Estatuto político para Canarias

El Parlamento ha comenzado a tramitar los trabajos de una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias enviada recientemente por el Gobierno de CC y PSOE. Lo ha hecho a destiempo y conocedor de la imposibilidad de que esta reforma fructifique a corto o medio plazo. Mientras, el presidente de ese mismo Gobierno, hace escasos días, hacía pública una propuesta de soberanía compartida con el Estado que nada tiene que ver con la primera y que, en la práctica, se convierte en una enmienda a la totalidad al texto que inicia su recorrido en la Cámara.

Contradicciones en el seno del Gobierno, del pacto y, especialmente, dentro de CC; y olvido de lo que hoy es fundamental: dedicar todos los esfuerzos a combatir la crisis económica, el desempleo, la pobreza, la exclusión social, el deterioro de los servicios públicos y la adecuada gestión de las competencias territoriales, urbanísticas y medioambientales.

Considero que las dos propuestas han sido planteadas desde la total ausencia de debate, sin apoyo social, sin el menor consenso y sin la intención de cambiar, de verdad, el status canario para ampliar competencias y hacer más fuerte el autogobierno. Logro imposible con la actual debilidad política de Canarias. Con una reforma que no fructificará con la actual mayoría parlamentaria, conservadora y centralista, en las Cortes. O con un soberanismo sobrevenido y planteado en el último tramo de la legislatura sin el menor engarce con las preocupaciones reales de los hombres y mujeres de Canarias.

Se repiten errores del pasado con la presencia de muchos de sus protagonistas. Canarias no accedió a los estatutos de primera división en 1982, por la vía del artículo 151 de la Constitución, con mayores competencias que nos igualaban a las comunidades históricas y con un referéndum para ratificarlo. Fue así por el empecinamiento de la derecha hegemónica de entonces, la UCD, en la que se encontraban buena parte de los líderes de las AIC y de la actual CC, así como algunos dirigentes hoy ubicados en el PP. Frente a ellos se situaron el PSOE y el PCE, así como los nacionalistas de izquierda.

Pero en 2006-2007 la frustración se repitió. El Gobierno de Canarias CC-PP retiró de las Cortes Generales una reforma del Estatuto muy similar a la que ahora se plantea. Lo hizo por el temor de CC a un cambio en el sistema electoral canario y para asegurarse CC la Presidencia del Gobierno en un pacto con el PP, frente a un PSOE que había ganado claramente las elecciones en Canarias en mayo de 2007.

Partidismo

PartidismoEn aquellos momentos, el reformado Estatuto tenía todas las opciones para salir adelante, con un PSOE estatal dispuesto a aprobarlo, como lograron siete comunidades autónomas que accedieron a unos estatutos de segunda generación.

No fue culpa de Madrid ese naufragio sino del partidismo y la falta de miras de CC y el aceptado papel de comparsas de PSOE y PP, según CC los coloque en la oposición o de socios en su Gobierno.

Y ahora, casi siete años después, con nulas posibilidades de que sea aprobado, se plantea retomar la reforma de manera oportunista, a sabiendas de que está condenada al fracaso.

Mientras esto ocurre se impide que se tomen decisiones que sí se pueden hacer desde Canarias sin estar supeditadas a las Cortes Generales y a la correlación de fuerzas existente en ellas. Como la reforma del sistema electoral para modificar, al menos, sus desproporcionadas e injustas barreras, Para mejorar la vida democrática y que el Parlamento represente más fielmente la voluntad de los votantes. Debate negado por CC, PSOE y PP. De mayor gravedad resulta la posición de los socialistas impidiendo que se pudiera debatir una propuesta de reforma igual a la que ellos presentaron en la Cámara en la anterior legislatura.

Estado plurinacional

Estado plurinacionalDesde Nueva Canarias hemos defendido más y mejor autogobierno. Denunciamos que desde el Ejecutivo se lleve a cabo una mala gestión de las competencias que Canarias tiene en asuntos tan vitales para la ciudadanía como la sanidad, las energías renovables, la aplicación de la ley de la dependencia o la atención a las personas víctimas de la pobreza o en exclusión social.

Desde el nacionalismo de izquierdas hemos apostado siempre por la profundización en el autogobierno. Por una reforma constitucional que permita adaptar los modelos territoriales a las nuevas realidades en el marco de un estado plurinacional. Esta reforma de la Carta Magna se producirá, más temprano que tarde y, en ese momento, nuestro Archipiélago no puede volver a perder el tren, como sucedió en las dos anteriores ocasiones. Y, en ambas, por responsabilidades internas, no por factores exógenos.

Solo desde un planteamiento que sea debatido y asumido por la sociedad canaria, desde un Estatuto elaborado sin límites predeterminados y que responda a las necesidades de esta etapa histórica, con el máximo nivel de consenso, con una amplia implicación ciudadana, con liderazgo de su Gobierno y Parlamento y con refrendo del texto por el pueblo canario, se podrán evitar los errores del pasado y podremos aspirar a las máximas cotas de gobierno propio. Y para alcanzar ese objetivo poco ayudan la extemporánea reforma del Estatuto de PSOE y CC o el unilateral planteamiento soberanista del presidente del Ejecutivo.