Cumplir con Canarias. Nada más, nada menos

No podemos acostumbrarnos a tener que exigir permanentemente que los gobiernos cumplan con las leyes aprobadas, sea por el Congreso de los Diputados o por el Parlamento de Canarias. No ayuda nada a la imprescindible recuperación del prestigio de la política y de la democracia que los ejecutivos, estatal o autonómico, se salten sus compromisos. Alimenta, aún más, el actual descrédito de las instituciones y el auge de los populismos extremistas. Se aleja, en fin, de la buena política, la que sirve para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas.

Esto que afirmo vale para la Ley Canaria de Educación (LCE) de 2014, cuyo articulado obliga a ir progresivamente acercándose al 5% de inversión en materia educativa con relación al PIB canario, algo sistemáticamente escamoteado por el Gobierno de Fernando Clavijo, que ni siquiera ha sido capaz de alcanzar el 4% que le reclamaba la totalidad de los grupos de la Cámara, así como plataformas, colectivos sociales y distintas instituciones de las Islas. En nuestra actividad parlamentaria, y en nuestras enmiendas a los presupuestos de Canarias, hemos insistido en la exigencia del cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, en todos sus términos.

Esa obligación de los gobiernos con las leyes es aplicable, también, de manera especial, a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, en lo que se refiere a sus obligaciones con Canarias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dilatado poco justificadamente, generando incertidumbre sobre el cumplimiento -al que se había comprometido con Canarias en el debate de la moción de censura a Mariano Rajoy- de todo lo consignado en la ley de presupuestos para 2018.

Canarias fue sistemáticamente maltratada en las cuentas públicas estatales de la última década, lo que unido a una financiación autonómica deficiente (600 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades de régimen común) contribuyó a debilitar a nuestros servicios públicos y al conjunto de nuestra economía.

176

Esta situación -especialmente visible entre 2012 y 2016- comenzó a revertirse en el proceso de debate de las cuentas públicas para el año 2017. Entonces, el lugar de desbloqueo para su aprobación que jugaba nuestro diputado Pedro Quevedo, reconocido mediáticamente como el diputado 176; obligó al Ejecutivo de Rajoy a una negociación intensa y rigurosa que abrió el camino para empezar a corregir muchas de las disfunciones previas. Pese a las grandes diferencias políticas e ideológicas, pactamos esas cuentas públicas por Canarias, por su economía y por el bienestar de su gente.

Una negociación que no se limitó sólo a las cuentas públicas estatales, sino que fue decisiva para desbloquear asuntos estratégicos tan relevantes como la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF), el nuevo Estatuto de Autonomía y la modificación del sistema electoral canario. Todos han sido resueltos favorablemente para las Islas.

De ese proceso surgió la separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica. Lo que ha significado 220 millones de euros adicionales para la comunidad canaria en 2017, más de 440 millones de euros en el actual ejercicio económico y casi 600 millones de euros en 2019.

Además conseguimos, en los PGE para 2017, el descuento del 75% en los viajes marítimos y aéreos interinsulares, ampliándose en los de 2018 a los desplazamientos de los residentes en las Islas hacia otras zonas del Estado español. Al igual que el cien por cien de bonificación en el transporte de mercancías. Se eliminó el impuesto al sol en nuestra tierra. Se recuperaron relevantes convenios y se lograron apoyos a distintos sectores económicos.

Otro tanto sucedió en las cuentas públicas para 2018, con significativos avances para Canarias en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ayudas a nuestro sector primario y partidas para el desarrollo de distintas infraestructuras (carreteras, turísticas y obras hidráulicas). Sin olvidar las educativas, en el contexto de una comunidad que continúa creciendo en población y que, según distintas estimaciones, lo seguirá haciendo en las próximas décadas.

Hemos asistido a la llamada del presidente de Canarias, al margen de nuestras profundas diferencias con los modos y maneras del Gobierno de CC y sus políticas. Discrepancias explicitadas en muchas de las leyes que se han debatido en nuestro Parlamento, y de forma nítida, en nuestras enmiendas a la totalidad a todos los presupuestos de la legislatura. Consideramos desde Nueva Canarias (NC) que estamos obligados a defender sin fisuras los intereses de Canarias y de su gente. La crítica a las políticas de CC no puede suponer, en ningún caso, el sometimiento al Gobierno central y la aceptación de ningún olvido o ninguneo a las Islas.

Hemos participado en la reunión convocada por Clavijo y dejado claro nuestras posiciones ajenas a cualquier demagogia o al enfrentamiento entre comunidades, realizadas además con informaciones no contrastadas.

Es muy posible que el Ejecutivo estatal pudiera estar intentando ajustar las cuentas públicas y rebajar, aunque sea mínimamente, el déficit frente a las exigencias europeas, más que llevando a cabo regalías a unos territorios a costa de otros. Eso sí, en ningún caso debe asumir este asunto una comunidad con tantos problemas como Canarias, que año a año se aleja de la renta per cápita media española.

Pobreza y exclusión

Hemos insistido, especialmente, en reclamar los 30 millones de euros que arrancamos en los presupuestos estatales para la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la comunidad que presenta unos parámetros muy negativos en este ámbito, con un 40% de la población situada en riesgo de pobreza. Así como en demandar los ocho millones de euros de apoyo al agua de riego agrícola, destinados a mejorar la competitividad de nuestro sector primario.

Hemos exigido, una vez más, que el Gobierno de España cumpla con lo estipulado con Canarias en los Presupuestos Generales del Estado para este año que acaba, y que articule las fórmulas para corregir los asuntos que ha sido incapaz de resolver antes de finalizar 2018. Seguiremos haciéndolo en los más diversos foros, y buscando el mayor grado de unidad posible de la sociedad canaria en defensa de esas justas exigencias, porque entendemos que Canarias no puede permitirse el regreso del olvido y del maltrato.

Continuaremos reivindicando, si finalmente hay presupuestos estatales para 2019, que Canarias reciba un justo trato en los mismos. Una demanda permanente. Sea quien sea el que esté al frente del Gobierno español. Sea quien sea quien gobierne en Canarias.