Cumbre borrascosa

Dio para muy poco la anunciada cumbre entre el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo estatal. Devaluada significativamente ya por los propios interlocutores estatales: salvo el ministro Soria, todos de nivel técnico. Y, además, convertida por la parte canaria en una representación puramente partidista de CC: el otro socio del Gobierno canario se encontraba ausente e incluso alguno de sus líderes ha señalado públicamente que la reunión fue un acto de “propaganda” del PP. Aunque pareció más una reconciliación entre viejos socios, CC y PP, y la colocación de una alfombra para futuros encuentros.

En efecto, la reunión Soria-Clavijo no fue más allá de las fotos, de las promesas y buenas intenciones; y de la más que simbólica exclusión socialista. Nada se avanzó y los compromisos adquiridos, tres millones de euros para promoción turística en 2016 (muy lejos de los 100 detraídos a las Islas por el ministerio que dirige Soria), no justifican ni salvan un encuentro cargado de sonrisas y de humo; y en la que el presidente de Canarias ejerció de maestro de ceremonias en el lanzamiento de la campaña de Soria para las próximas generales, exonerando al ministro de su trayectoria de maltrato a las Islas.

Los otros asuntos anunciados tras la fracasada cumbre no constituyen novedad alguna. Las partidas para infraestructuras eléctricas forman parte de las destinadas al global de los sistemas extrapeninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla) y fueron aprobadas por el Gobierno central en junio de 2014, con un desarrollo hasta 2020. No se trata, por tanto, de novedad alguna.

Otro tanto sucede con los más de 330 millones de euros (cofinanciados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para mejorar la conectividad en las aulas, a través de banda ancha. Se trata de un plan, para el conjunto del Estado, ya establecido mediante la firma de un convenio entre De Guindos, Soria y Wert en abril de este año, y en el que a Canarias le corresponderán unos 15 millones de euros.

Por otra parte, el anuncio de la aprobación del reglamento del Régimen Económico y Fiscal (REF) fiscal constituye el cumplimiento de una obligación del Gobierno central, no una gracia del Consejo de Ministros. Y, en lo que respecta a la aprobación de la reforma de los aspectos económicos del REF, tampoco se produjo compromiso alguno de resolverlo antes de que finalice la actual legislatura.

Gas

Eso sí, la mermada cumbre sirvió para que Soria, con la complicidad del presidente canario, diera un impulso a la introducción del gas en Canarias. Una implantación que, desde Nueva Canarias (NC), rechazamos, como expresamos en el Parlamento a lo largo de la pasada legislatura y como señalamos en el programa con el que concurrimos a los comicios del 24M.

El Ejecutivo canario no puede situarse ahora como mediador, cuando está elaborando las Directrices de Ordenación Sectorial de las Energías (DOSE), cuando Canarias tiene capacidad para diseñar su modelo energético y cuando el 71% de los canarios considera insostenible un sistema energético basado en el gas y el petróleo, según la macroencuesta del propio Ejecutivo. Y, asimismo, cuando la amplia mayoría de las fuerzas políticas que integran el Cabildo de Gran Canaria (Nueva Canarias, PSOE y Podemos) han mostrado su rechazo al gas, entendiendo que se debe apostar por las energías renovables y que el gas supondrá un frenazo al avance de las energías limpias.

Pocos días después de la presunta cumbre, el ‘talante’ del Gobierno central y su trato a Canarias volvía a confirmarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las peticiones canarias fueron, una vez más, completamente desoídas, recibiendo su Ejecutivo un nuevo portazo. Se mantiene el mismo techo de gasto (1,8%) y la misma capacidad de déficit (0,3% del PIB) para el conjunto de las comunidades autónomas.

Esto supondrá que apenas habrá margen de cambio. Que seguirán las políticas de austeridad y ajuste fiscal. Que no habrá presupuestos “expansivos”. Que no se incrementarán sustancialmente las partidas destinadas a los deteriorados servicios públicos. Ni se recuperará, en modo alguno, la maltrecha inversión pública de los últimos años.

Maltrato

Defendemos que es imprescindible recuperar las relaciones Canarias-Estado tras una legislatura de enfrentamiento con responsabilidades claramente compartidas. Y en las que el Gobierno central ha dado un permanente maltrato a la comunidad canaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en las distintas políticas sectoriales. Lo que algunos parecen haber olvidado.

El Gobierno canario tiene el deber de buscar el entendimiento. Pero siempre desde la defensa de los derechos e intereses de Canarias. Exigiendo un trato justo que dé respuesta a la grave situación socioeconómica de las Islas. Y ello debe verse plasmado en las cuentas públicas para 2016, tras cuatro ejercicios de castigo por parte del Ejecutivo de Rajoy.

Como mínimo, recuperando los 207 millones de euros del convenio de carreteras, para contribuir al avance de infraestructuras relevantes, generando economía y empleo. Así como la recuperación de los 42 millones del Plan Integral de Empleo, de los 40 millones de euros destinados a las infraestructuras educativas, de los 30 millones de euros para las inversiones turísticas o de los 10 millones de euros del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) adicional. Sin olvidar la mejora de las partidas para el transporte y para la desalación de aguas.

Las buenas relaciones, siempre deseables, deben acompañarse por hechos que ayuden a Canarias a salir de su situación de desempleo y pobreza. Se requieren compromisos firmes y no solo palabras. Y hasta ahora, en la reunión Soria-Clavijo y en el Consejo de Política Fiscal, solo se confirma la continuidad del maltrato a las Islas del Gobierno central; eso sí, con un Ejecutivo canario mucho menos reivindicativo y mucho más claudicante que el anterior; y que comete el grave error de responsabilizar en exclusiva a CC y PSOE de las dificultades de entendimiento con el Estado de los últimos cuatro años.