Decisión en otoño

La controversia, que arreciará en el próximo otoño, tiene difícil solución: el Partido Popular se empeña en la elección directa de alcaldes, medida que podría aplicarse, de acuerdo con su propósito, en las elecciones locales de mayo del próximo año; y el Partido Socialista estima que una medida de ese calado requiere de un amplio acuerdo en materia de normativa electoral. A las otras formaciones políticas, conscientes de que hay mucho interés partidista en liza, tampoco les seduce demasiado la iniciativa popular.

A todos, incluido el propio PP, pilló el anuncio de Rajoy con el paso cambiado. Se refugió el presidente en la cacareada regeneración democrática para contextualizar la iniciativa, derivada, seguro, de malas expectativas electorales. Son conscientes los alcaldes -como lo fueron en su día los colegas socialistas- de que llevarán los cachetones del castigo de la ciudadanía a los engaños, los incumplimientos, los desvíos y los escándalos del partido gubernamental. Al presidente, con este mismo planteamiento, no le importó volver a incumplir: “Lo que no llevo en mi programa, no lo voy a hacer”, vino a decir en su momento. Aquí, además de no figurar en la oferta programática el que ocupe la alcaldía la candidatura más votada, tampoco se consignaba en la vigente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, pendiente por cierto, de una resolución del Tribunal Constitucional después de recibir los varapalos del Consejo de Estado.

Pero las formalidades parecen importar poco a los populares que tratan de recuperar apoyos ciudadanos a toda costa, incluso la de impulsar fenómenos como el de Podemos con tal de frenar la recuperación socialista, sembrar las dudas sobre la metodología de Iglesias y los suyos y seguir fragmentando el voto de la izquierda.

El caso es que a ocho meses de los comicios autonómicos y locales resulta discutible la oportunidad de la iniciativa, sobre la que se van conociendo aspectos más concretos, a la espera de disponer de un borrador o similar que contenga los hechos determinantes de una reforma de amplio calado. Si el PP se empecinara, independientemente de que, a la larga, conquiste o no los objetivos que se ha trazado, se perdería una ocasión de negociar, sin el apremio de fechas ni la torticera in tención y con un ambiente más sosegado y menos enconado, uno de los principios que, bien procesado, podría significar, cuando menos, un fundamento esencial hasta para el mejor funcionamiento de la Administración local y para recuperar el interés de los ciudadanos por la política. Un acuerdo de máximos, desde luego, proporcionaría estabilidad.

Si el PSOE, en su momento, ya abogó por una medida similar partiendo de la disposición de un respaldo electoral del 40%; y hasta no desdeñó la fórmula de la segunda vuelta para fortalecer el papel de los electores y resolver situaciones de equilibrio e incertidumbre; y si otros partidos democráticos vienen hablando de introducir mecanismos que, sin mermar la representatividad de la soberanía popular, propicien y garanticen tanto la ejecutividad de los electos como los procesos de control y fiscalización, es consecuente afrontar un marco amplio de entendimiento político interpartidario en el que desarrollar los desafíos de la nueva era local que se barrunta, entre los que cabe, precisamente, la modificación -no a la baja, desde luego- de los criterios de proporcionalidad para acceder desde las urnas a la instituciones.

Tras los escarceos, dimes y diretes, puntos de vista y posiciones fijadas en cumbres políticas individuales, se acerca la hora de la verdad. Habrá que decidir y eso significa tener visión de Estado, o sea, lo contrario del interés partidista a corto plazo.