Lo que nos cuestan los diputados regionales por Alfonso Soriano

A la numerosa nómina de diputados regionales que hay en España hay que añadir las no menos extensas plantillas de funcionarios al servicio de las Cámaras legislativas y una nutrida nómina de “colocados” por los partidos políticos, que incluye al llamado personal de confianza, asesores de todo tipo y los servicios de comunicación de los grupos parlamentarios. Y si a esto se añaden los ostentosos gastos en decoración de despachos e instalaciones, los costes de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía ?la factura global entre todos los parlamentos regionales es de muchos millones de euros-, coches oficiales, gastos de representación, así como viajes, dietas? etc., se comprenderá que este desorbitado gasto no hay economía que pueda soportarlo.

El Parlamento de Canarias, que comenzó solo con la sede de la antigua Diputación, se fue expansionando continuamente. A los edificios añadidos que dan a la calle del Castillo ?cuya expropiación además se hizo defectuosamente por lo que tuvo un coste superior al previsto- hay que añadir la incomprensible compra del antiguo edificio de la Telefónica, aún sin utilizar, y que se pretendía unir al edificio principal a través de un pasadizo subterráneo en la calle de Teobaldo Power, por completo innecesario y que motivó en su día la airada queja de varios concejales en la Comisión de Urbanismo municipal. Y en plena crisis, el Parlamento de Canarias, en esta nueva legislatura que comenzó tras las elecciones de mayo de 2011, contrató por unos 70.000 euros las “obras de remodelación de tabiquería” para “reubicar a los grupos parlamentarios”.

Pero con ser todo esto muy grave, lo peor, porque atenta a los cimientos de la propia Democracia, es que los diputados canarios se niegan a que sus retribuciones se hagan públicas ?a diferencia de lo que ocurre con diputados a Cortes y Senadores- dando como pretexto que de conocerse sus cuantías podría afectar a la seguridad de Sus Señorías, confesando así que las retribuciones son tan desmesuradas, y más en los tiempos que corremos, que los parlamentarios temen una reacción extrema de los ciudadanos que ponga en peligro su propia integridad física.

Se ha dado también la falsa excusa de que la Mesa está estudiando el asunto con tranquilidad porque no es urgente -díganselo a los más de trescientos mil parados- y se está a la espera de qué formato darle ya que la Mesa debe velar por los intereses generales (se entiende, claro, de los parlamentarios). Y en plena confusión mental, pensando bien, se dice que en tal caso deben publicarse no solo los sueldos de los políticos sino, incluso, los de todos los españoles“. Y para colmo se añade que se ha impuesto la idea de que nadie puede ganar más del sueldo mínimo, ya que si todos ganamos el sueldo mínimo, ”pues nos vamos a Cuba y ya está“.

¡Qué ganas de confundir las cosas para ocultar la verdad¡ Un sueldo público, sufragado por todos los ciudadanos, es en todos los países democráticos de conocimiento público, y nada tiene que ver con ingresos privados que entran en la esfera de la privacidad. ¡Y vaya ejemplo el de Cuba, donde los sueldos públicos contrastan con la miseria de los cubanos!

Y es notorio el grado de acuerdo entre los partidos en este asunto. Ni un solo diputado ha reaccionado, salvo don Miguel Cabrera que, como es sabido, ha renunciado a percibir cualquier clase de retribución. En esto no hay confrontación alguna entre los partidos. Esta ocultación es gravísima para los diputados del Partido Popular ya que entra en abierta contradicción con el Código ético del propio partido plasmado en la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, donde podrán ser sancionados quienes incumplan el derecho de los ciudadanos a la información completa y veraz. De manera que en cuanto entre en vigor la ley, sueldos, dietas, complementos de toda clase, subvenciones, asesores, contratos, compatibilidades autorizadas? etc. van a tener que ser conocidos por los ciudadanos.

Se explica así el desprestigio de la clase política actual, según ponen de manifiesto todas las encuestas, y la cada vez mayor abstención de los ciudadanos en los comicios electorales, como ha sucedido en las recientes elecciones andaluzas. El Partido Popular tiene que obligar a sus cargos públicos y, en especial a los parlamentarios regionales, a manifestar el total de sus retribuciones ?dietas, complementos? etc.-, sin esperar a que entre en vigor la nueva ley. Es curioso cómo a los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se nos obligó, sin argumentación alguna, a votar a favor de una cuestión tan opinable como el Plan General de Ordenación Urbana (guardo el escrito), de lo que protesté con mi voto, y sin embargo no se obliga a los parlamentarios a hacer públicas sus retribuciones.

Mucho nos ha costado tener un Estado de Derecho y homologarnos con las democracias occidentales ?de eso sabemos algo los diputados de la Transición que alumbramos la Constitución de 1978- para que unos pocos desalmados pongan en cuestión los más elementales principios democráticos.

Alfonso Soriano