación, que pronostican la práctica totalidad de los sondeos, aunque este fenómeno ya se observó en los dos anteriores comicios, los de 2004, con un 54,9% de abstención, y 2009, en el que bajó hasta el 54%.

El europeismo entusiasta de finales de los años ochenta del pasado siglo ha evolucionado hacia un creciente euroescepticismo. A lo que ha contribuido la percepción de que la Unión Europea (UE) lejos de solucionar los problemas y sufrimientos de la gente, los dificulta aún más. El mejor ejemplo ha sido el abordaje de la crisis económica estos últimos años.

Desde la UE, y desde otros organismos internacionales, se han venido imponiendo las recetas de recortes y austeridad, la defensa de los intereses de las transnacionales y del sistema financiero, que se están aplicando contra la crisis económica. Y éstas han supuesto un profundo retroceso democrático y un enorme sacrificio para una parte significativa de la ciudadanía, que se ha saldado con cierre de empresas, más desempleo, más pobreza y el deterioro de los servicios públicos; es decir, con menor equidad, menos derechos y mayores abismos sociales.

Cierto es que para la aplicación de esas políticas de recortes se ha contado con la estrecha colaboración de los dos grandes partidos centralistas españoles, PP y PSOE, como quedó certificado y sacralizado en la reforma express del artículo 135 de la Constitución, que prioriza el control del déficit y el pago de la deuda frente a los derechos ciudadanos. Uno y otro han tolerado que decisiones claves de la política se impongan desde fuera de los gobiernos y de los parlamentos.

Y, asimismo, con la complicidad de ejecutivos, como el canario, que ha respaldado el modelo del austericidio sin apenas alteraciones; alardeando incluso de ser un 'campeón' del cumplimiento del déficit, aunque eso fuera a costa de dejar de dedicar relevantes cantidades de dinero a la educación, la sanidad, el fomento del empleo o la lucha contra la pobreza. Al Gobierno de CC y PSOE le han 'sobrado' 240 millones de euros entre 2012 y 2013, que hubiesen sido muy útiles para la mejora de la sanidad y la educación o para combatir la pobreza.

El resultado de esas políticas se proyecta en una Canarias, una España y una Europa que son hoy más pobres y más desiguales que al comienzo de la crisis. Un proceso que amenaza con prolongarse en el tiempo para la mayoría, como confirman numerosos datos y estudios, dejando a una parte significativa de la población al margen del bienestar, convirtiendo en puramente formal al estado social y de derecho.

RUP

Como se sabe, Canarias es una Región Ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, estatus que comparte con otros ocho territorios portugueses y franceses. Territorios que tienen reconocidas sus especificidades desde la segunda mitad de los años noventa, y que han sido ratificadas en el Tratado de Lisboa (diciembre de 2009), a través del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).

Este reconocimiento supone, esencialmente, que las diversas políticas europeas y españolas deben tener en cuenta las dificultades que, para el desarrollo y la competitividad de estas regiones, tienen factores como la lejanía, la fragmentación territorial o la escasa superficie. Ese reconocimiento es muy positivo, aunque el impacto del presupuesto europeo en el Archipiélago es limitado, algo más de 500 millones de euros anuales. Es exigible que también España, en su financiación autonómica y en los Presupuestos Generales del Estado, tenga en cuenta estas especiales dificultades del Archipiélago.

Desde Nueva Canarias hacemos un permanente seguimiento de las políticas europeas y de su impacto en Canarias. Y hemos analizado detenidamente la opción de concurrir a estos comicios europeos. La única posibilidad era hacerlo en confluencia con otras formaciones políticas de distintas comunidades del Estado, como las que integran la Alianza Libre Europea (ALE) de la que formamos parte, lo que inevitablemente supondría una subordinación hacia otras estrategias territoriales y políticas, como le está pasando a otras organizaciones canarias. Además, los partidos que conforman ALE se presentan en distintas planchas electorales. A ello se suman las dificultades económicas para abordar un proceso electoral de estas características.

En el actual contexto, no hay ninguna posibilidad de que una fuerza política canaria obtenga representación en Estrasburgo. Por eso proponemos otras fórmulas que lo faciliten, como la implantación de circunscripciones autonómicas o regionales, como existen en otros estados de la Unión, o de una circunscripción que se corresponda con las regiones ultraperiféricas, a la que, por su peso poblacional, corresponderían entre siete y ocho diputados.

Por estas razones, Nueva Canarias decidió no concurrir a estos comicios europeos. Tampoco solicita el voto a ninguna de las fuerzas políticas y coaliciones electorales que concurren a los mismos. En todo caso, sí recomienda a sus militantes y simpatizantes valorar aquellas propuestas que coincidan con nuestra visión del papel que debe jugar la UE en relación con la forma de afrontar la crisis, en concreto, mediante el rechazo de las políticas ultraliberales practicadas por la Troika.

Asimismo, nos sentimos cercanos a aquellos programas que proponen una mayor democracia en el Parlamento Europeo, rechazando su subordinación a los poderes económicos y transparentando las actividades de las estructuras de poder europeas; así como los que reivindiquen propuestas, como la circunscripción propia para las RUP, que permitan una representación directa de regiones con problemas muy diferenciados al resto de territorios y que hoy quedan subordinadas y minimizadas en los programas y en la actuación de las organizaciones estatalistas.

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