La disparatada propuesta del Cabildo de Tenerife: un circuito para coches y una línea ferroviaria

La isla de Tenerife carece de una infraestructura suficiente para el tratamiento de las aguas residuales, la sanidad está en el furgón de cola, los centros de enseñanza necesitan urgentes mejoras, las canteras ilegales y las machacadoras están destrozando el territorio, la salud pública puesta en peligro por una piscifactoria inexplicable e inexplicada, la proliferación de especies exóticas está transformando el paisaje vegetal, la gestión de los espacios naturales es nefasta, no se afrontan los problemas creados por el crecimiento del sector turístico, etcétera, etcétera. Y, ante esta situación, el Cabildo ha decidido que lo prioritario es invertir en un proyecto para hacer un tren y un circuito de carreras de vehículos a motor en el sur de la isla. Increíble, pero cierto.

En una recientes declaraciones, su presidente afirmaba que no hay que poner límites al crecimiento, demostrando con ello su ignorancia hasta de las leyes de la física, pues ningún crecimiento exponencial, y mucho menos los económicos, son sostenibles en el tiempo. Por eso, hay que poner límites al número de visitantes que acceden la Rambleta con el teleférico, a las capturas de pesca o al número de turistas que puede recibir la isla para que no colapsen su patrimonio natural y sus infraestructuras públicas. Por ejemplo, la red de saneamiento, cuando existe, no es capaz de hacer frente al aumento del caudal a tratar y se vierten aguas sin depurar hasta en las playas más emblemáticas, como ocurre en El Médano o Las Américas. La razón de este modelo económico es evidente, basta preguntarnos a quién beneficia, quienes son los que ganan apostando por esta vía. La respuesta es clara: los especuladores (no los empresarios) y los políticos que han hecho del servicio público una profesión de rápido ascenso social y económico.

Una mirada al pasado más reciente lo explica: basta recordar el caso de Antonio Plasencia, el expresidente de los empresarios de la construcción y condenado por delito ambiental por sus canteras ilegales en Güímar. La explotación minera le permitió aumentar de manera muy considerable su fortuna, algo que fue posible porque durante todos estos años contó con el silencio cómplice de los responsables del cabildo. El presidente en aquellos años, Ricardo Melchior, un ingeniero jubilado, recibió como premio a su inhibición -a pesar de que ya ha sobrepasado la edad de la jubilación obligatoria- el chollo de presidir la Autoridad Portuaria de la provincia. Fue el cabildo el que permitió que el puerto se hiciera sin contar con ninguna previsión para el aprovisionamiento de áridos, no hay canteras legales destinadas a este fin. El resultado de la falta de planificación en este sector clave en la economía ha sido el recurso a explotaciones ilegales, camufladas muchas veces como sorribas de nuevas fincas, que están picoteando el territorio y que carecen de los certificados de calidad que exige la normativa comunitaria. Pero el cabildo sigue mirando para otro lado, comprando áridos ilegales para sus obras y sin aportar nada para solucionar el actual desabastecimiento. En su lugar, dedica el dinero a un circuito de carreras de coches.

La invasión de las costas de las isla por las cianobacterias ha servido para que la opinión pública conociera que la isla carece de un sistema de tratamiento de residuos y basuras acorde con lo que exige la normativa. Ni el gobierno de Canarias ni el cabildo de Tenerife han invertido lo suficiente para revertir esta situación. Al igual que ocurre con las canteras, prefieren mirar a otro lado e invertir el dinero público en proyectos faraónicos que benefician a determinadas grandes empresas como es el caso del tren. Este carísimo e inútil proyecto no aporta una mejora del sistema vial, compartimenta el territorio separando el litoral del interior, supone un gran atentado ecológico y paisajístico, aumentará el aislamiento de los pueblos de las medianías y, encima, tendrá que coexistir con autopistas con más carriles. Pero construirlo será un gran negocio para unos pocos y se pagarán endeudando a las actuales y a las futuras generaciones.

Tampoco hay dinero para la conservación y mejora de los espacios naturales y prefieren prefieren hacerlo en infraestructuras como la pista de las Hiedras en Anaga, no en solucionar los vertidos de aguas residuales como los de Igueste, San Andrés o Almáciga. Lo ocurrido en la piscifactoría de Aguamansa es la evidencia del desinterés de los gestores del cabildo por los asuntos generales, su falta de transparencia y sus prioridades a la hora de invertir el dinero de los ciudadanos. Esta instalación fue creada por el antiguo ICONA con la pretensión de llevar a cabo un atentado ecológico soltando truchas en las escasa escorrentías fijas que hay en la islas; descartado este disparate, la instalación no se cerró. Por el contrario ha seguido funcionando hasta hace pocos días que fue clausurada por motivos de salud pública y de la manera como hacen las cosas en el área de Medio ambiente del cabildo: cerrando el grifo y matando por asfixia a los peces. Un técnico del cabildo informó que se estaban utilizando antibióticos no aptos para el consumo humano en el tratamiento de las truchas, lo malo del caso es que esta misma agua se utilizaba también para el consumo de una parte importante de la población. ¿Porque el cabildo mantenía esa piscifactoria? ¿Cuanto costaba al erario público? ¿Quién controlaba las condiciones sanitarias y el cumplimiento de la normativa? ¿Cuánto tiempo se ha estado utilizando estos antibióticos? ¿Se tomó alguna medida para evitar que estos productos contaminaran el agua del abasto público? ¿A cuanto ascendía el dinero obtenido por la venta de las truchas?

Carlos Alonso ha dicho que solo estaría una legislatura más en el cargo, espero que no haya un nuevo periodo con ese personaje en frente de la institución insular. En caso contrario, estamos abocados al colapso y al endeudamiento de nuestra sociedad en un futuro inmediato.