¿Concejal de Urbanismo?

El pasado 13 de abril se cumplieron 10 meses desde la toma de posesión de los concejales de nuestro Ayuntamiento. He hecho memoria sobre los avatares por los que ha pasado la Concejalía de Urbanismo en los últimos doce años, y por los distintos concejales o directores de gobierno que, tanto del PP como del PSOE, han estado al frente de la misma.

He llegado a la conclusión de que el actual concejal, Javier Doreste, ha roto todos los records de meteduras de pata en el menor tiempo posible: solo en 10 meses. Desde el cierre del Centro Sotavento, incluyendo las formas y su declaración sobre los verdugos, hasta el retraso de siete meses en la aprobación del Plan Parcial Díaz Casanova y su intervención en el pleno municipal diciendo que los empresarios estaban muy contentos con el retraso (¡debe ser la primera vez en la historia que los empresarios estén contentos por retrasar sus inversiones programadas!).

Más recientemente ha saltado a los medios el grave problema con el retraso de las licencias de obra que el concejal Doreste achacó, en una primera instancia, a la falta de personal – por supuesto culpa del PP, que no cubrió las plazas vacantes – y posteriormente a que el 50% de los proyectos de obra mayor traen deficiencias graves. O sea que el concejal Doreste no tiene culpa de nada, aunque lleve 10 meses en el departamento.

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) se ha quejado de la lentitud en la tramitación de las licencias (en abril se estaban empezando a ver las solicitudes presentadas en octubre pasado) y recuerda que solo en tres proyectos prevén la inversión de 14 millones de euros, desde el año pasado. Conviene recordar que las inversiones paralizadas por falta de diligencia en la concesión de la licencia de obra, lo son en una ciudad con el 27,8 % de parados registrados, que son más de 47.000. No parece preocuparle mucho el tema al concejal Doreste ni al alcalde Hidalgo.

Este mismo mes hemos conocido el cierre del aparcamiento de San Bernardo, cuya concesión venció en enero pasado. El Ayuntamiento informa del riesgo de desplome de la planta baja, y lo precinta en abril. Pero si había terminado la concesión en enero ¿por qué se ha mantenido abierto hasta abril? Si hay riesgo de colapso de la estructura de la planta baja, ¿no afectaría a los vehículos que circulan por la calle? En este caso las culpas se las reparten por igual Urbanismo (Doreste) y Patrimonio (Augusto Hidalgo, el alcalde). Si desde junio del pasado año sabían la situación de la concesión, ¿por qué no han recibido a sus propietarios, que han solicitado en varias ocasiones una entrevista?

Por cierto, ¿alguien sabe algo del retraso en la tramitación de las solicitudes de ayuda al alquiler de viviendas que compete a la Concejalía de Urbanismo? Hace unos días le contestaron a un solicitante (que había presentado los papeles en enero) que estaban empezando a ver las solicitudes del 4 de enero.

La última conocida es la paralización de la obra de la carretera de Tafira (la GC-111). El pasado sábado 16 de abril, los trabajadores de la constructora andaban recogiendo sus bártulos mientras, a preguntas de los vecinos, comentaban que la constructora iba a paralizar la obra, porque el Ayuntamiento no le pagaba. Efectivamente, el lunes 18, no había ningún operario a lo largo de toda la obra.

La obra, que debió comenzar en julio para aprovechar las vacaciones de los colegios y de los ciudadanos, se retrasó hasta septiembre por el cambio del equipo de gobierno municipal. El concejal Doreste, cuando se enteró del abandono de la obra por parte de la constructora, reconoció que el Ayuntamiento adeudaba 600.000 euros, de una factura presentada en diciembre y que “tendría que haberse pagado en enero o febrero”. Me imagino que además de esa factura de diciembre, habría otras facturas de enero, febrero y marzo de 2016, de las que el concejal no dijo nada.

Según otras informaciones aparecidas en la prensa, la obra total importa 1,6 millones de euros. Ya hay ejecutado el 80% de la misma y el Ayuntamiento solo ha pagado 90.000 euros. Y claro, la empresa paró la obra. Como habríamos hecho usted y yo en un caso similar si el cliente no paga en una obra que ya dura más de 7 meses y medio.

Muy grave es el comentario del concejal Doreste cuando dijo que le había llamado “la atención la actitud de Acciona (la empresa constructora)” y que habría que ver “qué relación tiene la empresa con la oposición”. Y se quedó tan pancho. Un concejal de nuestra ciudad, que además es el primer teniente de alcalde de la corporación, no puede insinuar que la constructora actúe a dictados de la oposición. Para rematar su actuación, Doreste comentó que el “presidente de Acciona fue ministro del PP” y que tiene “la sospecha que a lo mejor se están cobrando favores políticos”.

Tengo una amiga, contertulia, empresaria, emprendedora y coach, que dice que los políticos, para dedicarse a la cosa pública, deberían hacer algún cursillo de ética y moral, y de gestión. Siempre le he discutido que no es necesario, que lo único que tiene que tener un político es “sentido común”. En el caso del concejal Doreste, estoy cambiando de opinión.

A la vista de los desaguisados que ha causado en solo 10 meses, si no le ponen veto, puede hacer que la ciudad se hunda en los 38 meses que le quedan de mandato. El alcalde tiene que actuar y defender el interés general de la ciudadanía, antes que preservar la mayoría de su gobierno municipal. Augusto Hidalgo debe recordar que, en la época del alcalde Saavedra, hubo un concejal de Hacienda que ocasionó varios desastres internos y tuvo que abandonar su acta. En el caso que hoy nos ocupa, igual se soluciona con un cambio de área. La ciudad se lo agradecería.