Consejo gafado

El fallecimiento -la pasada semana- de otro de los miembros del Consejo de Administración del Ente Público RadioTelevisión Canaria, el alcalde Marcos Brito, coloca a este organismo en una situación completamente imposible. De los ocho miembros que lo integraban en un principio, han fallecido dos –el socialista González Chaparro y el nacionalista Brito (que había anunciado su renuncia del Consejo, pero no la había hecho efectiva)- y han dimitido otros tres: el alcalde Bermúdez, por considerar el Consejo poco compatible con la alcaldía chicharrera, el socialista Manuel González, por incompatibilidad formal con sus funciones actuales en el Gobierno regional, y Miguel Guerra, que fue elegido como representante por Coalición Canaria, pasó a Nueva Canarias y –después de ser durante varios años el mayor crítico de Willy García dentro del Consejo- acabó por tirar la toalla, supongo que para evitar morir de melancolía, que es el estado que produce el esfuerzo inútil. Quedan los dos representantes del PP –Larry Álvarez y Joaquín Ucelay y un solitario representante de Coalición Canaria, el conejero Honorio García-.

El consejo carece, pues, de quorum para que sus reuniones sean válidas, y ni siquiera el intento de Willy de considerarse a sí mismo parte de ese quorum, intento desmontado fulminantemente por los tribunales, puede aportarle hoy ningún tipo de funcionalidad. Así las cosas, la única opción posible es renovarlo y acabar con la indecencia que supone que los 38 millones de euros que nos cuesta cada año la tele a todos los canarios, se gasten sin control alguno por un señor que tiene -entre otras- la extraña costumbre de contratar programas multimillonarios que luego no se emiten.

El problema para esa renovación imposible es que –mientras no se apruebe la nueva Ley de Televisión Canaria- debe producirse de acuerdo con la actual normativa que establece que el Consejo debe renovarse con un apoyo de tres quintos del Parlamento, algo que hoy es inviable. Cuando se estableció ese formato se buscaba forzar un consenso, suponiendo que sus señorías no utilizarían el procedimiento como sistema de bloqueo. Y ha ocurrido –como en tantas votaciones similares en el Congreso- que el consenso obligado ha dado pasado a un bloque elegido. Habrá pues que esperar a la aprobación de la nueva Ley, prevista para finales de este año. Parece que Fernando Clavijo, nuevo mandamás coalicionero, quiere sacar a Willy de la tele antes de la campaña electoral, pero es poco probable que el Gobierno promueva la renovación del Consejo y el director general al final de la legislatura, a pesar de que el PSOE se comprometió a hacerlo.

Tenemos Willy aún para unos meses. La ventaja es que el que lo sustituya después dependerá de un Consejo muy distinto. Y podrá levantar las alfombras y pasar la lupa por todos esos contratos.