El Caramelo del Estado del Bienestar y las Malas Políticas Públicas

El “caramelo” de Estado del Bienestar que algunos políticos venden  se relaciona con prestaciones sociales, servicios públicos, financiación de políticas sanitarias, educativas, pensiones. Muchos gobiernos hacen depender este tipo de políticas y el bienestar de los ciudadanos del crecimiento económico y muchos se apoyan en la realidad económica internacional para ocultar las limitaciones de su capacidad de gestión.

En esta línea las políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico han tenido en España efectos importantes en la distribución de la riqueza y el bienestar. En pleno período de crisis económica, el impacto más fuerte lo ha recibido el mercado laboral que soporta una de las tasas más altas del mundo de cuota de la seguridad social, lo que ha arrastrado al resto de cifras de desigualdad y bienestar social. No hay que olvidar que la tasa de desempleo evolucionó hasta situarse en el 25% en 2014, la segunda peor de la Unión Europea, muy alejada de la media situada en el 10,3%.

La pérdida de empleo y la renegociaciones salariales ha supuesto una reducción drástica de la renta para muchas personas. Según Molina (2015) con datos de Global Wealth Data Book, en España el 1% más rico de la población acumula algo más del 27,2% de la riqueza, el siguiente 9% acumula el 28,7%. Según la OCDE España fue el país donde más creció la desigualdad medida a través del índice de Gini entre 2007 y 2011, antes y después de impuestos. En el mismo informe se recoge también que en ese período el 10% de la población más pobre de nuestro país experimentó la mayor pérdida de renta de toda la OCDE entorno al 12,9%. Según la encuesta financiera de las familias elaborada por el Banco de España entre 2008 y 2011 la mediana (es decir el punto medio) de la renta de las familias en España se ha reducido un 8,6%, entorno a 2.400 euros menos al año.

¿El aumento de la concentración de la riqueza y la pérdida de bienestar en España ha estado motivada exclusivamente por la crisis económica? No, no es así, el proceso de concentración de la riqueza no se explica exclusivamente por la crisis surgida a partir del año 2008. Incluso en los períodos en que en nuestro país no ha habido crisis y ha habido tasas de crecimiento abultadas, las políticas públicas y la evolución de la economía han hecho perder bienestar a los ciudadanos y han favorecido la concentración de la riqueza. Este efecto se ha acentuado más en la séptima legislatura que finalizó en el 2004. La octava legislatura se caracterizó por una ligera recuperación de los principales indicadores. El informe del Consejo Económico y Social del año 2013, pone de manifiesto que la media real de los salarios presentó crecimientos negativos o muy modestos incluso en las etapas de crecimiento económico. La razón principal es por el aumento de la contratación temporal.

¿Por qué ocurre esto en nuestro país?¿Cuáles son los factores que lo explican?

El bienestar social está vinculado sin duda con la renta disponible de los ciudadanos, y cómo está distribuida, pero no exclusivamente, además también está vinculado a la eficiencia de la participación de un gobierno en la vida pública. La toma de decisiones de políticas públicas no es inocua para el bienestar social. Cualquier decisión de gasto público no genera el mismo impacto sobre la economía y la sociedad. Las buenas políticas generan crecimiento y bienestar social, las malas políticas pobreza y desigualdad.

La intervención de un gobierno en una economía cumple dos funciones: en primer lugar corregir las alteraciones de la equidad en la distribución de la riqueza, y en segundo lugar, corregir los fallos de mercado garantizando la prestación de bienes y servicios en condiciones de eficiencia asignativa como mecanismo para garantizar bienestar social y un crecimiento económico equilibrado. Un gobierno que no articule políticas eficientes correctoras en este sentido está condicionando de manera definitiva el bienestar de los ciudadanos.

La corrección de fallos de mercado requiere por ejemplo, proteger de manera efectiva a los consumidores del exceso de poder de mercado de las empresas en los mercados donde se proveen bienes necesarios y relevantes para la sociedad. Aunque la producción pública puede ser una opción, no es estrictamente necesaria ya que regulando de manera adecuada los precios un gobierno puede generar que en esos mercados se alcancen equilibrios de precios y cantidad producida similar a la que se produciría con la producción pública. Proteger a los ciudadanos del poder de mercado de las empresas supondrá que se pueda acceder a precios más bajos y a mejor calidad del servicio. Precios más bajos supone que los ciudadanos paguen menos por bienes y servicios que tienen un impacto importante en su cesta de la compra, y en consecuencia es equivalente para muchas familias a recibir un aumento de salario, una subida de su pensión o la recepción de cualquier subsidio. Un bien necesario por ejemplo para los ciudadanos es la electricidad, según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea donde las familias paga el precio más alto por la energía eléctrica, después Dinamarca, Alemania e Irlanda.

La eficiencia de las intervenciones públicas está también relacionado con la gestión de los fondos públicos. Los fondos públicos no son gratis, tienen un coste de oportunidad, han sido detraídos de la iniciativa de inversión privada y de los bolsillos de las familias, no invertirlos adecuadamente supone dejar de financiar otras políticas públicas que hubieran podido generar una rentabilidad superior para todos los ciudadanos. Veamos un ejemplo de lo que ha pasado en nuestro país con la inversión en el ferrocarril de alta velocidad: como recogen en su trabajo Albalate y Bel (2015) España es el segundo país del planeta después de China en número de kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, 2500 kilómetros construidos, y el primero en número de kilómetros por habitante, 54 kilómetros por cada millón de habitantes. Pero en cambio en 2013 sólo lo usaron 25,3 millones de pasajeros, frente a los 330 millones de Japón, los 125 de Francia, o los 420 millones de China en 2012. Mientras que en Japón hay 158.121 pasajeros por kilómetros de red, en Francia 61.394, en China, 37.950, en España la cifra sólo llega a 10.120 pasajeros por kilómetro. Por su parte Betancor y Llobet (2015) hacen una análisis de los cuatro corredores de alta velocidad en funcionamiento en España a finales de 2013 y obtienen como resultado que las inversiones no han sido rentables ni financieramente, porque sus ingresos no llegan a cubrir los costes de la inversión; ni socialmente, porque los beneficios sociales tampoco los superan. En consecuencia la única explicación que encuentran a las inversiones es el posible rédito político que se han podido obtener los gobiernos y que coincide como señalan los autores con la ausencia de estudios de análisis evaluación socioeconómica publicados por el ministerio para justificar las inversiones.

Una mala política regulatoria de un gobierno puede convertir a una industria en poco competitiva, conducir a políticas proteccionistas, generar un coste sobre a los ciudadanos y alejarnos de los países y sociedades más progresistas. Una política de derroche de los fondos públicos genera un coste de oportunidad muy alto y una deuda que no genera rentabilidad en términos de bienestar social.

Recuperar la distancia se hace a veces misión imposible porque las políticas se enquistan. Para Barro y Sala-i-Martin (2004), las pequeñas diferencias en tasas de crecimiento acumuladas en períodos de cuarenta años o más tienen importantes efectos en las condiciones de vida de las personas. Muchas veces lo habitual es observado por los ciudadanos y políticos como normal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para el bienestar de todos.