Cazando a Coalición Canaria

Entrevista de Paco Pomares a Fernando Clavijo el 23 de febrero de 2009:

Pomares: “¿Hasta dónde llega su nacionalismo?”

Clavijo: “Como nacionalista que soy, creo que Canarias debe ser un Estado Libre Asociado. Y lo creo firmemente.”

Pomares: “¿Estado Libre Asociado a quién?”

Clavijo: “Pues al Estado español, claro.”

Que llame “cobarde” al actual Gobierno de Canarias el mismo Clavijo que recibió sin rechistar, y las obedeció, órdenes de la patronal grancanaria de la construcción para que no cambiara el proyecto de Ley del Suelo que le habían dictado “durante su paseíllo parlamentario” no deja de ser una bufonada. Otra más de este personaje.

Que se hayan permitido, él y su sucesor, “derogar” de hecho en La Laguna la Ley de contratos del sector público durante más de un lustro (2013 hasta mediados de 2019, es decir hasta el día en que nos libramos de ellos) y comprometer y pagar ilegalmente más de 70 millones de euros de los contribuyentes, y hablen ahora de que el caso Reparos es una cacería a Coalición Canaria, es una mueca indecente. Y una, otra más y van…, falta de respeto a la inteligencia de todos.

Si esas afirmaciones se producen en la misma isla donde una alcaldesa acaba de ser condenada a ocho años de inhabilitación por pagar 4.220 euros a un medianero sin cumplir las garantías y procedimientos legales, da la sensación de que vivimos en dos países distintos.

¿Será que ese era el “Estado Libre Asociado” que defendía el entonces recién llegado a la alcaldía de La Laguna sin haberse presentado a unas elecciones, por mero dedazo de su mentora? Mentora y, por lo que hemos ido viendo, maestra en la asignatura de Melodrama Barato.

¿Un Estado en el que habría dos tipos de leyes: unas para ellos y sus compinches y otras para los demás canarios, autoridades de los demás partidos incluidas? ¿Un Estado cuyas principales autoridades judiciales fueran del perfil humano y de la consistencia jurídica de, digamos, un tal Antonio Doreste?

Claro que eso era antes de que nuestro personaje se convirtiera en chico de los recados del tal García Egea, escudero del líder del PP más ultraderechizado de la democracia. ¿Estado Libre Asociado o Centralismo Carpetovetónico? Aventurerismo sin principios, más bien.

Todos estos manejos delictivos del dinero de los contribuyentes laguneros, sometidos durante toda la crisis de la década pasada a un estricto Plan de Ajuste 2012-2022 -ya se sabe, más esfuerzo fiscal y congelación o recorte de los gastos sociales y de las inversiones municipales, todo bajo estricto control del Ministerio de Hacienda- para sacar al Ayuntamiento de la bancarrota que nos dejó Odramas antes de salir corriendo para Madrid para seguir trabajando “como una negra”.

¿A cambio de qué, me he preguntado tantas veces, se autorizaba a dedo -contra los más de 150 Informes de Intervención advirtiendo de que lo que iban a hacer, e hicieron, era ilegal de toda ilegalidad- a determinadas empresas a seguir gestionando los principales servicios municipales sin título jurídico alguno y sin haber convocado, con las excusas más burdas, las obligadas licitaciones que habrían permitido a todas las empresas presentar libremente sus ofertas y al Ayuntamiento a escoger las más ventajosas para los intereses de los usuarios y contribuyentes?

¿Qué se supone que debe hacer la oposición ante un escenario así? ¿Callarse mientras se te ríen en la cara y, lo que es peor, se ríen de los ciudadanos? ¿Exigir la erradicación de esas prácticas delictivas, como hice -y así consta literalmente en las actas- en los plenos de 18 de febrero, 29 de marzo y 14 de abril de 2016, y 9 de marzo y 17 de abril de 2017?

¿O cumplir con el deber que nos impone a los cargos públicos el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y poner todo aquello en conocimiento del Juzgado de Instrucción? Esto es exactamente lo que hice en enero de 2018, dos años después de venirlo advirtiendo, y volví de nuevo a hacer en tres ocasiones más “por imperativo legal”, ante el suma y sigue de estos modales delictivos. O sea que, de “la denuncia por la denuncia antes de las elecciones”, como dice Odramas, nada de nada.

Porque los concejales no tenemos ninguna obligación legal de impugnar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las infracciones a las leyes administrativas, pero sí de denunciar ante la jurisdicción penal las ilegalidades que puedan ser de carácter delictivo. Y, por lo tanto, la prevaricación infinita que Clavijo y sus cuates instalaron en La laguna.

Lo que vaya a ser Coalición Canaria en el futuro debe decidirlo “lo que queda” de esta Coalición Canaria sin poder. Allá ellos y ellas.

Yo pa´mí me digo, como decía el clásico, que “cuando el adversario se está equivocando, es mejor no distraerlo”.

Pueden incluso entronizar a un individuo que se desenvuelve al margen de la ley con toda la naturalidad del mundo, que instaura la censura informativa cada vez y donde puede (y hasta lo intenta, donde ya no está tan claro que pueda, a pesar del “sindicato” que han acabado creando algunos que una vez se decían periodistas), que ha intentado cerrar los medios de comunicación que no se someten a su control…

Aunque a mí, que debo ser un cobarde, el personaje en cuestión me empieza a dar miedo. Y, como demócrata, asco.