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El decreto del plátano y el cardenal Mazarino

Un agricultor canario transporta una piña de plátanos.
27 de diciembre de 2024 10:30 h

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Jules Raymond Mazarin, más conocido como el cardenal Mazarino, fue un diplomático, cardenal y político italiano, primero al servicio del Papa y más tarde al de los reyes de Francia Luis XIII y Luis XIV, además de sucesor del cardenal Richelieu como ministro principal de Francia.

Mazarino, entre otras cosas, pasó a la historia por practicar una política de promesas y retrasos calculados. Por ejemplo, en la insurrección armada de Ardèche y para mantener desarmados a los hugonotes, los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión, les hizo creer, nada más y nada menos que durante seis años, que estaban en vísperas de recuperar las protecciones del Edicto de Nantes, firmado en abril de 1598 por el rey Enrique IV de Francia y que autorizaba la libertad de conciencia y de culto a los calvinistas. Al final, los protestantes no obtuvieron nada de nada.

A los plataneros tradicionales de Canarias nos está pasando lo mismo que a los calvinistas con Mazarino. Pero, en nuestro caso, con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias y en el asunto de la aprobación del nuevo decreto que debe regular la asignación de las cantidades de referencia a los productores de plátano.

Don Alejandro Narvay Quintero Castañeda ha optado por practicar el arte de la dilación y la apariencia en estado puro, antes de aceptar su responsabilidad y tomar una decisión al respecto. Lleva anunciando la aprobación del mentado decreto desde diciembre de 2023.

Se ha reunido, en múltiples ocasiones, con las OPA y las OPP, por separado en unas ocasiones, juntas en otras y con Asprocan, citas en las que se han propuesto medidas para hacer un nuevo reparto de los 141,1 millones de euros en ayudas del programa Posei de la Unión Europea (UE) y sobre cómo implantar otras acciones para controlar la oferta de esta fruta y su continuo y desmesurado crecimiento en los últimos años. Todo ello en busca de proteger los precios que percibe el agricultor y de garantizar la viabilidad de las explotaciones tradicionales de Canarias, amenazadas por un largo periodo, nunca visto, de sobreoferta, malos precios y excesiva retirada de fruta del mercado.

El 26 de julio pasado, todos los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias aprobaron por unanimidad una proposición no de ley (PNL) donde se instaba al Gobierno de Canarias a la modificación de la regulación actual sobre la ayuda al plátano de la UE, la todavía hoy vigente. Fue un hecho histórico por el gran consenso logrado, pocas veces antes visto, acerca de los cambios que son necesarios introducir en el cultivo más importante de Canarias.

Del 20 de septiembre al 11 de octubre, mediante la publicación del borrador de decreto en el BOC, en procedimiento de exposición pública, se abre la posibilidad de participación ciudadana y de enviar iniciativas y aportaciones a ese proyecto de norma. Las alegaciones presentadas fueron favorables al texto expuesto, ampliamente apoyado, por más del 80% de las respuestas recibidas.

Ese procedimiento contó con una gran participación y amplio apoyo, pero parece ser que ello no fue suficiente para que el señor consejero abandone su actitud timorata y su estrategia de dilación. Nunca jamás ningún consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias había tenido tan amplios y claros apoyos en el sector platanero para modificar su regulación.

El pasado 3 de diciembre la Consejería saca una nota de prensa indicando que el Gobierno avanza en la tramitación del proyecto y tiene prevista su aprobación entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 “sin modificaciones sustanciales” sobre el texto aprobado por el Parlamento de Canarias en la PNL.

Una vez más otra patada hacia adelante, otro retraso, donde el consejero falta a la palabra dada en las últimas reuniones del pasado mes de noviembre con Cooperativas, OPA, OPP y ASPROCAN donde había dicho que diciembre de 2024 era la fecha de aprobación. 

En las últimas reuniones, ha expresado diferentes opiniones en función de quién sea su interlocutor. O cuenta una parte o la totalidad de sus intenciones, dependiendo de a quien tenga enfrente o con quien se reúna.

Y ahora mismo el comportamiento del señor Quintero Castañeda comienza a interpretarse por algunos actores del sector más como el de una persona cínica y mentirosa que como el de alguien indeciso.

Una de las modificaciones que quiere introducir en el proyecto de decreto es la de excepcionar la cantidad máxima de referencia a los productores de menos de cierta superficie. Se habla de una hectárea o más.

Esa decisión es un sinsentido con el que busca salvarse políticamente de la crítica de algunos dirigentes de Coalición Canaria en La Palma, arrastrados por la visión cortoplacista de parte de un grupo muy minoritario de productores que confunden la finalidad de la ayuda Posei.

La ayuda Posei no es a la producción, sino que está destinada al mantenimiento de la renta de toda la base social platanera. La excepción propuesta es, además, arbitraria. ¿Por qué ha de ser una hectárea y no dos o media? ¿Cuál es el criterio objetivo por el que se toma esa superficie?

De aplicarse, se favorece a los productores con fincas en primeras zonas o con producciones intensivas frente a los agricultores que, con la misma superficie, tienen sus explotaciones situadas en lugares menos favorecidos para el cultivo, incapaces de llegar a la productividad de los primeros.

Además, si fuese necesario aplicar un prorrateo en la distribución de la ficha financiera porque se superasen las 420.000 toneladas por año con derecho a la ayuda de la UE, ¿se les aplicaría la reducción con la misma intensidad a todos los productores, pero saliendo beneficiados los excepcionados? Ellos no tendrían el mismo límite de producción por hectárea que el resto. Un disparate.

Claramente, es una medida arbitraria e injusta según los criterios de reparto de la ayuda. Y afecta también, negativamente, a los productores palmeros de aquellos sitios donde no se pueda llegar a las productividades de las buenas zonas a las que se pretende exceptuar.

Después de un año de debate, las posturas se mantienen entre quienes estamos a favor y los que no quieren la modificación normativa. Estos últimos niegan la crisis estructural del plátano, y no han hecho ni una sola aportación en aras de solucionar el problema existente, salvo solicitar el aumento de la ficha financiera a Europa, en lo que todos estamos de acuerdo dado el crecimiento de los costes de producción en los últimos años y además porque nunca se ha revisado la dotación de la actual aportación comunitaria. Pero ya veremos qué ocurre. Resultan poco esperanzadoras las noticias recibidas desde la UE sobre posibles incrementos del gasto en el presupuesto.

Aquellos que están en contra no quieren cambiar ni una coma en la regulación platanera de Canarias. No ven ningún problema en que en los últimos 24 meses solo hayamos tenido tres con precios buenos, capaces de cubrir costes.

El consejero en su nota de prensa afirma que las plantaciones nuevas posteriores a agosto de 2024 no percibirán ayuda. Yo dudo de esa afirmación. El principio de seguridad jurídica va a impedir aplicar a esas fincas la norma con efecto retroactivo. Si el Decreto finalmente se aprueba ya es con fecha posterior. Es seguro que los propietarios de esas nuevas plantaciones ya se habrán encargado de inscribirlas debidamente y, si los dejan sin subvención, basarán los recursos judiciales que interpongan en la fecha de aprobación.

Y sobre esto último, hay que decir que los contrarios lo tienen claro porque ahora centran su estrategia y sus esfuerzos en que en la norma no se amplíe el periodo de cálculo del histórico. Y si se pasa a tres años, están presionando para bajar el peso al histórico consolidado del 50% al 40%. En varias ocasiones anteriores la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la UE expresaron su negativa a disminuir el peso del histórico consolidado. Ambas instituciones también consideran que es una ayuda para compensar la renta de los productores, no para incentivar la producción.

Por ahí va la estrategia de los opositores respecto a las modificaciones que se pretenden imponer en el nuevo texto y que para mí sí son muy significativas, ya que vacía de contenido y de efectos prácticos a la norma. Seguiríamos igual.

Se vuelve a intentar desviar el foco de lo importante del debate, lo central, lo mollar: tratar de poner las bases que permitan corregir los desequilibrios en precio y en volumen de nuestro mercado y poder garantizar la supervivencia de las explotaciones tradicionales de plátano en Canarias.

Señor consejero, lleve a Gobierno el decreto para su aprobación definitiva. Le pido que sea valiente y proponga el texto presentado a exposición pública, que cuenta con el respaldo mayoritario del sector

Tome una decisión y acabe ya con esta situación. Se ha alargado demasiado y comienza a ser incómoda para todos.

Los agricultores plataneros, propietarios y medianeros, necesitan certezas, saber qué medidas se van a tomar y cuándo: si existen esperanzas para mejorar la viabilidad de sus fincas y la rentabilidad de su actividad, o si no las hay. También porque han de tomar decisiones, y a muchos no les va a interesar seguir o aguantar si no ven una luz al final del túnel. Son muchas las explotaciones que han acumulado pérdidas durante dos años seguidos.

Los agricultores tradicionales canarios tendremos la oportunidad de valorar su decisión, la del Gobierno y las posturas que han mantenido todos los actores participantes en este asunto.

A Mazarino le dio muy buenos resultados su estrategia, con un desmesurado enriquecimiento en menos de diez años (1652-1661), que se calculó como la mayor fortuna privada de la época.

Sinceramente, no creo que la táctica planteada por el señor consejero y, por ende, la del Gobierno de Canarias en este asunto del decreto del plátano, conduzca a la obtención de algún rédito, económico, seguro que no, y político, también lo dudo.

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