Centralismo, regreso al pasado

Esta postura entronca directamente con postulados planteados anteriormente por la FAES en un documento del año 2010. En el mismo, titulado 'Por un estado autonómico racional y viable', se aboga por alcanzar “nuevos acuerdos constitucionales”, con el fin de redefinir el vigente modelo autonómico.

Se trata de una propuesta profundamente centralista que, curiosamente, ha encontrado, su mejor aliado, junto a algunos miembros del PP, en el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, que desearía que en España solo sobrevivieran los autogobiernos catalán, vasco y gallego, es decir, los denominados “nacionalismos históricos”.

Aunque Rajoy no ha querido entrar inicialmente al trapo de lo que sería una auténtica involución, que nos acercaría al caduco modelo centralizado del franquismo, no es en modo alguno casual que la derecha lance esta propuesta que sintoniza con su ADN, conservador en lo ideológico y en lo político, y escasamente entusiasta, desde un primer momento, con el proceso autonómico que hemos vivido en las últimas tres décadas.

Antiautonomista

La presidenta madrileña y quienes han “comprendido” o más directamente “aplaudido” su posicionamiento antiautonomista ponen el asunto sobre la mesa en medio de la crisis económica. Una crisis que está siendo utilizada para múltiples funciones, entre ellas llevar a cabo una injusta y desequilibrada reforma laboral, que solo restringe derechos laborales, deja todo en manos de las decisiones empresariales y genera más desempleo.

Así como proceder a la poda permanente del Estado del Bienestar, reduciendo significativamente la financiación, el personal y, en consecuencia, la calidad de las prestaciones de los servicios públicos; y hasta restringir las libertades, como sucede con peligrosas propuestas de reforma del Código Penal, que analizaré en una próxima ocasión.

Utilizando a la crisis como argumento central, es un comodín que vale para todo, en esta ocasión cuestionan el modelo autonómico que nace del título VIII de la Constitución del 78 y que tan positivo ha sido para España y, de manera particular, para Canarias y su desarrollo. Lo hacen en el marco de su campaña permanente de culpabilización de lo público, cuando está más que demostrado que los problemas están originados, fundamentalmente, en la deuda privada y la dudosa solvencia de la banca.

Las autonomías son muy caras, dicen, se exceden en los gastos, derrochan a espuertas, son las máximas responsables del elevado endeudamiento público? Y esas afirmaciones, sin el menor contraste, sin la menor revisión, son luego repetidas por distintos actores políticos o periodísticos en los medios de comunicación sin ajustarse a los datos, como si se tratara de verdades indiscutibles, aunque no tengan el menor sustento.

Deuda pública

Vayamos por partes. En primer lugar, está la 'verdad verdadera' del mayor endeudamiento de las comunidades autónomas frente al Estado. 'Verdad verdadera' desmentida por los datos. Con cifras correspondientes a 31 de diciembre de 2011, la deuda pública española, 730.000 millones de euros, se distribuía de la siguiente manera: Estado, 560.000 (84%); comunidades autónomas, 140.000 (13%); y ayuntamientos, 30.000 (3%).

Pero veamos, además, cómo se distribuye la estructura del gasto. Y resulta que el 21% corresponde al Estado central, el 36,8% a las autonomías (que corren con la práctica totalidad del sanitario y educativo, así como los servicios sociales), el 12,8% a los ayuntamientos y el 29% a la Seguridad Social.

Es decir, que las comunidades autónomas que son las que desarrollan la mayoría del gasto público, duplicando casi al del Estado, han generado seis veces menos deuda que el Gobierno central. Como señala Xavier Vidal-Folch en un reciente artículo, no hay que olvidar que “la mayor parte del gasto autonómico, en torno al 75%, se dedica a enseñanza, sanidad y servicios sociales. Es un gasto muy poco elástico (más difícil de recortar que el militar), y muy expansivo: crece cuando aumenta la población, apenas baja cuando decrece, se incrementa con el mayor bienestar y las mejores expectativas...”

Analicemos, además, al asunto del déficit. Este año el objetivo previsto es que este pueda alcanzar el 5,3% en España. Pero luego, internamente, está muy mal distribuido. Al Estado se le tolera hasta el 3,5%, cuando, como veíamos, solo gestiona el 21%. Y a las comunidades autónomas se les pone un margen mucho menor, del 1,5%, cuando gestionan 36,8% del gasto público, y el 0,3% para los ayuntamientos que gestionan el 12,8%. Se juega, una vez más, con cartas marcadas.

No tenemos que sentir ninguna añoranza por el centralismo. Basta recordar cómo era la Educación y la Sanidad canaria antes de que nuestra Comunidad asumiera esas competencias. Un sistema educativo sin red de centros, con institutos desdoblados y con insuficientes plantillas docentes; y que impedía el conocimiento de nuestra realidad geográfica, económica o cultural. Un sistema sanitario descapitalizado, que tras las transferencias multiplicó los centros de salud, los hospitales y las actividades preventivas.

Otra cosa bien distinta es que haya que ser más exigentes en la gestión de ambos servicios públicos, y que estos deban ser más eficientes, lo que siempre he defendido. Pero como demuestra la práctica de países muy avanzados, desde Alemania a Estados Unidos, pasando por el Reino Unido o estados del norte europeo, esta eficiencia es plenamente factible con los máximos niveles de descentralización: los 'lander' son los que tienen la práctica totalidad de competencias educativas en Alemania; y en Estados Unidos, éstas corresponden a los municipios.

No estamos ante un discurso, el de los conservadores españoles, que busque el ahorro y la eficiencia, ese es el pretexto, sino la vuelta a un obsoleto modelo de Estado centralizado que, desde Nueva Canarias, rechazamos de plano.

Román Rodríguez*